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España, liberada del adoctrinamiento de Educación para la Ciudadanía

Celebramos como todos los españoles que los estudiantes españoles ya no serán adoctrinados en las escuelas por la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Desde este espacio hemos rabajado para que nuestros alumnos tuvieran recursos suficientes con los que poder contrastar la información sectaria que recibieron durante años en sus colegios.

Sabemos que los implicados en esta forma de adoctrinamiento que en España se llamó Educación para la Ciudadanía no han estado de acuerdo con que sean las familas las que eduquen a sus hijos, con que exista libertad de enseñanza y de cátedra, etc… No están satisfechos con que en España se pueda hacer uso de la inteligencia y la libertad para cuestionar sus doctrinarias tesis obligadas por Educación para la Ciudadanía acerca de la igualdad de género, las bondades del iguatilarismo decimonónico, los postulados de la utraizquierda radical o los dictados del lobby gay.

Educación para la Ciudadanía debe renacer en España pero bajo el signo de la libertad, el respeto y la tolerancia. Nunca más bajo la opresión obligatoria y doctrinaria a los estudiantes, a los padres, a los profesores y a la sociedad.

Y seguiremos ofreciendo materiales alternatvos para todos aquellos hombres libres que deciden educar a sus hijos como ellos quieren y no como el Estado desea.

Por último agradecemos a todos los estudiantes, padres y profesores el uso que han hecho de los materiales aquí servidos para que Educación para la Ciudadanía fuera el espacio de libertad que el gobierno correspondiente no quiso que fuera.

 

 

Madrid, a la cabeza de la libertad en Educación para la Ciudadanía

Las noticias de la Comunidad de Madrid en relación a Educación para la Ciudadanía vuelven a demostrar que esta Comunidad Autónoma se ha tomado muy en serio la libertad de los alumnos, padres y profesores en relación a este asunto y va a impedir cualquier posible adoctrinamiento gubernamental. A día de hoy es la Comunidad donde más y mejor se respetan los derechos de todos: podrán cursarla los que lo deseen, podrán objetar los que lo deseen, podrá ir quien quiera a clase, se impartirá como cada profesor y centro educativo decida… En definitiva, parece que se va a respetar a todos. 

A continuación extractamos el texto de la noticia relativa a Educación para la Ciudadanía de hoy en la Comunidad de Madrid, con unas declaraciones de su Presidenta, Esperanza Aguirre:

MADRID (EFE).- La consejera de Educación, Lucía Figar, ha dicho que los niños madrileños cuyas familias objeten a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) harán trabajos relacionados con el currículo de la Comunidad de Madrid o tareas concretas de voluntariado dentro del centro educativo.

Figar, que acompañaba a la presidenta madrileña Esperanza Aguirre en la inauguración de una escuela infantil en el PAU de Vallecas, ha señalado a preguntas de los periodistas que “lo primero será garantizar la adecuada atención educativa de los alumnos que no cursen la asignatura”.

Después, ha explicado, y mientras el Tribunal Supremo dicta una sentencia definitiva al respecto, la Comunidad de Madrid irá aplicando la doctrina de otros Tribunales Superiores de Justicia que han reconocido que la EpC lesiona derechos fundamentales de las familias, como el de La Rioja.

“Haremos la lectura más favorable para las familias”, ha señalado Figar.

Detalló que los niños de Madrid que no cursen la asignatura dedicarán las horas del temario a realizar “trabajos que determine cada centro educativo sobre asuntos que tengan que ver con el currículo de la Comunidad de Madrid, como pueda ser la Constitución o los Derechos fundamentales, o podrán realizar también tareas concretas de voluntariado dentro del centro educativo”.

“El asunto de realizar trabajos que tengan que ver con el temario no es nuevo”, ha resaltado Figar, quien ha recordado que esto se hace en comunidades como Andalucía para amparar a los padres que han sido respaldados por los tribunales.

Este año, la asignatura comenzará a impartirse en Madrid en segundo y cuarto de la ESO.

La consejera madrileña ha señalado asimismo que la Comunidad se pondrá en contacto individualmente con cada familia que haya objetado a las que se mandará una carta con instrucciones sobre lo que deben hacer.

Esperanza Aguirre apuntó al respecto su opinión de que la asignatura y “algunos manuales que se han publicado” son “un intento de adoctrinamiento que tiene que ver con la voluntad de que los niños piensen igual sobre determinadas cuestiones”.

“Nosotros entendemos que la formación moral se la tiene que dar a cada niño su familia, y eso es lo que dice la Constitución: que los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que les quieren dar a sus hijos, y por eso, aunque en Madrid no va a haber problema, entendemos que haya padres que objeten a que sus hijos reciban principios morales o éticos que se aparten de sus convicciones”, ha añadido.

En ese sentido, ha advertido de que su Gobierno “amparará la objeción de estos padres”, dado que hay sentencias de distintos tribunales que respaldan esta objeción.

Camisetas denunciando la manipulación de Educación para la Ciudadanía

Educación para la ciudadana camisetaAcaban de salir al mercado varios modelos de camisetas con los lemas Yo no quiero que me eduque Zapatero y Zp deja a los niños en paz. Llevarla al colegio, y más a clase de EpC será sin duda un ejercicio de libertad y respeto para todos los amantes de una Educación para la Ciudadanía auténtica, donde la imposición de los propios valores deje de acosar a los ciudadanos libres.

Pilla la camiseta si no quieres una Educación para la Ciudadanía donde tus ideas no son respetadas y donde el gobierno, los homosexuales y los cantamañanas de turno quieren hacerte pasar por su particular catecismo.   

Vocabulario políticamente correcto en Educación para la Ciudadanía

La asignatura de EpC está llena de términos políticamente correctos que pretenden esconder las realidades más vergonzantes o camuflarlas. Por eso, en este blog de recursos didácticos para EpC también tenemos que ofrecer a los alumnos la realidad como es. Utiliza las palabras adecuadas para referirte a situaciones concretas. No dejes de utilizar la palabra maricón, lesbiana, puta, adoctrinador, sociata, travelo, facha o bruja, salvo en el caso de que desees no ofender a personas concretas pero evita confundir las situaciones, presentar lo malo como bueno, ser ambiguo o dejar que los demás te impongan su lenguaje político.

Como ejercicio concreto para la clase se harán ensayos de situaciones en las que hay que usar las palabras maricón, puta, sociata, travelo y facha. Luego se buscarán las palabras correspondientes que son políticamente correctas. Por ejemplo, maricón de mierda, se cambiará por homosexual que huele mal.

Además se visualizará en clase el vídeo Hijo de Puta que ponemos a continuación y se comentará:

 

 

Participación en el centro educativo: objeción de conciencia a Educación para la ciudadanía

Como ejercicio práctico de la parte del Temario de Educación para la Ciudadanía que se refiere a Participación en el Centro Educativo puedes como alumno presentar un escrito de Objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía al director del centro educativo. Luego tienes además la posibilidad de llevar a cao una resistencia pasiva a las clases de adoctrinamiento para la ciudadanía, o un boicot planeado al profesor.

Otro ejercicio práctico de boicot de alumnos propuesto bastante exitoso es el juego de la paella. Se reparten entre los alumnos los ingredientes de la paella, unos son gambas, otros guisantes, otros pimientos, etc… y se asocia cada ingrediente a una palabra que pueda decir el profesor, por ejemplo ciudadano, o derechos. Debe haber una palabra asociada a cada ingrediente. Cuando el profesor/a pronuncia esa palabra concreta, los alumnos cuyo ingrediente coincide con esa palabra, tiran el boli al suelo y lo recogen. Cuando el profesor pronuncia la palabra Educacion para la ciudadanía estamos ante una paella completa, todos los alumnos tiran a al vez el boli al suelo y lo recogen. Es muy divertido, también para el profesor que lleva esta asignatura de Educación para la Ciudadanía con buen humos. En cualquier caso, una vez hechas dos paellas, no coniviene abusar y habrá que dejarlo para otro día porque de otra forma el profesor puede enfadarse con razón.

Aunque todavía no ha empezado la asignatura de Educación para la Ciudadanía en muchas Comunidades Autónomas el número de objetores de conciencia a EpC en abril de 2008 ya es de 30.000. En el momento en que desembarquen los objetores en las nuevas comunidades donde se impartirá la asignatra el curso próximo el número de padres y aumnos que hacen caso omiso de la asignatura podrá crecer mucho más.

En la Comunidad de Madrid, donde la objeción es admitida y deseada por las mismas autoridades, ya existe una nueva plataforma para canalizar los derechos de los padres y alumnos Objetores a Educación para la Ciudadanía bajo el nombre Padres en acción. Contacta con ellos si piensas objetar y estás en Madrid.

Y aquí dejamos un vídeo sobre el adoctrinamiento de Educación para la Ciudadanía realizado por Profesionales por la Etica:

 

Ejemplo de respeto a las propias convicciones en Educación para la Ciudadanía

El Ministerio de Educación (MEC) cree que con Educación para la Ciudadanía puede imponer los valores que quiera, despreciando en muchos casos los verdaderos valores personales, o instigando a la sociedad a pensar como ellos quieren. Pero los valores, claro, son los valores.

Afortunadamente la realidad es justo la contraria en muchos casos. Aquí tienes un buen ejemplo: el gobierno promulga la ley que equipara las uniones de personas del mismo sexo (maricones y lesbianas en el lenguaje políticamente incorrecto que desean desterrar), y al día siguiente ya existe un grupo musical que arrasa cuyo principal tema es Maricones, no gracias. El grupo es gallego y se llama Superputa. Todo un éxito, claro.  El video siguiente presenta un unplugged en directo de Superputa y su canción Maricones, no gracias. En el segundo vídeo verás un reportaje de este duo de estudiantes de Educación para la Ciudadanía. Un buen ejemplo de pluralismo y de respeto a las ideas y valores propios.

Directo de Superputa con su canción Maricones, no gracias

 

reportaje sobre el grupo Superputa:

 

 

Educación para la ciudadanía de verdad

Mira con atención el siguiente vídeo de Cruz y Raya sobre Educación para la Ciudadanía. Además de disfrutar con la asignatura de Educación para la Ciudadanía, luego responde a las preguntas que se plantean:

Preguntas:

1. ¿Hay relación entre la buena educación y la Educación para la Ciudadanía?

2. La Educación para la Ciudadanía pretende ser neutral o incluso beligerante con determinados comportamientos morales. ¿Ser mejor cristiano es ser mejor ciudadano?

3. ¿Sirve para algo la Educación para la Ciudadanía en tu día a día?

 

Primera sentencia de un Tribunal Superior de Justicia contra el adoctrinamiento de Educación para la Ciudadanía

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obligará por sentencia a cambiar las partes del temario de Educación para la Ciudadanía que suponen una intromisión del Estado y un adoctrinamiento claro. La CECE comenta este suceso.

OPINIÓN DE CECE A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA SOBRE LA ASIGNATURA DE

“EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA”

Desde CECE hemos recibido con enorme satisfacción tan importante Sentencia, la primera que entra al fondo del problema de los contenidos de esta asignatura.

La postura de nuestra organización siempre ha sido contraria a la existencia de una materia que entra de lleno en la formación moral de los alumnos, como ahora viene a declarar el Tribunal.

Lamentamos que la Consejería de Educación haya hecho un análisis tan ligero y elemental sobre la Sentencia, diciendo que no tiene importancia y que se limita a eliminar unas líneas de todo el curriculo.

O no la han leído bien, o no terminan de entender los derechos que asisten a los individuos en un Estado de Derecho, ya que siguen cerrando tozudamente los ojos a lo que una y otra vez le dicen los tribunales.

La Sentencia es de una enorme profundidad; tan importante es el resultado final de lo que se anula en los textos de la Administración, como sobre todo los fundamentos alegados por el Tribunal, que deberían inspirar la actuación de dicha Administración en toda su normativa.

Nos parece especialmente importante el análisis exhaustivo que hace de los Reales Decretos, para llegar a la conclusión de que, efectivamente, tanto esos Reales Decretos como los Decretos Andaluces

 

 

 

han transgredido el principio de neutralidad ideológica del Estado.

 

La conclusión de este análisis es clara y demoledora cuando literalmente dice que ” se

 

 

violenta la libertad ideológica y religiosa de las personas y el mismo principio del pluralismo político constituido como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico (ex art. 1.1 y 16 de la C.E.). (pág. 30, fundamento DECIMO). 

Como hemos defendido desde CECE respecto a la

 

 

Ideología de Género”, el Tribunal entra también en su Sentencia a declarar que la “ideología de género” es

un postulado ideológico libre o no de ser asumido, del que el Estado no puede hacer un posicionamiento partidista, haciendo ver que de esta ideología particular está impregnada tanto la asignatura de Educación para la Ciudadanía, como otras asignaturas implantadas en Andalucía.

 

CECE tiene recurrida otras normas de la Consejería de Educación por estar impregnada de esta ideología, algo en lo que el TSJA nos da ahora la razón. También refuerza la postura que, sin ser muchas veces emprendida, hemos defendido, sobre la

 

 

imposibilidad de adaptar la asignatura al Ideario

de los centros, sin transgredir con ello la legislación vigente. Prueba de ello ha sido el enfrentamiento con la Administración que han tenido los colegios del CEU con el Gobierno Catalán.

 

El Tribunal aclara la imposibilidad de hacer esto cuando dice literalmente:

 

 

” Por consiguiente, no se puede afirmar que por acudir sus hijos a un centro de ideario católico ya no hay lesión; sería tanto como decir que la normativa impugnada no es vinculante. Dicho de otro modo, si la asignatura estuviese adaptada al ideario o proyecto educativo de los centros a los que acuden, lo sería en la medida en que no desarrolla ni completa el currículo, porque cuando el art. 6.4 y 120 de la L.O.E. se expresan en los términos en que lo hacen es porque se presupone ese respeto a la neutralidad ideológica de los poderes públicos (pág. 34)

Estamos pues ante una Sentencia que entra al fondo del problema de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, pero también de lo que está ocurriendo en otras materias desarrolladas por la Consejería de Educación en Andalucía, en las que se viene produciendo una intromisión de la administración en la formación moral del alumnado, como hemos enunciado en numerosas ocasiones desde la CECE.

Sería una frivolidad y un abuso quedarse en las afirmaciones que se han hecho desde la Consejería de Educación, y no aceptar un fallo judicial que es muy profundo en sus fundamentos y que debe ser de obligado cumplimiento para la Administración Pública en todo su desarrollo normativo. De no hacerlo así, estarían incumpliendo un fallo judicial, y provocando que – en lugar de resolver este problema de forma pacífica- se siga convirtiendo en una batalla judicial.

 

 

 

No es en absoluto razonable esta postura en una Administración que debería velar por los derechos de los administrados.

Rafael Caamaño Aramburu

Secretario General

Sevilla, 1 de mayo de 2008

 

 

 

Clasificación de los colegios según su respeto a los padres y alumnos objetores

La posición de los colegios con respecto a la asignatura de Educación para la ciudadanía debe ser conocida. A continuación se muestra la situación del ranking de colegios de España en relación a su posición en la asignatura de Educación para la ciudadanía.

Los datos con los que se ha confeccionado el ranking de colegios se va actualizando pero este es su estado a fecha de 21 de abril de 2008. La clasificación se hace con la información que facilitan ellos mismos y los padres objetores de Educación para la ciudadanía. Los colegios y objetores pueden dirigirse a jocarmube@hotmail.com en relación a la clasificación que se realiza para añadir información o matizar la que existe.

El Ranking de colegios frente a Educación para la ciudadanía a 18.04.2008 

  • En verde: colegios que facilitan o promueven la objeción de conciencia contra Educación para la ciudadanía.
  • En amarillo: los centros que no ponen trabas a los objetores pero tampoco desean facilitar la objeción.
  • En rojo: centros colaboracionstas de Estado que pretenden impedir el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia a Educación para la ciudadanía.
  •  

     

    Verde: … 119

    1. Colegio Highlands, Montequinto, Sevilla
    2. Colegio Religiosas Hijas de Cristo Rey, Las Rozas, Madrid
    3. Colegio Santa María de las Rozas, Las Rozas, Madrid
    4. Colegio-Seminario de Rozas, Rozas de Puerto Real, Madrid
    5. Colegio Juan Ramón Jiménez, Cieza, Murcia
    6. Colegio Monte Tabor, Pozuelo de Alarcón, Madrid
    7. Colegio Hispano Irlandés, Pozuelo de Alarcón, Madrid
    8. Colegio Nelva, Murcia
    9. Colegio Santa Mª de la Asunción, Madrid
    10. Colegio Senara, Madrid
    11. Centro Educativo Fuenllana, Alcorcón, Madrid
    12. Colegio Santo Domingo de Silos, Valle de los caídos, Madrid
    13. Colegio Ntra. Sra. de Las Delicias, Madrid
    14. Colegio Besana, Madrid
    15. Colegio Mater Salvatoris, Madrid
    16. Colegio Nuestra Señora de los Infantes, Toledo
    17. CEIP Santa Teresa, Toledo
    18. CEIP Fábrica de Armas, Toledo
    19. Colegio Inmaculada, Barbastro, Huesca
    20. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Villanueva de los Infantes, C. Real
    21. CEIP Arqueólogo García Bellido, Villanueva de los Infantes, C. Real
    22. CEIP Santa María Magdalena, Chozas de Canales, Toledo
    23. Colegio Cristóbal Colón, Talavera de la Reina, Toledo
    24. Colegio Compañía de María, Talavera de la Reina, Toledo
    25. CPI Cabo da Area de Laxe, La Coruña
    26. Colegio Amor de Dios, Bullas, Murcia
    27. Colegio La Salle, Teruel
    28. Colegio Mª Inmaculada, Alfafar, Valencia
    29. Colegio de Nuestra Señora, Valdemoro, Madrid
    30. Colegio San José, Valdemoro, Madrid
    31. Colegio Highlands Los Fresnos, Boadilla del Monte, Madrid
    32. Colegio El Prado, Madrid
    33. Colegio Cervantes, Talavera de la Reina, Toledo
    34. Colegio Veracruz, Galapagar, Madrid
    35. Colegio Montealto, Mirasierra, Madrid
    36. Colegio Santo Domingo de Guzmán (La Palmita), Santa Cruz de La Palma, Isla de La Palma
    37. Colegio Regina Mundi, Granada
    38. Colegio Loreto – Abat Oliba, Barcelona
    39. Colegio Guaydil, Las Palmas de Gran Canaria
    40. Colegio Miguel de Cervantes, Cieza, Murcia
    41. Colegio Highlands, Alcobendas, Madrid
    42. Colegio Teresiano Padre Enrique de Ossó, Zaragoza
    43. El Altillo Internacional Scholl, Jerez de la Frontera, Cádiz
    44. Colegio Fontenebro, Moralzarzal, Madrid
    45. Colegio Fontenebro, Collado Villalba, Madrid
    46. Colegio Internacional Peñacorada, León
    47. Colegio Aldovea, Alcobendas, Madrid
    48. Colegio Entrepinos, Bellavista-Aljaraque, Huelva
    49. Colegio Everest, Pozuelo de Alarcón, Madrid
    50. Colegio Virgen del Bosque, Villaviciosa de Odón, Madrid
    51. Colegio Cumbres, Godella, Valencia
    52. Colegio Canigó, Barcelona
    53. Colegio Pontífice Pablo VI, Sevilla
    54. Colegio Los Olmos, Madrid
    55. Colegio Sagrado Corazón de Jesús – Salesianas, Madrid
    56. Colegio Tabladilla, Sevilla
    57. Colegio Los Robles, Pruvia – Llanera, Asturias
    58. Colegio Peñamayor, Siero, Asturias
    59. Colegio Torrevelo, Mogro, Cantabria
    60. Colegio Montecastelo, Vigo
    61. Colegio Santo Tomás, Ciudad Real
    62. Colegio Torrenova, Betxí, Castellón
    63. Colegio Sagrados Corazones – Agustinas, Talavera de la Reina, Toledo
    64. Colegio Monteagudo, Murcia
    65. Colegio Peñalabra, Mogro, Cantabria
    66. Colegio Aldeafuente, Alcobendas, Madrid
    67. Bachillerato Fomento Fundación, Madrid
    68. Colegio Las Tablas Valverde, Madrid
    69. Colegio Cardenal Spínola, Barcelona
    70. Colegio Entreolivos, Dos Hermanas, Sevilla
    71. Colegio Ahlzahir, Córdoba
    72. Colegio El Encinar, Córdoba
    73. Colegio Montearagón, Zaragoza
    74. Colegio Sansueña, Zaragoza
    75. Colegio Montespiño, La Coruña
    76. Colegio Peñarredonda, La Coruña
    77. Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, Illescas, Toledo
    78. Colegio Santiago el Mayor, Toledo
    79. Colegio El Redín, Pamplona, Navarra
    80. Colegio Miravalles, Cizur Menor, Navarra
    81. Colegio Pinoalbar, Simancas, Valladolid
    82. Colegio Peñalba, Simancas Valladolid
    83. Colegio Santísimo Cristo de la Sangre, Torrijos, Toledo
    84. Colegio Retamar, Pozuelo de Alarcón, Madrid
    85. Colegio Aitana, Torrellano, Elche, Alicante
    86. Colegio Altozano, Alicante
    87. Colegio El Vedat, Torrent, Valencia
    88. Colegio Miralvent, Betxí – Castellón
    89. Colegio Vilavella, Valencia
    90. Colegio Internacional Campolara, Burgos
    91. Colegio Las Colinas, Real de Gandía, Valencia
    92. Colegio Tajamar, Madrid
    93. Colegio Cerrillo de Maracena, Granada
    94. Colegio Irabia, Pamplona, Navarra
    95. Colegio Virgen del Perpetuo Socorro – Montealto, Jerez de la Frontera, Cádiz
    96. Colegio CEU Jesús María, Alicante
    97. Colegio CEU San Pablo – Claudio Coello, Madrid
    98. Colegio CEU San Pablo – Montepríncipe, Madrid
    99. Colegio CEU San Pablo, Murcia
    100. Colegio CEU San Pablo, Valencia
    101. Colegio Guadalimar, Jaén
    102. Colegio Rural Agrupado La Jara, Villar del Pedroso, Cáceres
    103. Colegio Garoé, Santa Brígida, Isla de Gran Canaria
    104. IES Avenida de los Toreros, Madrid
    105. Colegio Villa de Griñón, Griñón, Madrid
    106. Colegio Orvalle, Las Rozas, Madrid
    107. Colegio Logos, Las Rozas, Madrid
    108. Colegio El Buen Pastor, Murcia
    109. CEIP Virgen de Begoña, Cartagena, Murcia
    110. Colegio Santa Mª Micaela – Adoratrices, Cartagena, Murcia
    111. Colegio San Ignacio de Loyola, Torrelodones, Madrid
    112. Colegio Internacional Kolbe, Villanueva de la Cañada, Madrid
    113. Colegio Ángel de la Guarda, Alicante
    114. Colegio Montessori, Salamanca
    115. Colegio Altair, Sevilla
    116. Colegio Ribamar, Sevilla
    117. Real Colegio Alfonso XII – Agustinos, El Escorial, Madrid
    118. Colegio Valdefuentes, Sanchinarro, Madrid
    119. Colegio Jesús María, Madrid

    Amarillo: … 162
    1. Colegio S. José de Cluny, Pozuelo de Alarcón, Madrid
    2. Colegio Reinado Corazón de Jesús, Madrid
    3. CEIP Guindalera, Madrid
    4. Colegio S. Luis de los Franceses, Pozuelo de Alarcón, Madrid
    5. CEIP Fernando de Rojas, La Puebla de Montalbán, Toledo
    6. CEIP Miguel de Cervantes, Esquivias, Toledo
    7. Colegio Nuestra Señora de Loreto, Madrid
    8. Colegio Salesiano San Francisco de Sales, Córdoba
    9. IES Alhajar, Pegalajar, Jaén
    10. IES Puerto del Rosario, Fuerteventura
    11. IES Princesa Galiana, Toledo
    12. CEIP Antonio Guerrero, Aljaraque, Huelva
    13. Colegio Samer Calasanz, Valdemoro, Madrid
    14. Colegio Marqués de Vallejo, Valdemoro, Madrid
    15. CEIP Cristo de la Salud, Valdemoro, Madrid
    16. CEIP Fray Pedro de Aguado, Valdemoro, Madrid
    17. CEIP Ntra. Sra. Del Rosario, Valdemoro, Madrid
    18. Colegio Castilla, Torrejón de Velasco, Madrid
    19. Colegio Hélicon, Valdemoro, Madrid
    20. CEIP Pedro Antonio de Alarcón, Valdemoro, Madrid
    21. IES Maestro Matías Bravo, Valdemoro, Madrid
    22. Colegio San Antonio María Claret, Sevilla
    23. Colegio La Purísima, Lucena, Córdoba
    24. CEIP El Prado, Lucena, Córdoba
    25. CEIP Antonio Machado, Lucena, Córdoba
    26. CEIP Nuestra Señora de Araceli, Lucena, Córdoba
    27. IES Juan de Arejula, Lucena, Córdoba
    28. IES Marqués de Comares, Lucena, Córdoba
    29. IES Miguel de Cervantes, Lucena, Córdoba
    30. IES Clara Campoamor, Lucena, Córdoba
    31. Colegio Stella Maris, Almería
    32. Colegio San José – Hijas de la Caridad, Ciudad Real
    33. Colegio Sagrado Corazón – Hijas de la Caridad, Soria
    34. Colegio Menesiano, Madrid
    35. Colegio Las Acacias, Vigo, Pontevedra
    36. Colegio Medalla Milagrosa – Hijas de la Caridad, Toledo
    37. Colegio San Juan Bautista – Hijas de la Caridad, Toledo
    38. Colegio La Inmaculada Marillac – Hijas de la Caridad, Madrid
    39. CEIP Fray Luis de León, Cuenca
    40. Colegio Salesiano Hermano Gárate, Ciudad Real
    41. Colegio Mulhacén – Grupo Attendis, Granada
    42. Colegio Bienaventurada Virgen María (Irlandesas), Castilleja de la Cuesta, Sevilla
    43. Colegio Nuestra Señora del Pilar – Marianistas, Madrid
    44. Colegio Cooperativa Espíritu Santo, Madrid
    45. CEIP Maestro Román Baillo, Valdemoro, Madrid
    46. Colegio Santa María – Maristas, Toledo
    47. CEIP El Mayorazgo, Chiclana de la Frontera, Cádiz
    48. Academia Santa Teresa, Málaga
    49. Colegio Viaró, Sant Cugat del Vallès, Barcelona
    50. CP El Enebral, Collado Villalba, Madrid
    51. CP Sor María de Jesús, Ágreda, Soria
    52. CP Ventanielles, Oviedo
    53. IES de Llano de Brujas, Murcia
    54. Colegio Isaac Peral, Ferrol, La Coruña
    55. CEIP Ciudad de Nara, Toledo
    56. Colegio Claret, Segovia
    57. Colegio Madre del Divino Pastor, Cieza, Murcia
    58. CEIP Santa Teresa, Cuenca
    59. Colegio Santa María del Pilar – Marianistas, Madrid
    60. Colegio Fray Luis de León, Madrid
    61. Colegio de las Misioneras de la Providencia, Talavera de la Reina, Toledo
    62. IES Javier de Uriarte, El Puerto de Santa María, Cádiz
    63. Colegio Cristo Rey, Ferrol, La Coruña
    64. CEIP Martín Chico, Illescas, Toledo
    65. IES Juan de Padilla, Illescas, Toledo
    66. Colegio Inmaculado Corazón de María (Portaceli), Sevilla
    67. CEIP Angel Ganivet, Sevilla
    68. Colegio San Acisclo y Santa Victoria, Córdoba
    69. Colegio Nuestra Señora de la Fuencisla, Segovia
    70. Colegio Dominicas de la Anunciata, Oviedo
    71. CP Buenavista I, Oviedo
    72. CP San José Obrero, Cieza, Murcia
    73. Colegio Antonio Buitrago, Cieza, Murcia
    74. IES Diego Tortosa, Cieza, Murcia
    75. Colegio Hijas de Cristo Rey, San Vicente de la Barquera, Cantabria
    76. Colegio Virgen de Atocha – PP Dominicos, Madrid
    77. IES Alfonso VIII, Cuenca
    78. Colegio Salesiano San Bernardo, Huesca
    79. Colegio Jesucristo Aparecido, Moratalla, Murcia
    80. Colegio San Vicente de Paúl – Hijas de la Caridad, Cartagena, Murcia
    81. CEIP San Roque, Ceutí, Murcia
    82. CEIP Pérez Molina, Ciudad Real
    83. Colegio San José, Lugo
    84. IES Los Olmos, Albacete
    85. Academia Cedes (Primaria), Albacete
    86. Colegio Compañía de María, Albacete
    87. Colegio María Inmaculada, Albacete
    88. Colegio Santo Ángel, Albacete
    89. Colegio Sagrado Corazón, Albacete
    90. Colegio Nuestra Señora del Rosario, Albacete
    91. Colegio San Cristóbal, Albacete
    92. Colegio Escuelas Pías, Albacete
    93. CEIP San Antón, Albacete
    94. CEIP Parque Sur, Albacete
    95. IES Tomás Navarro Tomás, Albacete
    96. IES Julio Rey Pastor, Albacete
    97. IES Diego de Siloé, Albacete
    98. Colegio Maria Auxiliadora – Salesianas, Torrent, Valencia
    99. CEIP José Bárcena, Talavera de la Reina, Toledo
    100. CEIP San Francisco de Asís, Lorca, Murcia
    101. Colegio Santa Cecilia – Hnas. Carmelitas, Cáceres
    102. Colegio Rosalía de Castro, Vigo, Pontevedra
    103. Colegio Calasanz, Salamanca
    104. CEIP Santa Catalina, Salamanca
    105. CEIP Rosalía de Castro, Majadahonda, Madrid
    106. Colegio San Juan Bosco, Salamanca
    107. IES Azcona, Almería
    108. Colegio Internacional J. H. Newman, Madrid
    109. Colegio Sagrado Corazón de Jesús – Hijas de la Caridad, Madrid
    110. Colegio San José, Cáceres
    111. CEIP Juan Valera, Cabra, Córdoba
    112. IES Emilio Gimeno, Calatayud, Zaragoza
    113. Colegio Santa Ana, Calatayud, Zaragoza
    114. Colegio Sagrada Familia, Salamanca
    115. Colegio San Estanislao de Kostka, Salamanca
    116. Colegio San José, Salamanca
    117. Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo, Madrid
    118. Colegio Diocesano San Ildefonso, Almería
    119. Colegio Salesiano Don Bosco, Alicante
    120. IES San Blas, Alicante
    121. Colegio Divina Pastora, Córdoba
    122. IES Antonio Calvin, Almagro (C. Real)
    123. Colegio Santo Tomás, Pamplona, Navarra
    124. Colegio Jesuitas – San Francisco Javier, Tudela, Navarra
    125. Colegio El Carmen – Hijas de la Caridad, Manises, Valencia
    126. CEIP Juan Falcó, Valdemorillo, Madrid
    127. CEIP Francisco Pizarro, Cáceres
    128. IES Ágora, Cáceres
    129. Colegio Internacional San Jorge, Malpartida de Cáceres, Cáceres
    130. Colegio Licenciados Reunidos, Cáceres
    131. Colegio San Antonio de Padua, Cáceres
    132. Colegio Nuestra Señora de la Asunción, Cáceres
    133. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Cáceres
    134. CEIP Gómez Manrique, Toledo
    135. Colegio Católico Santa María Ikastetxea – Marianistas, San Sebastián
    136. IES Norba Caesarina, Cáceres
    137. CEIP de Prácticas, Cáceres
    138. Colegio Eskibel Ikastetxea, San Sebastián, Guipúzcoa
    139. CEIP El Vivero, Cáceres
    140. Colegio San Diego y San Vicente – Hijas de la Caridad, Madrid
    141. Colegio Santa María de la Capilla – Hermanos Maristas, Jaén
    142. Colegio Jesús-María Sant Andreu, Barcelona
    143. Colegio Real Monasterio Santa Isabel – Legionarios de Cristo, Barcelona
    144. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Los Dolores – Cartagena, Murcia
    145. Colegio Alfinach, Puzol, Valencia
    146. CEIP Alcalde José Maestro, Ciudad Real
    147. IES Peñalba, Moral de Calatrava, Ciudad Real
    148. CEIP Agustín Sanz, Moral de Calatrava, Ciudad Real
    149. CEIP Miguel de Cervantes, Almagro, C. Real
    150. IES García Bernalt, Salamanca
    151. IES La Vaguada, Salamanca
    152. IES Calisto y Melibea, Santa Marta de Tormes, Salamanca
    153. CEIP Miguel Hernández, Santa Marta de Tormes, Salamanca
    154. CEIP Caja de Ahorros, Salamanca
    155. CEIP Juan del Enzina, Salamanca
    156. CEIP Juan Jaén, Salamanca
    157. CEIP Lazarillo de Tormes, Salamanca
    158. C.R.A. La Flecha, Cabrerizos, Salamanca
    159. CEIP San Andrés, Pedrosillo el Ralo, Salamanca
    160. Colegio La Milagrosa, Salamanca
    161. Colegio Maestro Ávila, Salamanca
    162. Colegio Marista Champagnat, Salamanca
    Rojo: … 25
    1. CEIP Doctor Fleming, Albacete
    2. Colegio Cardenal Spínola, Madrid
    3. IES Carlos III, Toledo
    4. CEIP Ramón y Cajal, La Villa de Don Fadrique, Toledo
    5. Colegio San Vicente de Paúl – Hijas de la Caridad, Huelva
    6. CEIP Manuel Fernández, Churriana, Málaga
    7. IES Pedro Mercedes, Cuenca
    8. Colegio Sagrada Familia – Hnas. Corazonistas, Madrid
    9. Colegio Nuestra Señora de las Nieves, Madrid
    10. Colegio San Luis de los Franceses, Pozuelo de Alarcón, Madrid
    11. CEIP Pedro Gómez Bosque, de Valladolid
    12. Colegio San Cernín, Pamplona, Navarra
    13. IES de Alhendín, Alhendín, Granada
    14. Colegio Teresiano de San José, Travesera de Gracia, Barcelona
    15. Colegio Castroverde – Teresianas, Santander
    16. IES Pintor Luis Sáez, Burgos
    17. Colegio Nuestra Señora del Rosario, Campo de Criptana, C. Real
    18. Colegio Virgen del Carmen, Córdoba
    19. Colegio Sagrada Familia, Cuenca
    20. CEIP San Fernando, Cuenca
    21. IES El Majuelo, Ginés, Sevilla
    22. Colegio San José Sagrados Corazones, Sevilla
    23. Colegio Bienaventurada Virgen María (Irlandesas), Sevilla
    24. Colegio Compañía de María, Sevilla
    25. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Madrid

    Qué hace un objetor después de objetar a Educación para la ciudadanía

    DESPUÉS DE LA OBJECIÓN

    Si se niegan a aceptar mi objeción, ¿qué hago?

    No pueden negarse, está en juego un derecho constitucional de aplicación directa. Además, el centro, tanto si es público como concertado, es el responsable ante la administración de la educación de mis hijos, y por tanto mi interlocutor natural en lo que haga referencia a la misma. En el caso de un colegio privado puede ser conveniente cursarlo a la Delegación Provincial de Educación o a la Consejería, en su caso.

    Si aun así persisten, debo enviarlo de manera fehaciente, y lo óptimo es un burofax (el correo certificado no certifica el contenido).

    Por último, el centro no puede forzar a mis hijos a asistir a las clases de EpC, salvo incurriendo en una conculcación de los derechos fundamentales. Si así ocurriera, los padres deberán iniciar la vía de las acciones judiciales, para lo cual las entidades que proponemos la vía de la objeción ponemos a su disposición un equipo de abogados y procuradores.

    ¿La Delegación de Educación puede desestimar la objeción de conciencia”?

    La desestimación de la “solicitud” como la que ha hizo el gobierno de Castilla-La Mancha no tiene fundamento legal alguno: nosotros no estamos solicitando nada, sólo declaramos que vamos a objetar (basta leer el título del impreso que firmamos). La Administración no es quién para conceder o no un derecho. Los derechos no son concedidos por la Administración por lo tanto, se ejercen y punto.

    La objeción no se hace con esta Declaración sino el día en el que no entra en clase en alumno. Pero lo declaramos antes. Y se puede presentar la declaración ahora porque la ley YA ESTÁ EN VIGENCIA aunque la asignatura no se esté dando este curso. La Administración no es quién para decirnos cuándo debemos avisar.

    Estas acciones son medidas intimidatorias con las que la Administración intenta entorpecer el derecho constitucional de los padres a elegir la educación moral que deseamos para nuestros hijos. Sólo se entiende desde la lógica de una estructura política que está nerviosa ante la avalancha de objeciones de conciencia presentadas en nuestra comunidad. Explicamos aquí con detalle la ilegalidad de esta medida que adoptó el gobierno de Castilla-La Mancha y nuestra propuesta de acción.

    Los padres y madres que han comunicado la objeción deben estar completamente tranquilos en cuanto a la legalidad y eficacia de los escritos presentados, sin dejarse amedrentar por esta u otras acciones que en el futuro pudiera emprender la Consejería de Educación para obstaculizar sus derechos constitucionales.

    En el caso de que la Delegación de Educación nos envié una resolución administrativa de “desestimación” lo que debemos hacer es lo siguiente (ver aquí más información):

     Presentar un recurso de alzada ante el Consejero de Educación (D. José Valverde Serrano. Bulevar Río Alberche s/n 45071 TOLEDO) en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación recibida. Se trata de presentar un simple papel por parte de cada uno de los que ha recibido la resolución.

    Se puede utilizar el texto que os ofrecemos (pinchar aquí).

    Se puede presentar:

    • En el mismo centro sólo cuando éste es un centro público (recoger acuse de recibo), como se hizo cuando se presentó la objeción.
    • En correos por correo certificado
    • En cualquier organismo público como la misma Delegación de Educación.

    Es muy importante que os pongáis en contacto con todos los padres objetores de vuestro entorno para que puedan recibir esta información. Sería deseable también, que se formaran grupos de padres para estar unidos y coordinados. Y que uno de ellos sirviera de contacto con nosotros para intercambiar información: enviadnos su correo electrónico.

      ¿Qué harán los alumnos objetores o hijos de padres objetores en esa hora docente de Educación para la ciudadanía?

    En ningún caso la presentación de la objeción de conciencia justifica la no asistencia del alumno al Colegio, aunque la clase de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos coincida con el principio o el final de la jornada escolar. En horario escolar, el alumno debe estar SIEMPRE en el colegio, salvo que concurran otro tipo de causas ajenas a la asignatura o la objeción de conciencia. En otro caso, podría producirse una falta de absentismo escolar no justificable y por ello no hay que atender las órdenes verbales de que el niño se marche a casa, salvo que expresamente y por escrito se le dispense de su obligación de estar en el centro.

    Como se propone en los propios formularios para objetar, se le comunica al Centro “mi completa disposición para que mi hijo/a pueda realizar alguna actividad sustitutoria de la mencionada asignatura, siempre que se ajuste a mis convicciones como padre/madre”. La Dirección del Colegio es responsable del menor mientras éste permanezca en el centro, por lo que a aquella corresponde dar la debida atención educativa al alumno durante el tiempo de no asistencia a las clases de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

    En este sentido, es importante colaborar con el centro en solucionar el problema que ha creado el Ministerio: desde hora de lectura o biblioteca o estudio de la Constitución española, hasta tiempo de estudio o refuerzo de las asignaturas, pueden realizarse en esa hora docente las actividades que el propio centro considere más viables, sin interferir en el resto de los alumnos, siempre que se respete el derecho de los padres a la formación moral de sus hijos.

    Pero volvemos a repetir, el problema que inevitablemente se le crea a la dirección de los centros, sean públicos o de iniciativa social (privados o concertados), ha sido causado por el Ministerio de Educación del Gobierno socialista.

    ¿Pueden adoptar medidas represivas en el centro, como expulsar o suspender a los alumnos?

    Desde el momento de la presentación del escrito de objeción de conciencia, el alumno no debe asistir NUNCA a las clases de Educación para la Ciudadanía.

    Por desgracia, no es descartable que se produzcan algún tipo de medidas represivas o sancionadoras, como de hecho ya están advirtiendo desde diversos ámbitos. Es posible que, una dirección del centro poco sensible a los Derechos recogidos en la Constitución española – que amparan a lo padres en su libertad ideológica y en la libertad de educación- suspenda al alumno por su no asistencia a las clases de determinada asignatura, al ser ésta obligatoria.

    Si toman represiones contra los hijos de padres objetores o contra alumnos de padres objetores, ¿qué debo hacer?

    Ante cualquier comunicación de la Dirección del Colegio o de la Administración que pueda significar un perjuicio presente o futuro para los padres o el alumno (incluido el suspenso en la materia), como consecuencia de la no asistencia a clase de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, se solicitará la entrega de una comunicación por escrito para que pueda entenderse como un acto firme recurrible ante los Tribunales de Justicia en vía contencioso-administrativa (procedimiento especial de protección jurisdiccional de derechos fundamentales).

    Si se tratara de una comunicación meramente verbal del Colegio o la Administración, si por las circunstancias en que aquella se produce o por su gravedad, se plantean dudas sobre sus posibles consecuencias, es conveniente pedir asesoramiento cuanto antes.

    El Servicio de Asistencia Jurídica al Objetor a través de los teléfonos 91 413 29 57,  91 532 58 65 y 690 78 06 16) presta a los padres asesoramiento y, si así lo desean éstos, se encargará de iniciar y tramitar las acciones legales oportunas  -tanto administrativas como judiciales-  para la defensa de sus derechos. Este Servicio tiene carácter estrictamente gratuito y está formado por una red de abogados y procuradores que colaboran desinteresadamente con la causa de la libertad de enseñanza y de conciencia. Los plazos para los recursos son muy breves (en el supuesto más normal, 10 días) por lo que el contacto con el servicio de asesoramiento debe ser lo más inmediato posible.

    En la provincia de Toledo Educación y Persona junto a CONCAPA dispone también de un equipo de voluntarios que se ofrecen a ayudar a los padres que tengan algún problema educacionypersona@gmail.com .

    También podéis llamar al siguiente número que Educación y Persona ha abierto para resolver dudas  sobre EpC :

    902 109 805

    (de 8 a 15 hh. de lunes a viernes)

    Plataformas de objetores a Educación para la ciudadanía

    Plataformas de padres objetores

    Por toda la geografía española se están creando plataformas de padres objetores que trabajan unidos en la defensa de la libertad de enseñanza y educación. Aquí recogemos algunas de las que hasta el momento se han creado. Las primeras de la lista incluyen enlace a su página web. No dides en contactar con ellos si crees que tus derechos o los de tus hijos están siendo vulnerados por la asignatura de Educación para la ciudadanía. Además, en el siguiente teléfono dispones de un telefono de ayuda para cualquier problema relacionado con Educación para la Ciudadanía.

    902 109 805

    número de atención sobre Educación para la ciudadanía

    (de 8 a 15 hh. de lunes a viernes)

     

    PLATAFORMA XQ TE CALLAS (TALAVERA DE LA REINA)

    LA ROSA BLANCA EN GRANADA

    EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN ARAGÓN ¡VA SER QUE NO!

    CANTABRIA: EDUCACIÓN Y LIBERTAD

    FORO CIUDAD REAL EN LIBERTAD

    LEÓN EDUCA LIBERTAD

    PLATAFORMA 27.3 PADRES POR LA LIBERTAD (Murcia)

    NAVARRA EDUCA EN LIBERTAD

     

    PLATAFORMA LUCENTINA POR LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN

    PLATAFORMA PADRES POR LA EDUCACIÓN.

    ASOCIACIÓN DE FAMILIAS OBJETORAS DE HUESCA

    PLATAFORMA DE OBJETORES EN CANARIAS

    PLATAFORMA DE CIUDADANOS DE ALMAGRO

    SORIA EDUCA EN LIBERTAD

    PADRES POR LA LIBERTAD, VALLADOLID

    ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES PER LA LLIBERTAT D’EDUCACIÓ

    PLATAFORMA POR UNA EDUCACIÓN EN LIBERTAD DE ALICANTE

    PLATAFORMA INDEPENDIENTE DE PADRES OBJETORES A EPC DE CÁCERES.-

    PADRES EN ACCIÓN

    VALDEMORO ES FAMILIA

    CARTAGENA POR LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN

    PLATAFORMA VASCA “EDUCACIÓN Y LIBERTAD

    PLATAFORMA DE ABUELOS

    PLATAFORMA DE MADRES POR LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN

    PADRES EN ACCIÓN (COMUNIDAD DE MADRID)

    Personalidades conflictivas: cómo ayudar y tratar a todos

    Las siguientes tipologías pueden dar ugar a personalidades conflictivas y conviene saber tratarlas:

    Personas poco comunicativas: hablan poco y no son conscientes de lo poco que ayudan. A menudo son problemáticos debido al escaso compromiso que aceptan, por lo que suelen enfadar al resto de compañeros.

    Soluciones:
    -Bombardéala con preguntas para invitarla a hablar. Procura que sean lo más detalladas posibles.

    -Formula preguntas abiertas, es decir, que no se puedan contestar con un sí o un no.

    Personas que no escuchan: son personas sumamente frustrantes. No sólo no prestan atención sino que acostumbran a hacer mal su trabajo.

    Soluciones:
    -Cuando les hayas dicho lo que querías, añade: “Veamos si me he explicado. ¿Podrías repetirme lo que he dicho?”

    -Este tipo de personas tienen dificultades para recordar lo que se hizo la semana anterior, asegúrate de que recuerden lo necesario para hacer bien su trabajo.

    Personas que sueñan despiertas: su productividad cae en picado cuando empiezan a divagar y cometen más errores, muchas veces motivadas por el aburrimiento.

    Soluciones:
    -Encárgale asuntos que tengan que compartir con otro empleado que se ocupará de mantenerla atenta.

    -Asume que esta clase de personas no sirven para labores rutinarias. No cometas el error de encargárselas.

    Personas solitarias: ten en cuenta que son poco dadas a trabajar en equipo. Parecen distantes y eso, a menudo, tiene un efecto negativo sobre el equipo, que se traduce en una reducción del libre intercambio de ideas.

    Soluciones:
    -Ten en cuenta que no les vas a cambiar, procura adaptarte a ellas. Concédeles la intimidad que necesitan.

    -Muchas veces, este tipo de personas prefieren rehuir el cara a cara; utiliza siempre que puedas el teléfono.

    Personas reservadas: guardan secretos o no comparten cierta información con el resto del equipo. Lo son o bien porque necesitan que se les reconozca su valía o porque les da sensación de poder.

    Soluciones:
    -Procura pedirles información concreta, si es necesario por escrito

    -Cuando obtengas la información necesaria, agradéceles su ayuda para que sientan que ha hecho un bien al grupo.

    Introducción a la Educación Ambiental

    ¿Qué se entiende por Educación Ambiental?. Aunque existen numerosas interpretaciones del término, quizás el más adecuado sea el que se define a continuación:
    • Educación sobre el medio: persigue tratar cuestiones ambientales en el aula o taller (sobre todo en los entornos natural y urbano).
    • Educación en el medio: un estudio “in situ” del medio, con frecuencia de tipo naturalista, aunque cada vez son más los temas relacionados con el ámbito urbano.
    • Educación para el medio: desemboca en una acción tendente al cambio de actitudes, para conservar el medio natural y/o urbano y para mejorarlo.
    En España, hasta la década de los ochenta no se elaboran ni materiales ni recursos metodológicos de Educación Ambiental. Tras la firma de la Conferencia de Moscú en 1987, aparecen algunos materiales publicados por el M.O.P.U., coincidiendo con el “boom” naturalista, el cual va a influenciar de algún modo el tipo de Educación Ambiental en nuestro país. Seguidamente se relaciona los principales acontecimientos relativos a la Educación Ambiental durante la segunda mitad del Siglo XX:
    1948 Creación del U.I.C.N (organización mixta ONGs y ONU).
    1961 Fundación del W.W.F. (ADENA es la filial española).
    1971 Informe del Club de Roma. Aparición del Programa Greenpeace.
    1972 Conferencia de Estocolmo.
    1973 Creación del P.N.U.M.A. y del P.I.E.A.
    1975 Seminario de Belgrado.
    1977 Conferencia de Tbilisi.
    1980 Estrategia mundial para la conservación de la Naturaleza.
    1982 Reunión de expertos en París.
    1983 I Jornadas de Educación Ambiental en España.
    1987 Conferencia de Moscú.
    1992 Cumbre de Río.
    1994 Convenio de Biodiversidad.
    1997 Cumbre de Kioto (Panel Intergubernamental del Cambio Climático).
    Del ya mencionado Seminario de Belgrado, señalamos los objetivos que se marcaron en Educación Ambiental:
    Tomar conciencia de la Problemática ambiental,
    Conocimiento del problema,
    Actitudes positivas,
    Aptitudes,
    Capacidad de evaluación,
    Participación.
    De la Conferencia de Tbilisi, se indican algunas de las características de la Educación ambiental:
    Comportamientos positivos de conducta,
    Educación permanente,
    Conocimientos técnicos, valores éticos,
    Enfoque global,
    Vinculación, interdependencia y solidaridad,
    Resolución de problemas,
    Iniciativa y sentido de la responsabilidad,
    Renovación del proceso educativo.
    Por tanto, el modelo aquí propuesto para la integración de la Educación Ambiental en el currículo escolar, se fundamenta en la resolución de problemas ambientales, en el entorno más próximo al alumno, y está basado en el programa ALDEA (1991) desarrollado por la Junta de Andalucía para la formación del profesorado con objeto de llevar al aula las ideas y documentos de Tbilisi a través de la investigación del medio, y cuyas metas son cambiar los valores y actitudes para una posterior intervención en el mismo con objeto de conservarlo y mejorarlo. La justificación del modelo expuesto hay que buscarla en los siguientes hechos y circunstancias:
    • La Educación Ambiental constituye uno de los principales ejes del curriculum dentro del campo de las materias y áreas transversales, tal y como se recoge en la propia LOGSE.
    • El procedimiento utilizado suele partir de un problema, a veces de una problemática más compleja, permitiendo conectar más vivamente con los intereses de los alumnos.
    • Permite trabajar las actitudes, valores y normas como parte esencial del curriculum, desde la perspectiva de una nueva ética basada en la idea de que la humanidad debe sobrevivir utilizando la Naturaleza, de tal modo que nuestros impactos puedan ser absorbidos por la capacidad equilibradora de los sistemas, buscando nuevas formas de relación con el medio que reporten una armonía de las partes entre sí y las partes con el todo.
    • Se ha mostrado eficaz en la selección de contenidos, dotándolos de una elevada potencialidad explicativa.
    • Estimula una situación favorable a la interdisciplinariedad, toda vez que la mayoría de los problemas ambientales requieren un tratamiento consistente con dicho planteamiento.

    Filtrado de contenidos en Internet

    Un filtro es un programa (software) o servicio (en red) que permite a padres controlar el acceso a ciertos contenidos en Internet. Normalmente, un filtro funciona a base de categorías. Es decir, si elijo la categoría “construcción de explosivos”, el filtro bloqueará todas las páginas web sobre el tema, siempre cuando pertenecen a la base de datos del proveedor. Una funcionalidad general de un filtro son los tramos horarios que permiten o restringen la navegación. Otra es la configuración de perfiles que permite configurar el filtro de distintas maneras dependiendo de la edad del usuario. Al final, el filtro es una herramienta que facilita la supervisión de los niños, pero nunca la podrá reemplazar.

    Extracto del estudio comparativo realizado por la organización francesa ACTION INOCENCE

              

    DESCARGAR ESTUDIO: McAfee Privacy Service 8.0.0.149

    DESCARGAR ESTUDIO: NetNanny 5.1.2.1

    DESCARGAR ESTUDIO: Norton Internet Security 2005

    DESCARGAR ESTUDIO: Optenet PCFilter 9.4

    DESCARGAR ESTUDIO: Panda Platinum 2005 Internet Security v.9.02.01

    DESCARGAR ESTUDIO: Trend Micro Internet Security 12

              

    Descarga GRATUITA del filtro de OPTENET (*)

    Descargar Filtro Optenet

    (*) Licencia válida para 3 meses desde la descarga.

    Antes de comprar un sistema de filtrado es importante asegurarnos de que tiene las siguientes características:

    Limitar el acceso a Internet o a ciertas categorías de contenidos (chats, noticias) o de comunicaciones P2P (Instant Messenger, Emule, etc.) por tramos horarios.

    Disponer de una cantidad significativa de categorías para restringir el acceso a contenidos inadecuados.

    Limitar la descarga de ficheros potencialmente peligrosos (.exe, mp3, etc.).

    Un sistema de desbloqueo rápido en caso de errores del servicio. Este punto es especialmente importante para estudiantes que requieren ciertos tipos de contenidos para sus estudios. No se puede prescindir de ciertos contenidos mal categorizados.

    Un servicio de filtrado que no se base sólo en listas de páginas web. Internet es un entorno dinámico y es difícil tener listas siempre actualizadas. Lo mejor es que el servicio incluya un analizador en tiempo real para tener un análisis que cubra todo tipos de contenidos no clasificados y minimice errores de filtrado.

    Posibilidad de configuración de perfiles para los distintos miembros de la familia adaptando así las reglas a las distintas edades de los mismos.

    Utilizar un sistema de filtrado con un nivel de eficacia lo más alto posible.

    Elegir un programa fácil de usar con una interfaz comprehensiva e intuitiva.

    También se recomienda que el programa tenga funcionalidades de antivirus, antispyware y cortafuegos. Dichas funcionalidades proporcionan un alto nivel de seguridad para el PC y sus usuarios.

    El cortafuegos permite controlar comunicaciones P2P (descargas ilegales,  chats, newsgroups, Instant Messenger).

    Hemos de ser conscientes de que este servicio no reemplaza la supervisión de los padres o educadores. El uso de Internet es una cuestión de aprendizaje que incluye tanto a lo padres como a los educadores. Lo mejor es estar cerca del niño para poder servir de guía y controlar su navegación.

    Carta a los educadores de la ciudadanía de Nicolas Sarkozy, Presidente de Francia

    Nicolas Sarkozy Presidente de la República

    Carta a los educadores

    4 de septiembre de 2007

    Señor/a:

    Quisiera aprovechar la ocasión que me ofrece el inicio de curso, el primero desde que fui

    elegido Presidente de la República, para escribirle.

    Me gustaría hablarle del porvenir de nuestros hijos. Ese porvenir está en manos de cada uno de Ustedes, que tienen la tarea de instruir, de guiar, de proteger esos espíritus y esas sensibilidades que no están aún completamente formadas; que aún no han alcanzado su plena maduración; que se sondean; que son todavía frágiles y vulnerables. Ustedes tienen la responsabilidad de acompañar el desarrollo de sus aptitudes intelectuales, de su sentido moral, de sus capacidades físicas, desde su más tierna infancia y a lo largo de su adolescencia. Esta responsabilidad es una de las más graves pero al mismo tiempo, una de las más bellas y gratificantes.

    Ayudar a la inteligencia, a la sensibilidad, a desarrollarse, a encontrar su camino, ¡qué puede haber de más bonito! Mas, ¡cuán difícil, al mismo tiempo! En verdad, junto al orgullo de ver crecer al niño, de ver cómo se afirman su carácter y su juicio; junto a la felicidad de transmitir aquello que cada uno estima más preciado, coexiste siempre ese temor a equivocarse, a sujetar un talento, a reprimir un impulso, a ser demasiado indulgente o demasiado severo, a no comprender lo que el niño alberga en lo más profundo de sí, lo que siente, lo que es capaz de acometer.

    Educar es intentar conciliar dos movimientos opuestos: el que pretende ayudar a cada niño a encontrar su propio camino y el que le empuja a inculcarle lo que cada uno cree justo, bello y verdadero.

    Una exigencia se impone al adulto ante el niño que crece; la de no ahogar su personalidad, sin renunciar por ello a educarle. Cada niño, cada adolescente tiene su propia forma de ser, de pensar, de sentir. Debe poder expresarla. Pero también debe aprender.

    Durante mucho tiempo la educación ha descuidado la personalidad del niño. Era necesario que todos entraran en un mundo único, que todos aprendieran la misma cosa, al mismo tiempo y de la misma manera. El saber lo presidía todo. Aquella educación tenía su grandeza. Al ser exigente y rigurosa contenía un impulso hacia arriba; conducía a superarse a pesar de uno mismo.

    La exigencia y el rigor de aquella educación hacían de ella un factor potente de promoción social. Sin embargo, muchos niños sufrían y se sentían excluidos de sus bondades. No porque carecieran de talento ni porque fueran incapaces de aprender y de comprender sino porque su sensibilidad, su inteligencia, su carácter se encontraban a disgusto en el marco único que se imponía a todos.

    Por una especie de reacción, desde hace algunas décadas se ha colocado la personalidad del niño en el centro de la educación, desplazando al saber.

    Conceder mayor importancia a lo que el niño posee de especial, a aquello por lo que se manifiesta su individualidad o a su carácter, a su psicología, era necesario; deseable, incluso.

    Era importante que todos fueran capaces de sacar el mejor partido de sí mismos, de desarrollar sus puntos fuertes, de corregir sus puntos débiles. Pero, a fuerza de  revalorizar la espontaneidad, a fuerza de querer evitar cohibir la personalidad, a fuerza de no ver la educación más que a través del prisma de la psicología se ha caído en un exceso contrario. No nos hemos comprometido tanto en transmitir.

    Antiguamente había en la educación, sin duda, demasiada cultura y muy poca naturaleza; actualmente, sin embargo, tal vez haya demasiada naturaleza y muy poca cultura. Antes se valoraba demasiado la transmisión del saber y de los valores; hoy, al contrario, ya no se valora demasiado.

    La autoridad de los maestros se ha visto destruida. La de los padres e instituciones, también.

    La cultura común que se transmitía de generación en generación, al tiempo que se enriquecía con la aportación de cada una de ellas, se ha perdido hasta el punto de que resulta más difícil hablarse y comprenderse.

    El fracaso escolar ha alcanzado niveles que son inaceptables. La desigualad ante el saber y la cultura han aumentado en un momento en el que la sociedad de la información impone en todo el mundo su lógica, sus criterios, sus exigencias. Las posibilidades de promoción social de los niños cuyas familias no podían transmitir lo que la escuela tampoco transmitía ya se han reducido.

    Sin embargo, sería absurdo intentar resucitar una edad dorada de la educación, de la cultura, del saber que nunca ha existido. Cada época suscita sus propias expectativas.

    No se trata de recuperar la escuela de la IIIª República, ni la de nuestros padres, ni incluso la nuestra. Lo que nos incumbe es responder al desafío de la economía del conocimiento y a la revolución de la información.

    Lo que debemos hacer es sentar los principios de la educación del siglo XXI que no se nutrirán de los principios de ayer ni, mucho menos, de los de anteayer.

    ¿En qué queremos que se conviertan nuestros hijos? En hombres y mujeres libres,  deseosos de lo que es bello, de lo que es grande, con corazón y espíritu; capaces de amar, de pensar por sí mismos, de ir al encuentro del otro, de abrirse al otro; capaces también de adquirir una profesión y de vivir de su trabajo.

    Nuestro papel no es hacer que nuestros hijos sigan siendo niños, ni siquiera que se conviertan en unos niños grandes, sino ayudarles a convertirse en adultos, a convertirse en ciudadanos.

    Todos nosotros somos educadores, en ese sentido.

    Educar es difícil. A menudo hay que empezar de nuevo para alcanzar el objetivo. No hay que desanimarse por ello. Nunca hay que tener miedo a insistir. En cada niño hay un potencial que sólo pide ser explotado. Cada niño tiene una forma de inteligencia que no pide más que ser desarrollada. Hay que buscarlos; hay que entenderlos. La educación es tanto una exigencia hacia el niño como hacia el mismo educador.

    El objetivo no es ni contentarse con un mínimo fijado de antemano ni sumergir al niño en una marea de conocimientos tal que sea incapaz de dominar ninguno. Se trata más bien de esforzarse en dar a cada uno el máximo de instrucción que cada uno puede recibir, empujando lo más lejos posible su gusto por aprender, su curiosidad, su largueza de espíritu, su sentido del esfuerzo. La autoestima debe ser el principal ariete de esta educación.

    Dar a cada niño, a cada adolescente de nuestro país, la autoestima necesaria para hacerle descubrir que tiene talentos que le capacitan para alcanzar metas que él mismo no creía posible: esta es, a mi entender, la filosofía que debe subyacer en la refundación de nuestro sistema educativo.

    Les debemos a nuestros hijos el mismo amor y el mismo respeto que esperamos de ellos. Ese amor y ese respeto que les debemos exigen que nuestras relaciones con ellos no estén hipotecadas por ninguna forma de renuncia o de demagogia. Porque queremos y respetamos a nuestros hijos, la educación que les damos debe elevarlos, no aplastarlos. Porque queremos y respetamos a nuestros hijos, no podemos renunciar a educarles al surgir la primera dificultad.

    El que un niño tenga dificultades para concentrarse o no aprenda rápidamente o no retenga fácilmente las lecciones no nos autoriza a privarle de ese tesoro que es la instrucción, sin el que nunca llegará a convertirse en un hombre libre.

    Porque queremos y respetamos a nuestros hijos tenemos la obligación de enseñarles a ser exigentes consigo mismos. Tenemos la obligación de enseñarles que no todo vale; que toda civilización reposa sobre una jerarquía de valores; que el alumno no es igual al maestro.

    Tenemos la obligación de enseñarles que nadie vive sin complicaciones y que no puede haber libertad sin normas. ¿Qué clase de educadores seríamos si no enseñamos a nuestros hijos a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal; entre lo que está permitido y lo que está prohibido? ¿Qué clase de educadores seríamos si no pudiéramos sancionar a nuestros hijos cuando cometen un fallo? El niño se afirma diciendo “no”; no se le hace un favor diciéndole siempre “sí”. La sensación de impunidad es una catástrofe para el niño, que está probando constantemente los límites que le impone el mundo de los adultos. No se educa a un hijo haciéndole creer que todo está permitido, que sólo tiene derechos y no obligaciones. No se le educa haciéndole creer que la vida es un juego o que el alineamiento de todo el conocimiento del mundo le exime de aprender. Las tecnologías de la información deben centrar la reflexión sobre la educación del siglo XXI, pero no debe perderse de vista que la relación humana entre el educador y el niño sigue siendo primordial y que la educación debe también inculcar al niño el gusto por el esfuerzo, mostrarle como si fuera una recompensa la alegría de comprender tras el largo trabajo de pensar.

    Recompensar el mérito; sancionar la falta; cultivar la admiración de aquello que está bien, que es justo, bello, grande, verdadero, profundo. Y, por el contrario, detestar aquello que está mal, que es injusto, feo, empequeñecedor, falsario, superficial, mediocre; así es cómo el educador favorece al niño que tiene a su cargo y cómo le expresa mejor el amor y el respeto que le tiene.

    Precisamente, el respeto debiera ser el fundamento de toda educación. Respeto del profesor hacia el alumno; de los padres hacia el niño; del alumno hacia el profesor; del niño hacia sus padres. Respeto hacia los demás y hacia sí mismo: he ahí lo que la educación debe conseguir.

    Si en nuestra sociedad no hay suficiente respeto, ello se debe en primer lugar –estoy convencido- a un problema de educación.

    Deseo que reconstruyamos una educación del respeto y una escuela del respeto. Deseo que nuestros hijos aprendan buenos modos, largueza de espíritu, tolerancia, que son formas de respeto.

    Deseo que los alumnos estén descubiertos cuando estén en el colegio y que se levanten cuando el profesor entra en clase porque eso es una señal de respeto.

    Deseo que se enseñe a cada uno de ellos a respetar el punto de vista que no es el suyo, la convicción que no comparte, la creencia que le resulta extraña; que se le haga ver hasta qué punto la diferencia, la contradicción, la crítica, lejos de ser obstáculos a su libertad son, al contrario, fuente de enriquecimiento personal. Ser sacudido en las costumbres propias de pensar, en sus certezas; estar obligado a ir al encuentro del otro, a abrirse a sus argumentos, a sus sentimientos. Tomarle en serio es una incitación a cuestionar las convicciones de uno mismo, sus propios valores, a ponerse uno mismo en cuestión, a hacer un esfuerzo sobre uno mismo; en resumen, a ir más allá de uno mismo. Por esto, aunque haya que renovarlo,debemos conservar nuestro modelo de escuela republicana, ya que cubre cualquier origen, cualquier clase social, cualquier creencia. Y debe permanecer neutral ante las convicciones religiosas, filosóficas o políticas de cada uno, respetándolas todas, evidentemente.

    Este modelo se ha debilitado; sus principios ya no son respetados suficientemente. La razón por la que quiero suprimir progresivamente la tarjeta escolar es, precisamente, para que haya menos segregación.

    Si quiero reformar el colegio único es, precisamente, para que cada cual encuentre su lugar; para que las diferencias de ritmos, de sensibilidades, de caracteres, de formas de inteligencia sean entendidas mejor para dar a cada uno mayores posibilidades de tener éxito.

    Si deseo que los niños minusválidos puedan ser escolarizados como cualquier otro niño no es únicamente para hacer felices a los niños minusválidos sino también para que los otros niños se enriquezcan con esta diferencia.

    Si deseo que la escuela siga siendo, ante todo, laica, es porque entiendo que la laicidad es un principio de respeto mutuo y porque cubre un espacio de diálogo y de paz entre las religiones; porque es el mejor instrumento para luchar contra la tentación del repliegue religioso. ¿Qué mejor para evitar la confrontación religiosa que desembocaría en un choque de civilizaciones, que algunos valores universales y la laicidad? Con todo, estoy convencido de que no hay que apartar el hecho religioso de la escuela. La génesis de las grandes religiones, sus visiones del hombre y del mundo deben ser estudiadas, no desde una voluntad de proselitismo, desde luego, ni desde un enfoque teológico, sino desde el punto de vista del análisis sociológico, cultural e histórico, lo que permitiría comprender mejor la naturaleza del hecho religioso. Lo espiritual, lo sagrado ha acompañado a la aventura humana desde la eternidad. Está en la base de todas las civilizaciones. Y es más fácil abrirse al otro, se dialoga más fácilmente con él, cuando se le comprende.

    Pero el aprendizaje de la diferencia no debe conducir a descuidar la participación en una cultura común, en una identidad colectiva, en una moral compartida. Educar es despertar la conciencia individual y elevarla hasta la conciencia universal. Es hacer que cada uno se sienta una persona única y al mismo tiempo familia de la Humanidad entera. Entre las dos conciencias existe algo esencial que ninguna educación puede olvidar: entre la conciencia individual y la conciencia universal está, para nosotros, franceses, la conciencia nacional y la conciencia europea.

    Entre la conciencia de la pertenencia al género humano y la conciencia del destino universal, la educación debe despertar también la conciencia cívica, formar ciudadanos. Nuestros hijos no serán nunca ciudadanos del mundo si nos somos capaces de hacer primero de ellos ciudadanos franceses y ciudadanos europeos.

    La familia desempeña, desde luego, un papel esencial en la transmisión de la identidad nacional. Pero la escuela es su crisol. Al hablar de la escuela no me refiero únicamente a la instrucción cívica, cuya enseñanza debe recuperar un lugar privilegiado en la escuela primaria, en el colegio y en el instituto. No estoy pensando únicamente en la transmisión de valores morales como los derechos humanos, la igualdad entre el hombre y la mujer o la laicidad, que son el corazón de nuestra identidad; me refiero también a los valores intelectuales, a una forma de pensar, de reflexionar, que nos es propia. Me refiero a esa tradición francesa del pensamiento llano, a esa inclinación tan francesa por la razón  universal que está en nuestra filosofía, en nuestra ciencia, pero también en nuestra lengua, en nuestra literatura, en nuestro arte.

    Ante la amenaza de la homogeneización del mundo, nuestro deber es promover la diversidad cultural. Ese deber nos impone defender primero nuestra propia identidad; acudir a las fuentes de lo mejor de nuestra tradición intelectual, moral y artística y transmitirla a nuestros hijos para que la mantengan viva para todos los hombres. En verdad, la herencia de todas las culturas y civilizaciones pertenece a la humanidad entera. Nosotros mismos somos los herederos de todas las conquistas y las creaciones del espíritu humano. Somos los herederos de las grandes civilizaciones que han contribuido a fecundar recíprocamente las culturas que están engendrando la primera civilización planetaria.

    Abrir nuestros hijos a lo universal, al diálogo de las culturas, no es renunciar a lo que somos; es su culminación. Desde siempre, Francia ha situado el universalismo en el centro de su pensamiento y de sus valores. Desde siempre, Francia se ha concebido a sí misma como heredera de todas las culturas que han aportado su contribución a la idea de humanidad.

    Debemos situar de nuevo a la cultura general en el corazón de nuestra ambición educativa. Evidentemente, el horizonte de esa cultura general no debe ser una acumulación sin fin de conocimientos sino un saber reflexionado, ordenado, controlado. No debe buscarse ni la exhaustividad ni la cantidad sino poner en el punto de mira lo esencial y la calidad; relacionar los diferentes campos de la inteligencia humana para permitir a cada niño, a cada adolescente, construirse su propia visión del mundo. Por primera vez en la historia, los niños saben muchas cosas que desconocen sus padres, pero es necesario estructurar ese saber en cultura, iluminarlo a la luz de toda la herencia de sabiduría y de inteligencia humanas.

    (…)

    Cada uno de Ustedes es consciente, lo sé, de la importancia del desafío al que nos enfrentamos. Cada uno de Ustedes comprende que la revolución del saber que se está produciendo ante nuestros propios ojos nos impide repensar el sentido mismo de la palabra “educación”. Cada uno de Ustedes es consciente de que ante la dureza de las relaciones sociales, de la angustia ante un futuro vivido como una amenaza, el mundo necesita un nuevo Renacimiento que no surgirá sino gracias a la educación. Nos toca a nosotros retomar el hilo que discurre desde el humanismo del Renacimiento hasta la escuela de Jules Ferry, pasando por el proyecto de las Luces.

    El tiempo de la refundación ha llegado. A ella les invito. La conduciremos juntos. Ya hemos tardado demasiado.

    Nicolas Sarkozy,

    Presidente de la Republica

    Objetivos que debe tener todo plan de Educación Vial

    Cualquier enseñanza de la Educación Vial, se explique o no dentro de Educación para la Ciudadanía, debería al menos cumplir los siguientes objetivos: 

    1. Evitar los accidentes de tráfico tanto de peatones como de conductores.
    2. Crear actitudes de prevención, y conocer y emplear técnicas defensivas en relación al tráfico.

    3. Conocer las normas de Circulación Peatonal en carretera y tener un comportamiento adecuado como peatón en el uso de las vías públicas  y fomentar actitudes de convivencia ciudadana.

    4. Utilizar adecuadamente y con sentido de responsabilidad los transportes particulares y colectivos como viajeros.

    5. Crear actitudes de respeto a las normas y hacia los agentes de circulación como servidores en la vigilancia y ordenación del tráfico.

    6. Interpretar situaciones y crear hábitos de prudencia en relación al tráfico

    7. Conocer y practicar las primeras medidas de seguridad en caso de accidente así como las normas de socorrismo y primeros auxilios.

    8. Identificar los principales grupos de riesgo y analizar dónde, cómo y cuándo se producen los accidentes de tráfico

    9. Comportarse de manera responsable en la conducción de bicicletas y ciclomotores teniendo conciencia de los peligros que pueda suponer y respetando las normas y señales relativas a la circulación de tales vehículos.

    10. Valorar las campañas institucionales en relación a la mejora de la seguridad del tráfico.

    Un duro examen tipo test sobre la Constitución Española para Educación para la Ciudadanía

    Este es el examen. No es fácil. Nunca lo ha sido.

    1. En relación con el derecho y el deber de defender a España, la Constitución establece:

    1. Que la ley fijará las obligaciones militares de los españoles regulando la objeción de conciencia así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio.
    2. Que el servicio militar es obligatorio y ningún ciudadano puede alegar como motivo para su incumplimiento razones de objeción de conciencia.
    3. Que la ley regulará el servicio militar en régimen de opcionalidad.
    4. Las tres afirmaciones anteriores son correctas.

    2. Podrán ser sometidos a torturas, penas o tratos inhumanos:

    1. Los terroristas y autores de delitos de sangre.
    2. Ningún ciudadano, en ningún caso.
    3. Los terroristas en caso de que se nieguen a colaborar con la policía.
    4. Ningún ciudadano en ningún caso, excepto los católicos si van a Misa los domingos.

    3. Sobre el derecho de asociación la Constitución establece:

    1. Que las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales y se prohiben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
    2. Que las asociaciones constituidas deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
    3. Que las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.
    4. Las tres afirmaciones anteriores son correctas.

    4. La Constitución establece el derecho a la educación y reconoce la libertad de enseñanza. Pero, ¿cuál será el objeto básico de la educación? :

    1. Conseguir el máximo de conocimientos para asegurar un comportamiento educado y sumiso a los gobiernos socialistas.
    2. Obtener los mejores resultados posibles en Educación para la ciudadanía.
    3. Delimitar el número de personas que son aptas para entrar en la universidad.
    4. Desarrollar plenamente la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

    5. ¿Puede un español de origen ser privado de su nacionalidad?:

    1. No, ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
    2. Sólo en los casos de doble nacionalidad.
    3. Sí, cuando cometa delitos de sangre.
    4. No, excepto en los casos de matrimonio con extranjeros.

    6. ¿Hace la Constitución alguna referencia a los sindicatos de trabajadores?

    1. No, aunque se deja abierta la posibilidad de que se creen.
    2. Sí, hace referencia a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales.
    3. Sí, los sindicatos de trabajadores son lo mismo que los partidos políticos.

    7. ¿Pueden los estatutos de autonomía reconocer banderas y enseñas propias?

    1. No, sólo la bandera española podrá presidir los edificios y actos públicos.
    2. Sí, y se utilizarán junto a la bandera de España en los edificios públicos y en los actos oficiales.
    3. Sí, y serán sólo estas banderas y enseñas propias las que presidan los edificios autonómicos sustituyendo a la bandera española o poniendo la bandera de los gays en lugar de la española.

    8. Según la Constitución, son fundamento del orden político y de la paz social:

    1. La dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes.
    2. El libre desarrollo de la personalidad.
    3. El respeto a la ley y a los derechos de los demás.
    4. Las tres opciones anteriores son correctas.

    9. Quedarán excluidas en la sucesión a la Corona:

    1. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey.
    2. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio con personas pertenecientes a países con los que España no tiene buenas relaciones.
    3. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión contrajeren matrimonio contra la expresa voluntad del Rey y las Cortes Generales.
    4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, así como sus descendientes.

    10. En la Constitución española queda abolida la pena de muerte:

    1. En cualquier caso o circunstancia.
    2. Sólo para casos de delitos menores o políticos, o de enfermedades mentales incluida la homosexualidad.
    3. Salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
    4. Queda abolida incluso en los tiempos de guerra.

    11. La Soberanía Nacional reside:

    1. En el Pueblo Español del que emanan todos los poderes
    2. En las Cortes Generales
    3. En el Rey y en las Cortes Generales

    12. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio:

    1. de forma obligada por el colectivo gay.
    2. Con plena igualdad jurídica entre sí mismos, siempre y cuando ambos contrayentes sean mayores de 21 años.
    3. Con plena igualdad jurídica entre sí, varón con mujer, y una ley regulará después las distintas formas alternativas de convivencia tales como el arrejuntamiento, el matrigay, el lesbimonio, el matrimonio de conveniencia, la poligamia, la poliandria, etc…

    13. Según la Constitución el trabajo es:

    1. Un derecho y un deber.
    2. Un deber y una obligación exclusivamente.
    3. Un derecho para las mujeres y un deber para los varones.
    4. Un derecho para los vagos y maleantes.

    14. Las elecciones tendrán lugar:

    1. En los 30 días desde la terminación del mandato.
    2. Dentro de los 25 días siguientes a la terminación del mandato.
    3. Entre los 30 y 60 días desde la terminación del mandato.
    4. No antes de 60 días desde la finalización del mandato.

    15. Según la Constitución:

    1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, excepto cuando a los gobiernos socialistas no les guste lo que piensen y digan.
    2. Ninguna confesión tendrá carácter estatal, excepto el laicismo beligerante y las normas propuestas por la dictadura de los homosexuales.
    3. Los poderes públicos deberán tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad pero en el fondo pasarán de ellos y harán lo que crean mejor. Incluso adoctrinarán a la población con clases de Educación para la ciudadanía.
    4.  Ninguna de las afirmaciones anteriores es del todo correcta.

    16. La lengua oficial del Estado es, según la Constitución:

    1. Única y exclusivamente el castellano, en todo el territorio nacional.
    2. El Castellano, aunque las demás lenguas de España también serán oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos.
    3. El castellano, excepto en Cataluña, que será el catalán y el francés.

    17. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con:

    1. La Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución americana.
    2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, únicamente.
    3. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
    4. Los principios fundamentales del Movimiento y las clases de Educación para la Ciudadanía.

     18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se corresponde con una función constitucional del Rey? :

    1. Corresponde al Rey sancionar y promulgar las leyes.
    2. Nombra y separa a los miembros del Gobierno atendiendo a sus criterios de Jefe del Estado.
    3. Convoca a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
    4. Es competencia del Rey expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros.

     19. Sobre los partidos políticos, la Constitución establece:

    1. Expresan el pluralismo político.
    2. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política.
    3. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
    4. Las tres respuestas anteriores son acertadas.

     20. Los españoles son mayores de edad:

    1. A los 18 años, aunque para votar hay que tener 21.
    2. A los 18 años.
    3. A los 18 años para ir a la mili, a los 21 para votar y a los 17 para casarse sin el pertinente permiso paterno.
    4. Las tres opciones anteriores son correctas.

     21. ¿En cuál de las siguientes materias no tienen competencia las Comunidades Autónomas?:

    1. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma.
    2. Las obras de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
    3. Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
    4. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.

     22. La Constitución reconoce el derecho de participación. Según este derecho:

    1. Los estudiantes de derecho y económicas podrán participar en los asuntos públicos ya que se requieren esos conocimientos para poder presentarse a las elecciones por cualquier partido político.
    2. Sólo los licenciados en Ciencias Políticas podrán participar en los asuntos públicos directamente, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
    3. Todos los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
    4. Sólo los ciudadanos que cuenten con el Graduado Escolar podrán participar en los asuntos públicos, excepto si se es homosexual, en cuyo caso siempre se tiene razón.

    Educación para la ciudadanía: preguntas sobre la Constitución

    Si has leído la Constitución Española deberías poder responder estas cuestiones. ¿Te atreves?:

  • 1.- ¿Cuál es la lengua oficial del estado español?
  • 2.- ¿Cómo está formada la bandera española?
  • 3.- ¿Cuándo aprobaron las cortes la Constitución española?
  • 4.- ¿Qué día celebramos los españoles el día de la Constitución?.¿Por qué es ese día?
  • 5.- ¿Cuál es la forma política del estado español?
  • 6.- ¿De qué se habla en el Título 1 de la Constitución española?
  • 7.- ¿En qué se organiza territorialmente el Estado español?
  • 8.- ¿De cuántos artículos consta la Constitución de 1978?
  • 9.- ¿Qué capítulo habla de los derechos y deberes de los ciudadanos?
  • Educación para la ciudadanía: materiales del Ministerio de Educación

    Como buen ciudadano te interesa cuanto antes, seas profesor, padre o alumno, conocer cuáles son los materiales didácticos que el Ministerio de Educación quiere utilizar en Educación para la ciudadanía, y en particular los que aconseja a los padres. Como puedes imaginarte, estos materiales son el instrumento elegido por el gobierno para intentar convertir a la población en edad escolar en ciudadanos adoctrinados en el comportamiento que a ellos más les interesan. Esta es la lista de títulos de materiales didácticos que el Ministerio pone a disposición de los padres y de todos aquellos que quieran secundar el proyecto del Ministerio de Educación para cubrir el temario de Educación para la ciudadanía. Si te encuentras en clase con algo de esto, ya sabes de dónde proviene. ¡Cuidado, no adoctrines y no te dejes adoctrinar!

    Lista de materiales didácticos del Ministerio de Educación para Educación para la Ciudadanía:

    Educar en Valores

    • Prevención del racismo, la xenofobia y la intolerancia
    • Somos iguales, somos diferentes
    • Intercultura-net: Interculturalidad en internet
    • Viaje a la esperanza
    • Educación ocio
    • La responsabilidad en el niño
    • Educar en el uso del dinero
    • Educar la tolerancia en un mundo de diversidad
    • El valor del esfuerzo en la formación de la persona
    • ¿Tienen valores los hijos?
    • La eutanasia, ¿si o no?
    • Educación para la paz, de Manuel Méndez y Pilar Llanderas
    • Racismo y Xenofobia: el conflicto de la interculturalidad, de Manuel Méndez Santamaría

    La implantación de Educación para la Ciudadanía (EpC) ya cuenta con una guía didáctica oficial del Ministerio de Educación.

    Publicada en su web, Educar en Valores ofrece a los profesores “recursos documentales”, orientaciones y enfoques didácticos que abarcan el índice de contenidos de EpC.
    Educación para la Paz –sobre el pacifismo–, La eutanasia, ¿sí o no? –sobre “el derecho a morir dignamente”–, Somos iguales, somos diferentes –sobre la homosexualidad y el multiculturalismo–, Viaje a la esperanza –sobre la inmigración– o Educación para el Ocio, son algunos de los epígrafes que ordenan el material de orientación a profesores y padres elaborado por el Gobierno.
    Al tratar la homosexualidad, el Ministerio hace suya una guía didáctica del Comité Español de la Campaña Europea de la Juventud contra el Racismo, la Xenofobia, el Antisemitismo y la Intolerancia.
    Entre otros recursos didácticos, el Ministerio recomienda a los profesores que programen en clase la lectura de Alí Baba y los 40 maricones, “un divertido cómic con las diferentes peripecias de la vida cotidiana que les suceden a los inquilinos de una casa, en su mayoría gays, en la Barcelona actual. Una de las mejores obras del famoso dibujante” Nazario, según se explica en la Guía difundida por el Gobierno.
    Se aconseja a padres y maestros, además, que vean junto a los niños documentales como Guía gay para el sexo seguro, de producción británica, u Homosexualidad: la libertad de amar, de TVE.
    También se incluye como material didácticamente relevante Safer Sexy. The Guide to gay, una “guía gay con artísticas fotografías sobre sexo seguro”.
    En el capítulo Educación para la paz, dedicado al pacifismo, el Ministerio de Educación sostiene que “la única paz posible siempre surge cuando no hay vencedores ni vencidos” y que “las relaciones humanas gozosas” sólo pueden darse en condiciones de igualdad, justicia social, libertad y respeto a la diversidad, condiciones para “compartir un mundo más divertido, más heterogéneo y menos uniformado o aburrido”.
    El Gobierno considera que “sólo las desigualdades” pueden llegar a justificar “respuestas desesperadas y violentas de rebelión ante la iniquidad” y recuerda que “al menos dos tercios de la población humana (para ser optimistas) aún no han conseguido suficientes niveles de libertad e igualdad”. Es su desigualdad –y no el terrorismo o el fanatismo religioso, por ejemplo– lo que, a juicio del Ministerio de Educación, pone “en permanente peligro” la paz “aparente” de la que disfruta el otro tercio de la población.
    La Guía didáctica del ministerio critica la Transición democrática española por su acuerdo de “olvido” de la dictadura. A juicio del Ministerio de Educación y Ciencia, “a veces es preferible la ruptura, aunque sea dolorosa, que las componendas a medias”.
    La Guía de EpC del Ministerio de Educación sostiene que “no existen puntos finales, perdones generales, olvidos masivos y voluntarios, ni transiciones ejemplares, si lo injusto permanece o no ha sido reconocido y exculpado, único camino de la verdadera conciliación. Y postergar la resolución de estas situaciones (acto de contricción y propósito de enmienda, previo a la absolución, como cualquier otra falta o pecado) se termina pagando a un precio exageradamente alto en términos de pacificación y convivencia”.
    El Ministerio de Educación en estas guías compara “los ejemplos de América Latina y sus perdonadas dictaduras” con “nuestra propia realidad social, en la que siempre se airea el posible error del consenso político frente a la ruptura social como una duda que envenena y empaña la transición de la dictadura a la democracia”.

    Respeto y tolerancia: ¿vale todo?

    La tolerancia y el respeto a la opinión expresada, a pesar de ser temas de siempre, están de moda. No está mal, pero el problema es que se ha abusado de los términos, para defender lo que sea, chueco o derecho, distorsionando los conceptos de respeto y de tolerancia.

    El respeto a la libertad de opinar, a manifestar las propias ideas, es en principio algo ya indiscutible: “no estaré de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta con la vida tu derecho a decirlo”.

    Está bien, pero lo que no es aceptable es el decir que “todas las opiniones son respetables”. No, no es verdad, no todas las opiniones son respetables, solamente el derecho a opinar es digno de respeto. Si digo que a los viejos hay que matarlos, para no cargar con ellos, es una opinión indigna, no merece respeto.

    Si alguien opina —y hay millones de ellos—, que tales razas humanas son inferiores, incapaces de razonar, se trata de una opinión que tampoco merece respeto. Podemos decir que, en principio, todas las generalizaciones despectivas sobre la gente son opiniones indignas de respeto.

    El apoyo al terrorismo, a la guerra, al asesinato político, o a la justicia por propia mano, cosas que muchos defienden ¿son opiniones respetables? Claro que no.

    Quizá por contagio o imitación, hay cada vez más personas que hablan en forma irrespetuosa, que opinan o más bien se expresan visceralmente, despotricando contra defensores de valores humanos y reclamando respeto para su manera de hablar y opinar. Pero al mismo tiempo, agraden a quien reclama esa forma de expresión, pues se trata de una opinión y trato moral o socialmente inaceptables.

    A fin de cuentas, quien falta al respeto a otros, que defienden principios humanos o religiosos, pide que sin embargo se acepte que su opinión es respetable, solamente por ser una opinión. No, insisto: no todas las opiniones son respetables.

    Del respeto a la libertad de expresión, se pasa al concepto de tolerancia. El caso es muy común; cuando alguien se expresa en contra de los valores humanos, esos valores o principios que a través de los siglos la humanidad ha sabido reconocer, como es el derecho a la vida, exige “tolerancia”.

    La exigencia es que se debe tolerar lo intolerable, aquello que es en esencia una opinión indigna de respeto. Sin embargo, lo que estamos viviendo es que quienes exigen respeto, tolerancia hacia sus ideas desviadas o deshumanizadas, son incapaces de ser ellos mismos tolerantes con quienes opinan diferente.

    En este tenor, cualquier punto de vista distinto al suyo, aunque esté fundado en el valor humano, es motivo no de la tolerancia exigida, sino objeto de burla, desprecio y agresión verbal, que incluso puede llegar a la agresión física. Me refiero a aquellos cuyas opiniones son rechazadas por ser contrarias a la moral o a los derechos humanos. No, los intolerantes no toleran a quienes defienden lo contrario, exigen respeto y lo niegan en los hechos y en las palabras para los demás. Pero lo peor es que es que intencionalmente confunden tolerancia con aceptación: si no aceptas lo que digo, aunque vaya contra tus principios morales, entonces eres intolerante. ¿Fácil, no?

    El mundo está sufriendo una avalancha creciente de posiciones en contra de la vida, de la moral y de la familia. Es el caso de los partidarios de la matanza de no natos, es decir del aborto provocado; quieren que se les respete el vociferar en donde sea y como sea el inexistente derecho al infanticidio. Exigen tolerancia para ellos, pero no están dispuestos a tolerar a los defensores del derecho a la vida.

    El racismo y la xenofobia están al alza, como un problema que crece en Europa, por ejemplo. Estas posiciones ideológicas contra razas no europeas y los nacidos en otros países y aún contra sus descendientes, no son respetables, no pueden serlo, puesto que en sí mismas son irrespetuosas de la dignidad del hombre. Lo mismo pasa en Estados Unidos, en el odio predicado contra los extranjeros indocumentados, no el simple rechazo a su situación ilegal; son opiniones vergonzosas, que nada tienen de respetable.

    Pero no solamente se abusa de los conceptos de tolerancia y respeto a la opinión ajena. El mismo derecho a opinar es objeto de abuso. Se puede gritar a los cuatro vientos que a los niños se les debe enseñar que la homosexualidad “está bien”, pero cuando alguien reclama que se debe respetar la naturaleza biológica, anatómica, fisiológica y psicológica de los dos sexos de la humanidad, entonces la tolerancia no existe; al moralista no le conceden derecho a expresarlo.

    No debemos dejarnos apabullar por gritos, violencia verbal y escrita, de parte de aquellos que intolerantemente exigen tolerancia para manifestarse contra la naturaleza humana, los derechos fundamentales de la persona humana y su infinita dignidad y los valores trascendentales.

    No se debe ser tolerante —o falso prudente—, sobre lo que esencialmente es intolerable; tolerar la infamia, el ataque a la vida, a la patria o a la familia no es razonable ni prudente, por someterse a una torcida interpretación de lo que es la tolerancia. También el derecho a la réplica y la denuncia es indiscutible. Es legítimo denunciar las opiniones indignas, intolerables.

    No se puede confundir el derecho a la libre expresión, con el abuso de este derecho, como tampoco se puede, por ejemplo, confundir el derecho a la educación de los hijos con el supuesto derecho a golpearlos “porque son mis hijos”. No es aceptable el sofisma de que todas las opiniones son respetables; eso va contra el mismo concepto de lo que es el respeto en las relaciones humanas.

    Echar las culpas a otro

    “El Caballero de la Armadura Oxidada” es un sorprendente best-seller de Robert Fisher que se vende por millones en Estados Unidos y que en España lleva ya más de cuarenta ediciones. Es un relato de fantasía adulta, cuyo protagonista es un ejemplar caballero medieval que “cuando no estaba luchando en una batalla, matando dragones o rescatando damiselas, estaba ocupado probándose su armadura y admirando su brillo”. El éxito del libro está en que simboliza nuestra ascensión por la montaña de la vida y hace certeras observaciones sobre la conducta humana.

    Nuestro caballero se había enamorado hasta tal punto de su armadura que se la empezó a poner para cenar, y a menudo para dormir. Después de un tiempo, ya no se tomaba la molestia de quitársela para nada. Su mujer estaba cada vez más harta de no poder ver el rostro de su marido, y de dormir mal por culpa del ruido metálico de la armadura.

    La situación llega a ser tan insostenible para la desdichada familia que nuestro caballero decide finalmente quitarse la armadura. Es entonces cuando descubre que, después de tanto tiempo encerrado en ella, está totalmente atascada y no puede quitársela. Marcha entonces en busca del mago Merlín, que le muestra un sendero estrecho y empinado como la única solución liberarse de aquel curioso encierro. Se trata del sendero de la verdad, y decide tomarlo de inmediato, pues se da cuenta de que si no se lanza puede cambiar pronto de opinión.

    Tiene que superar diversas pruebas. En una de ellas comprueba que apenas se había ganado el afecto de su hijo, y eso le hace llorar amargamente. La sorpresa llega a la mañana siguiente, cuando ve que la armadura se ha oxidado como consecuencia de las lágrimas, y parte de ella se ha desencajado y caído. Su llanto había comenzado a liberarle.

    Más adelante, con ocasión de otras pruebas, advierte que durante años no había querido admitir las cosas que hacía mal. Había preferido culpar siempre a los demás. Se había comportado de manera ingrata con su mujer y su hijo. Había sido muy injusto. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas cada vez con más profusión. Había necesitado a su mujer y a su hijo, pero apenas los había amado. En el fondo, se consideraba en poco a sí mismo, y eso le hacía comportarse de una forma poco natural, con idea de ganarse así la consideración de los demás, y por eso resultaba orgulloso y altivo. Había puesto una armadura invisible entre él y su verdadero modo de ser, y le estaba aprisionando. Una armadura que “ha estado ahí durante tanto tiempo —le decía Merlín—, que al final se ha hecho visible y permanente”.

    Recordó todas las cosas de su vida de las que había culpado a su madre, a su padre, a sus profesores, a su mujer, a su hijo, a sus amigos y a todos los demás. Por primera vez en muchos años, contempló su vida con claridad, sin juzgar y sin excusarse. En ese instante, aceptó toda su responsabilidad. A partir de ese momento, nunca más culparía a nada ni a nadie de sus propios errores. El reconocimiento de que él era la causa de sus problemas, y no la víctima, le dio una nueva sensación de poder. Ya no tenía miedo. Le sobrevino una desconocida sensación de calma. “Casi muero por las lágrimas que no derramé”, pensó.

    Todos solemos poner en nuestra vida barreras ante los demás, y un día nos damos cuenta de que estamos atrapados tras esas barreras y nos resulta difícil salir. Por eso, la sabiduría de vivir está, en buena medida, en conocerse lo suficiente a uno mismo como para saber cuándo y cómo ha quedado uno atrapado. De lo contrario, la voluntad se hará cada día más débil, y la habilidad para engañarse, cada día más fuerte. Buscaremos la culpa en los demás, alimentando un orgullo que poco podrá ayudarnos, y quizás luchemos contra todos para no luchar contra nosotros mismos.

    Nuestro caballero tenía que quitarse la armadura para enfrentarse a la verdad sobre su vida. Se lo habían dicho muchas veces, pero siempre había rechazado esa idea como una ofensa, tomando la verdad como un insulto. Y hasta que no reconoció sus errores y lloró por ellos, no consiguió liberarse del encerramiento al que a sí mismo se había sometido.

    Encontrar escapatorias cuando no se quiere mirar dentro de uno mismo es la cosa más fácil del mundo. Siempre hay culpas exteriores, y hace falta mucha valentía para aceptar que la responsabilidad es nuestra. Pero esa es la única manera de avanzar, aunque sea un recorrido siempre cuesta arriba. Como decía la protagonista de aquella novela de Susanna Tamaro, “cada vez que, al crecer, tengas ganas de convertir las cosas equivocadas en cosas justas, recuerda que la primera revolución que hay que realizar es dentro de uno mismo, la primera y la más importante. Luchar por una idea sin tener una idea de uno mismo es una de las cosas más peligrosas que se pueden hacer.”

    Ciudadanía al ir a la iglesia

    Puede que a los más radicales no les guste que se enseñe cuáles son las normas elementales de comportamiento cuando se va a la iglesia o se asiste a un acto religioso. Por eso las ponemos, para que no seas como ellos de ignorante y sepas convivir en tu entorno inmediato, respetando a todos. Aquí hay algunas normas de convivencia que deberías conocer cuando vas a la iglesia o acudes a un acto religioso. Comprueba que conoces estas normas, y no hagas el ridículo cuando asistas a estos actos. Si no las sigues puede que demuestres poco tacto y respeto por los demás.

    Normas elementales de educación en la asistencia a actos religiosos y a la Santa Misa:

    1. No llegues tarde a la celebración. La puntualidad es una demostración de respeto.

    Si no puedes llegara a la hora señalada, haz los arreglos para llegar antes.

    Si llegas tarde, mantente en la parte de atrás, sin pasar a los bancos, para no distraer y molestar a los que han llegado antes. Hazlo solamente, aprovechando los cambios en las fases litúrgicas.

    Al llegar, procura sentarte en la parte central del banco para que los que vayan llegando, puedan sentarse en los extremos, así molestarán lo menos posible.

    Si la iglesia está muy concurrida, no ocupes un sitio dejando bolsos o los libros sobre el banco. Ese sitio lo puede ocupar otra persona.

    2. No salgas hasta que se termine la Celebración. La procesión de salida también forma parte de la liturgia.

    No salgas hasta que no haya terminado de salir la comitiva con el Sacerdote que ha celebrado la Santa Misa.

    No saldrás hasta que haya terminado de cantar el coro o haya terminado la música.

    3. No asistas mal presentado o mal vestido. 

    El pudor y la decencia deben impedirte ir con escotes, minifaldas, ropas insinuantes, ni exageradas, para no distraer ni provocar a los asistentes.

    No es una excursión, por lo que no deberás ir con pantalones cortos. Si tienes pensado ir a otro sitio después de la Santa Misa, vete a casa a cambiarte y si éso no es posible, quédate discretamente atrás.

    No lleves los labios pintados si vas a Comulgar, pues puedes dejar marcas en el Cáliz y en los dedos del que te da la Sagrada Comunión.

    4. No comas ni des nada a comer a los niños.

    5. No hagas nada que lleve a la distracción de los demás y mantén la atención.No escribas, pues también distraes la atención, aunque sean cosas relacionadas con la homilía o la Celebración.  Espera a hacerlo a la salida.

    6. No permitas que los niños alboroten o distraigan a otras personas. La buena educación principalmente, se demuestra en los sitios importantes.

    Si no les puedes convencer a los niños de que estén atentos, deberás llevarles al sitio designado para éllos o ponerte en la parte de atrás.

    No des a los niños juguetes o lecturas ajenas a su educación religiosa, para que se distraigan de la Celebración. Deberás convencerles de la importancia del acto para que estén atentos.

    No permitirás que los niños pongan los pies sobre los bancos, ni sobre los reclinatorios.

    7. No charles con otros dentro de la Iglesia. Además distraerás a los que les hablas y a los que estén cerca.

    Ni antes, ni durante, ni después de la Celebración. Sal fuera para hacerlo.

    8. No tengas posturas inapropiadas durante la Celebración.

    No pongas los pies sobre los reclinatorios aunque estén subidos, no te retumbes en el banco, no cruces las piernas.

    No te sientes con las piernas debajo del cuerpo, como si estuvieras viendo la televisión.

    Cuando estés de pie, sentado o de rodillas, mantén una postura respetuosa.

    No estés abrazado con tu familiar o amigo, ni con la mano le acaricies la espalda, aunque algunos crean que es una señal de cariño.

    9. No te arrodilles con precipitación y sigue los gestos previstos sin adelantarte.

    Con la rodilla derecha hasta tocar el suelo cuando se cruza delante del Sagrario.

    Con las dos rodillas hasta tocar el suelo e inclinando la cabeza cuando está expuesto el Santísimo Sacramento en el altar o en el Sagrario.

    Si no esta el Santísimo en el Altar Mayor, no te arrodilles delante del altar, haz solamente una inclinación de cabeza al pasar delante y al entrar o salir de los bancos.

    Aunque no haya reclinatorio, arrodíllate en el momento de la Consagración y cuando el Sacerdote presente la Comunión a todos los fieles. Estas ante Dios, tu Padre Supremo.

    10. No te santigües o persignes sin hacerlo despacio, completamente. Los signos religiosos haciendo garabatos son ridículos y demuestran una seria ignorancia.

    Santiguarse desde la frente hasta el pecho y del hombro izquierdo hasta el derecho rezando la oración que conlleva.

    Persignarse con la primera Cruz en la frente, la segunda en la boca y la tercera en el pecho, rezando la oración que conlleva.

    Conclusión: La iglesia es un sitio importante y demostrar un mal comportamiento es de ignorante. Conviene conocer todos los detalles necesarios para no hacer el rídículo.

    Educación para la ciudadanía: material didáctico sobre Declaración de los Derechos Humanos

    Se trata de hacer un comentario de texto sobre el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos. Se pedirá al alumno que haga lo siguiente:

    1.- Clasificación del texto.

    2.- Tema. Estructura: interna y externa.

    3.- Nivel fónico.

    4.- Nivel morfosintáctico: sustantivos, adjetivos, verbos, oraciones.

    5.- Nivel semántico.

    6.- Conclusión.

    Este es el texto del Preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos. Al final se proponen unas preguntas de interés para el alumno:

    La Declaración

    Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

    Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

    Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

    Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;

    Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a romover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;

    Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y

    Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseeguren, por medidas progresivas el carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción.

    (Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. «Declaración Universal de los Derechos Humanos»).

    Cuestiones propuestas:

    • ¿Qué motivos crees que llevaron a las Naciones Unidas a tener que recoger los derechos y deberes de la humanidad en un texto?

    • ¿Te parece que en España se cumplen los Derechos Humanos? ¿Te parece que el texto  establece claramente la igualdad entre todos los seres humanos?

    • ¿En el mundo se dan esas condiciones de igualdad que propugna este preámbulo? ¿Puedes poner algún ejemplo de país donde no se de esa iesPor qué?

    • ¿Te afecta esta declaración en tu día a día? ¿Conoces alguna situación de vulneración de los Derechos Humanos en tu alrededor: en el colegio, en casa, en tu ciudad?

    • ¿Estás a favor de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Faltan cosas, sobran algunas?

    Violencia contra la mujer – violencia contra el hombre: ciudadanía

    Violencia contra el hombre, un artículo de Francisco Pérez Abellán

    Imagen tomada de www.diariovital.com.ar.

    Aunque la violencia contra el hombre es, en medio de esta avalancha, una mera anécdota, existe, y hay que reaccionar frente a ella. Son muchas las mujeres maltratadas, golpeadas, heridas y muertas, pero también hay que denunciar la violencia de la mujer contra el hombre. En Educación para la ciudadanía te venderán ochocientas veces la cabra de que la violencia de género se da sólo en una dirección. Pues no siempre, claro.

     

    En los lugares pequeños es bien sabido cuando se da algún caso en que el hombre es amenazado, golpeado y sometido por su pareja femenina. Hasta ahora lo han sufrido en silencio, avergonzados por el qué dirán y temerosos ante las represalias. En la historia criminal hay notables ejemplos de mujeres que han ejercido absoluto dominio sobre los varones, torturándolos o matándolos por motivos muy similares a los que se exhiben con harta frecuencia cuando las víctimas son femeninas.

     

    La opinión pública generada señala al varón como fuente de la violencia en la mayoría de los casos, lo que permite que algunas indeseables se aprovechen para colar denuncias falsas que les favorecen en procesos de divorcio. Jueces, como la decana Sanahuja, de los tribunales de Barcelona han sido rápidos al exponer la situación de desequilibrio que se ha creado. Por un lado no han disminuido, sino que han aumentado considerablemente, los casos de malos tratos a mujeres, y por otro se ha criminalizado al hombre, sometiéndolo a prejuicios que pueden resultar dañinos.

     

    Frente a eso, algunos varones han decidido romper su tradicional postura de guardarse para sí, por vergüenza o miedo, su situación de víctimas y denunciarla ante los tribunales. Insistimos en que no puede compararse una situación con la otra, y que sigue siendo prioritario y urgente acabar con el tsunami de violencia doméstica contra la mujer, pero eso no exime de combatir los casos en que el varón es la víctima, pese a que se estime como pequeño maremoto.

     

    Tal vez las normas que se dictan o aplican contribuyan a dificultar las relaciones más que a resolver las tensiones en la pareja. Una prueba es la denuncia reciente, por presunta inconstitucionalidad, de las órdenes de alejamiento, porque algunos jueces consideran que, en ocasiones, perjudica a la vez al agresor y la víctima. ¿Qué decir entonces de los casos en los que si la acción la comete el hombre es un delito y sólo una falta si lo hace la mujer? Los españoles y españolas, a partir de ahora, ya no son iguales ante la ley.

     

    Sin embargo, en lo que sí son más iguales es a la hora de denunciarse ante los tribunales. Y recientemente un varón ha logrado que su novia sea condenada a ocho meses de prisión por maltrato y amenaza con una katana, la célebre espada japonesa de Kill Bill, de Tarantino. Un juzgado de Santander ha dictado la sentencia que condena a Marta por maltratar a B., su novio, cuando le anunció que deseaba abandonar la casa que compartían, en Castro Urdiales. Igualmente, se prohíbe a la chica comunicarse con su ex pareja durante dos años.

     

    ¿Qué es lo que ha ocurrido para tan severo castigo? Según relata el papel judicial, el 25 de abril de 2005, sobre las ocho y media de la tarde, cuando B. anunció su intención de romper la relación, recibió un puñetazo en el labio por parte de la mujer, y luego varios en la cabeza. Más tarde le arrojó un frasco de colonia, mientras le insultaba con lindezas de las que suelen dedicarse los amantes indignados –si se trata de mujeres, adjudican calumnias a la madre y definen al hombre como macho cabrío–. Pero más allá de todo eso, la ahora condenada le infirió, según hechos que se consideran probados, una tanda de patadas en la rodilla y los testículos, y mordiscos en el brazo y en las nalgas. Finalmente, el agredido tuvo que salir a escape, cuando ella agarró la katana que curiosamente adornaba la habitación…

     

    Afortunadamente, no hubo heridas graves ni derramamiento de sangre. En otra época se habría calificado el encontronazo de desagradable pelea con hembra brava y no habría terminado en denuncia, ni ante al juez. Los tiempos han cambiado y las parejas, hoy, comparten sus relaciones con el peso enorme de la ley, que se mete entre ellos, los vigila en el domicilio conyugal y comparte su cama. ¿Es suficiente lo que pasó en Castro Urdiales para arrearle a una ciudadana ocho meses de prisión?

     

    Se supone que la sentencia vendrá dada tras el más que conveniente peritaje del labio magullado, la cabeza golpeada, las rodillas tundidas y, muy especialmente, los testículos machacados; luego de valorar los daños presentes y futuros, así como las secuelas psicológicas, tal y como se haría en el caso de que la mujer hubiera sido la agredida. La gran duda que nos asalta es si el castigo de prisión habría sido cinco veces mayor para el varón por el mero hecho de serlo.

     

    Lo ocurrido en Santander con Marta, a la que seguro el recurso afinará la pena, nos permite reflexionar sobre si los españoles debemos permitir que las leyes entren de tal forma en nuestra intimidad; hasta estos puntos de escándalo, en los que la pasión amorosa se ve constreñida por la inculta letra de la ley. ¿O acaso ya no hay diferencia alguna entre violencia de género y una brava pelea entre amantes?

    Identificación de violaciones de los Derechos Humanos

    Este es un gran capítulo de la asignatura de Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos. llamado Identificación de violaciones de los Derechos Humanos. Aquí presentamos un  material didáctico de primer orden: la Guía para la denuncia de las vioaciones de los Derechos Humanos a Naciones Unidas elaborada por aquellos que padecen estas agresiones en Cuba.  Lee la guía, identifica en clase las violaciones de los Derechos Humanos en Cuba y eleva a las Naciones Unidas tu voz si conoces a algún cubano que esté siendo ahora perseguido.

    El carácter sistemático e institucionalizado de las violaciones de derechos humanos en Cuba requiere el desarrollo de medios de defensa de los ciudadanos ante tales violaciones con el auxilio de organizaciones internacionales dadas las deficiencias de las instituciones estatales, incluido el sistema legal, en este asunto.

    Al aumentar el número de ciudadanos que denuncien la violaciones sufridas por ellos, sus familiares y allegados con el auxilio de esta guía, a más de la defensa individual, estarán contribuyendo a aumentar el material fáctico que sustente los señalamientos al gobierno cubano por la sostenida actitud violatoria de los más elementales derechos de muchos de los ciudadanos .

    Lo anterior pudiera contribuir a la toma de decisiones y ejecución de acciones por parte de la comunidad internacional en general, y en particular por los organismos internacionales, sobre este tema.

    Dado que contribuir al mejoramiento de la situación de los derechos humanos es uno de los propósitos concretos de la Corriente Martiana, el Centro de Información de la misma ha concebido, elaborado y promueve la presente guía con la colaboración de muchos cubanos, en ocasiones desde el anonimato.

     A todos los que han colaborado queremos expresarles nuestro profundo agradecimiento y desearles éxitos en sus empeños por lograr la instauración de la Nueva República, soñada por Martí y aún no alcanzada por los cubanos, en la que la promoción y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos sea sustento, contenido y fin de la misma.

    OBJETIVOS PERSEGUIDOS.

    Con la presente guía y sus anexos pretendemos:

    1.- Contribuir a la profesionalización del desempeño de los defensores de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba , ya sea individualmente o en grupos.

    2.- Contribuir a elevar el nivel de información y el “cómo hacer” (know how) de todos aquellos ciudadanos cubanos, a los cuales llegue la guía, ante situaciones violatorias de sus derechos y libertades o de sus allegados.

    3.- Ayudar a que el flujo de información sobre violaciones de derechos humanos y las libertades fundamentales tengan la forma y sigan el curso debido según las normas y los procedimientos establecidos por las NU y así evitar que muchas sean formalmente desconocidas o desestimadas por violación de dichos procedimientos o normas.

    4.- Palear el muy limitado acceso a Internet de la mayoría aplastante de la población, lo que le impide acceder a la información aquí brindada, incluidos documentos de las NU.

    5.- Aumentar el número y la calidad de las denuncias de violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales en Cuba como contribución a ejercer una presión positiva sobre el estado y el gobierno cubano con el objetivo de que preste, al fin, la debida atención a la promoción y protección de los derechos humanos en su integridad e indivisibilidad, ahora no existentes en lo absoluto.

    6.- Fomentar la participación ciudadana, individualmente y en agrupaciones, de forma libre y responsable deviniendo así actores de la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales como demanda la propia DUDH en su artículo 28 en que se lee: “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.”

    7.- Reunir información suficiente que sustente lo denunciado en el Expediente sobre prácticas de apartheid en Cuba, sobre todo por el criterio de ideas discordantes y acciones independientes del Estado y gobierno cubanos.

    INDICE.

                                                                                                                                           PAG

    I)                    COMUNICACIONES DE VIOLACIONES  AL CONSEJO DE DERECHOS

                  HUMANOS DE NACIONES UNIDAS.                                                                                                    3

    II)                  ARRESTOS Y / O DETENCIONES ARBITRARIAS.                                                                           4                               

    III)                VIOLACIONES CONTRA DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.                                         6

    IV)                EXPULSIONES POR CAUSAS POLÍTICAS O RELIGIOSAS DE

                  CENTROS DE TRABAJO O ESTUDIO.                                                                                                  6

    V)                  RETENCION DEL PERMISO DE SALIDA DEL PAIS.                                                                       7

    VI)                TORTURAS Y TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES.                                      8

    VII)              VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIONAR .                                                                             8

                                                     

    DESARROLLO

    I)                   COMUNICACIONES DE VIOLACIONES AL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS.

    Si presume que se ha cometido una violación de derechos humanos contra Ud., un familiar o allegado suyo, entonces puede presentar su QUEJA (comunicación) ante la Sub-Comisión de Promoción y Protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

    Si la violación clasifica en algunos de los casos señalados en el índice de la presente guía, diríjase a la parte correspondiente y cerciórese si se ajusta a lo expuesto en ella o no. Si no se ajusta, siga entonces las instrucciones siguientes. 

    A.- ¿QUÉ HACE ESTA SUB-COMISION CON SU QUEJA?

    La Sub-Comisión de Promoción y Protección de Derechos Humanos debe examinar su queja y, en los casos procedentes, la transmitirá al Consejo de Derechos Humanos de NU que, a su vez, deberá “adoptar una decisión sobre cada situación particular señalada a su atención de esta forma.”   

    B.- ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR NU PARA ESTOS CASOS?

    El mismo viene expuesto en la Resolución 1503  que fuera modificada en el año 2000   según la  resolución 2000/3  pero que se permite seguir denominando como procedimiento previsto en la resolución 1503.

    Sus indicaciones están resumidas en las siguientes preguntas de esta guía.

    C.- ¿QUÉ CRITERIOS DEBE SEGUIR AL ELABORAR SU COMUNICACIÓN (QUEJA) PARA QUE SEA ADMITIDA Y EXAMINADA?

    Los criterios o normas para ello son:

    1.- La comunicación (queja) no puede ser contraria a los principios de la Carta de las NU (anexo 3) ni mostrar motivaciones políticas.

    2.- Deberá demostrar que su queja se enmarca en un cuadro persistente de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

     NOTA. En el caso cubano ya esto está demostrado y por ello ha sido señalado en 12 ocasiones por violaciones de los derechos humanos en la desaparecida Comisión de DH de NU.

    3.-  Las comunicaciones pueden ser hechas por particulares o grupos que han sido víctimas de violaciones de D H o  tengan “ conocimiento directo y digno de crédito de esas violaciones.” 

    No se admiten comunicaciones anónimas o derivadas de medios de comunicación. Tampoco las que contengan términos ofensivos o comentarios insultantes sobre el Estado contra el que se formula la reclamación.

    Nota: Esto se logra evitando el uso de adjetivos en su comunicación y limitándose a describir los hechos sin enjuiciarlos.

    4.- Para que se examine una comunicación contribuye el que se hayan ¨ agotado los recursos internos ¨ aunque, en el caso cubano, está demostrado ¨ de forma convincente que las soluciones al nivel nacional ¨  resultan ineficaces en la práctica.

    La comunicación debe ser impresa o en letra de molde legible.

    D.- ¿QUÉ ELEMENTOS DEBE INCLUIR SU COMUNICACIÓN (QUEJA)?

    Según la propia resolución 1503 deberá:

      i)  ¨…describir los hechos…¨

    ii)    ¨…indicar el propósito de la petición…¨

    iii)                  señalar ¨…los derechos que hayan sido violados ¨ 

    Nota: Recuerde que por regla general ¨ no se examinaran las comunicaciones que contengan términos ofensivos o comentarios insultantes sobre el Estado contra el que se formula la reclamación.¨

    E.- ¿ A DONDE DIRIGIR LA QUEJA (COMUNICACIÓN) UNA VEZ ELABORADA?

    Ver al final de la guía

    II)                ARRESTOS Y / O DETENCIONES ARBITRARIAS.

    Si la violación consiste en un arresto o detención arbitraria debe dirigir su comunicación al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de Naciones Unidas.

    A.- ¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE EL GTDA?

    El GTDA tiene como objetivo investigar los casos de privación de libertad impuestos de manera arbitraria contraviniendo la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) , el Conjunto de Principios de todas las Personas sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión (1988)  y otros instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados.

    B.- ¿CUÁNDO UN ARRESTO O DETENCIÓN RESULTAN ARBITRARIOS?

    Las personas son sometidas a detención arbitraria:

              por ejercer uno de sus derechos fundamentales garantizados con arreglo a tratados internacionales, tales como su derecho a la libertad de opinión y expresión, su derecho a la libertad de asociación o su derecho a salir  del propio país y regresar a él, proclamados en la DUDH;

              porque – no pudiendo beneficiarse de las garantías fundamentales del derecho a un juicio imparcial – han sido detenidas sin que se dicte una orden de arresto, sin ser acusadas ni juzgadas por una autoridad judicial independiente, o sin tener acceso a un abogado; a veces se mantiene a los detenidos en régimen de incomunicación durante varios meses o años, o incluso indefinidamente;

              o debido a que siguen detenidas aunque se hayan cumplido las medida o sanción que se les había aplicado;

              o por último, debido a la práctica cada vez más difundida y preocupante de la detención administrativa ( privación de libertad sin celebración de juicio de ningún tipo) , sobre todo en el caso de personas que tratan de obtener asilo.

    C.- ¿ QUE HACE EL GTDA CON SU COMUNICACIÓN?

    El Grupo examina las denuncias de casos particulares de supuestas detenciones arbitrarias a fin de establecer si una detención puede considerarse arbitraria. Este Grupo debe presentar un informe anual al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

    D.- ¿QUIÉNES PUEDEN ENVIAR COMUNICACIONES AL GTDA?

    Las comunicaciones podrán ser enviadas por la familia o por el representante de la persona detenida, por organizaciones no gubernamentales, gobiernos u organizaciones intergubernamentales.

    E.-¿CÓMO HACER LA COMUNICACIÓN?

    Los casos deberán presentarse por escrito en letra de molde legible o impresa y deberán contener, en la medida de lo posible, los datos solicitados en el cuestionario oficial encabezado como: MODELO DE CUESTIONARIO QUE DEBERAN CUMPLIMENTAR LAS PERSONAS QUE DENUNCIEN UN ARRESTO O DETENCION ARBITRARIOS. (Anexo  1)

    En caso de no poder acceder al modelo oficial anterior, la información deberá incluir los siguientes datos:

    ·          Identidad de la persona arrestada o detenida.  Nombre y apellidos. Sexo. Fecha de nacimiento. Nacionalidad. Documento de identidad (Número de carné de identidad), Profesión o actividad si hay motivos para creer que el arresto o detención guardan relación con ellas.

    ·          La fecha y el lugar de la detención o el arresto, las fuerzas supuestamente responsables y cualquier otra información disponible.

    ·          Los motivos del arresto, la detención o los delitos alegados por las autoridades.

    ·          La legislación relacionada con el caso.

    ·          Las medidas que se hayan adoptado a nivel nacional para verificar la detención, en especial las peticiones formuladas a las autoridades administrativas y legales; los resultados obtenidos por tales medidas o las razones por las que las mismas resultaron ineficaces o si simplemente no fueron adoptadas.

    ·          Una breve explicación de las razones que inducen a considerar dicho caso como un supuesto de detención arbitraria

    ·          Los datos completos de la persona o personas que presentan la información.

    F.- ¿EN QUE SE DISTINGUEN LOS TERMINOS ARRESTO Y DETENCIÓN Y OTROS  UTILIZADOS?

    Se entiende por:

    ARRESTO –    El acto de aprehender a una persona con motivo de la supuesta comisión de un delito por acto de autoridad.

    DETENCIÓN –   se entiende la condición de las personas detenidas.

    PERSONA DETENIDA – toda persona privada de libertad personal salvo cuando ello haya sido resultado de la condena por razón de un delito.

    PERSONA PRESA – toda persona privada de libertad personal como resultado de la condena por razón de un delito.

    DETENCIÓN ADMINISTRATIVA – privación de libertad sin celebración de juicio de ningún tipo.

    G.-¿A DÓNDE  DIRIGIR LAS COMUNICACIONES?

    Ver al final de la guía.

    III)             VIOLACIONES CONTRA DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.

    Las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales contra los individuos, los grupos y las instituciones que contribuyen a la promoción y el fomento del respeto a dichos derechos y libertades, así como a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los mismos en los pueblos y los individuos, constituyen un tema de especial atención como es expuesto en la “ Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” , aprobada por la Asamblea General de NU en la Resolución 53 / 144 .  (Conocida también como Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos).

    El articulo 1 de dicha Declaración reconoce que “ Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.”

    A.- ¿ A QUIEN SE DEBE ENVIAR LAS COMUNICACIONES DE VIOLACIONES CONTRA DEFENSORES DE DH?

    Estas se enviaran al Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos de las UN en la forma indicada en la pregunta  siguiente.

    B.- ¿QUÉ CRITERIOS DEBE SEGUIR AL ELABORAR LA COMUNICACIÓN?

    La comunicación podrá tener forma de carta o de lista según se ejemplifica en las  columnas A, B y C , contenidas en el anexo 2.  Debe ser confeccionada en letra de molde legible o en forma impresa. Asegúrese que se incluyan todos los datos enumerados en los puntos del 1 al 7 en el anexo 2.

    C. ¿ A DONDE DIRIGIR LAS COMUNICACIONES ?

    Ver al final de la guía

    IV.- EXPULSIONES DE CENTROS DE TRABAJO Y / O ESTUDIO POR CAUSAS POLITICAS O RELIGIOSAS.

    Si Ud., un familiar o allegado suyo han sido expulsados por motivos religiosos o convicciones no concordantes con las de la oficialidad, puede comunicar tal situación al Relator Especial sobre la Libertad de Religión o de Convicciones ( conocido también como Relator Especial sobre la intolerancia religiosa ) de Naciones Unidas.

    Estas comunicaciones también podrán ser puestas a disposición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Amnistía Internacional (AI) y otras organizaciones que forman parte del sistema de las Naciones Unidas o que comparten aspectos de sus respectivas misiones.

    A.- ¿ QUE PERSIGUE EL PROCEDIMIENTO DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA LIBERTAD DE RELIGIÓN O DE CONVICCIONES?

    El Relator Especial sobre la intolerancia religiosa ( y de convicciones) tienen como objetivo examinar los hechos y las actuaciones de los gobiernos de todo el mundo que contravengan las disposiciones de la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones (1981) , y de recomendar las medidas que puedan poner fin a dichas situaciones.

    B.- ¿CUÁNDO PROCEDE COMUNICAR UNA EXPULSIÓN DE CENTROS DE TRABAJO O ESTUDIO POR CAUSAS RELIGIOSAS O POR CONVICCIONES?

    ·          en los casos en que se posean documentos que prueben las causas religiosas o por convicciones de la expulsión;

    ·          cuando existan testigos (más de dos) que sustenten el carácter de las expulsiones por ideas religiosas o convicciones;

    ·          cuando se pueda probar la pertenencia o vínculos con personas o instituciones de ideas discordantes y acciones independientes del Estado de perfil político, religiosos, profesionales, de defensa de derechos humanos o similares, antes o durante la fecha de expulsión.

    C.-¿CÓMO HACER LA COMUNICACIÓN?

    Para ello puede disponer del modelo titulado Víctimas de expulsiones por causas políticas (anexo 3) que pude obtener con promotores de la Corriente Martiana u otros ciudadanos que desarrollan esta estrategia en pos de contribuir al mejoramiento de la situación de DH en Cuba. (Ver lista en anexo 8 ).

    D.- ¿A DÓNDE DIRIGIR LAS COMUNICACIONES?

    Ver al final de la guía.

    V)                 RETENCION DE PERMISOS DE SALIDA DEL PAIS.

    A algunos ciudadanos cubanos se les retiene el denominado permiso de salida (conocido como tarjeta blanca) aún cuando ya poseen visa para un tercer país y más allá del tiempo prudencial asociado a gestiones burocráticas.

    En el inciso 2 del artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos  se  señala:

     ¨ Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. ¨

    En consecuencia con lo anterior, en los casos de retención del permiso de salida por las autoridades cubanas estamos en presencia de una violación institucionalizada y bastante generalizada de lo establecido por la Declaración Universal de DH y además por los incisos 2 y 3 del articulo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

    Si este es su caso o el de un familiar o allegado, podrá comunicar esta violación a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

    A.      ¿ COMO HACER LA COMUNICACION?

    Puede solicitar el modelo a quien le brindó esta guía o de lo contrario ofrecer los siguiente datos en letra de molde legible o de manera impresa. (anexo 4)

    1. Nombres y apellidos.

    2. Edad.                     3. Profesión u oficio

    4. Dirección completa.

        Municipio               Provincia

      5.  Fecha de visado                      6.  País que le concedió la visa.

       7. Organizaciones a que pertenece si fuera procedente.

    Hago constar que los datos anteriores son ciertos,

            ___________________________________                    _______________

                                 Nombre y apellidos                                                       Firma

    B.- ¿A DÓNDE DIRIGIR LA INFORMACIÓN DRINDADA POR UD.?

    Ver al final de la guía.

    VI)              TORTURAS Y PENAS O TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES.  

    La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 39/46 del 10 de diciembre de 1948, que entró en vigor el 26 de junio de 1987, y de la cual el gobierno cubano es firmante, define en su articulo 1:

         “…se entenderá por el término “tortura”todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras , o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean inflingidos por un funcionario publico u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.”

    Y continúa precisando en su artículo 16 que:

       “1.-Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su juridiscción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal  como se define en el artículo 1, cuando estos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de sus funciones oficiales,  o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona.”

    A.- ¿ QUE CASOS CAEN EN ESTAS DEFINICIONES EN CUBA?

    De forma frecuente y públicamente conocidas, se incluyen en esta categoría de violaciones las golpizas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas arrestadas o presas, por parte de funcionarios del Ministerio del Interior, así como tratos indebidos según lo previsto por la propia ley cubana.

    Se incluyen también en dicha  clasificación las víctimas de los denominados ACTOS DE REPUDIO  ejecutados por miembros de las  “Brigadas de Respuesta Rápida” que incluyen en la casi totalidad de los casos a funcionarios públicos, agentes del Ministerio del Interior y otras personas que ejercen funciones oficiales. Estos actos son programados, instigados y consentidos por agentes del Ministerio del Interior, en particular del Departamento de Seguridad del Estado y miembros del Partido Comunista de Cuba.

    B.- ¿CÓMO PUEDEN LAS VICTIMAS, O SUS FAMILIARES O REPRESENTANTES, COMUNICAR VIOLACIONES DE ESTE TIPO?

    En todos los casos incluidos en lo expuesto anteriormente podrá ser utilizado el Modelo de Victimas de Violaciones de los Expuesto en el Artículo 5 de la DUDH en Cuba (anexo 5).

    Para los que han sufrido los denominados Mítines de Repudio, se dispone del Modelo titulado Victimas de Mítines de Re[pudio (anexo 6)

    C.- ¿ A QUIEN ENTREGAR O DIRIGIR LAS COMUNICACIONES EN ESTOS CASOS?

          

    Ver al final de la guía.

                                                              

    VII)           VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIONAR 

    El artículo 63 de la Constitución de la República de Cuba reconoce que:

    “Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado conforme a la ley” 

     

    El Código Penal  (Ley No. 62/87) en su articulo 292.1 establece que:

    “Se sanciona con privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas al que, con infracción de las disposiciones legales:

    c) impida u obstaculice que una persona dirija quejas y peticiones a las autoridades.”  

    Y en el inciso 2:

    “Si el delito se comete por un funcionario público, con abuso de su cargo, la sanción es de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas.” 

    Si en su caso, o el de un familiar o allegado, ha dirigido quejas o peticiones a las autoridades y no ha recibido respuesta, no solo se ha cometido una violación de la ley nacional según lo expuesto más arriba sino, además, le ha sido violado el derecho universalmente reconocido de peticionar como puede ser comprobado en instrumentos de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.     

    A.- ¿QUÉ HACER ANTE TAL VIOLACIÓN?

    Ante tal situación podrá llenar el modelo titulado “Violaciones al derechos de dirigir quejas y peticiones a las autoridades en Cuba y recibir respuesta conforme a la ley”   (Anexo 7 )

    B.- ¿A DÓNDE DIRIGIR LA COMUNICACIÓN?

    i)    A alguno de los ciudadanos colaboradores  relacionados en el Anexo 8

    ii)  Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

          Por fax :  +41 22 917 90 06

          Por correo ordinario a:

                                                Oficina Central de Respuesta Rápida

                                                 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

                                                 Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

                                                 8-14 Avenue de la Pix

                                                 1211 Ginebra

                                       Suiza

    NOTA: Estas direcciones son  válidas  para  todos los casos   tratados en la presente guía. 

     

    La presente guía fue concebida y elaborada por el Profesor Asistente Moisés Leonardo Rodríguez Valdés y contó además con la revisión, evaluación y recomendaciones de:

    Amarilis Cortina Rey                                                                          Periodista

    Lcdo. José Antonio Fornaris Ramos                                                   Periodista

    Lcdo. Richard Roselló Socorro                                                           Periodista

    Lcdo. Delfín Leyva Avila                                                                  Periodista

    Prof. María Elena Mir Marrero                                                         Bibliotecaria y Sindicalista.

    Alejandro Sánchez Zaldívar                                                               Sindicalista

    Especial agradecimiento enviamos a los contribuyentes de Estados Unidos de Norteamérica que hacen posible la existencia del Centro de Recursos Informativos de la Oficina de Intereses de los EU en Cuba.  Es este Centro el que nos permitió el acceso a Internet para obtener todos los materiales de  Naciones Unidas y otros organismos que posibilitaron la confección de la presente guía y que en casos constituyen anexos de la misma. Gracias a los empleados del centro que tanto nos asistieron en este empeño.  Dios bendiga a América.

                                                                                                                                                                        ANEXO 1

    MODELO DE CUESTIONARIO QUE DEBERÁN CUMPLIMENTAR LAS PERSONAS QUE DENUNCIEN UN ARRESTO O DETENCIÓN ARBITRARIOS7/
     

     I.  Identificación de la persona arrestada o detenida

    1. Apellidos:  …………………………………………………. 2. Nombre:  ……………………………………………………. 3. Sexo:   (M)   (F)

    4. Fecha de nacimiento o bien edad (en el momento de la detención):
    ………………………………………………………………………………………..

      5. Nacionalidad(es): ……………………………………………………………..

    6. a) Documento de identidad, cuando proceda: ………………………………………………………….
    b) Expedido por: …………………………………………………………………………………………………

    c) En fecha: ………………………………………………………………………………………………………

    d) Número: ………………………………………………………………………………………………………..

    6. Profesión y/o actividad (si hay motivos para creer que el arresto o detención guardan relación con ella(s)):
    ……………………………………………………………………………….

     
    7. Dirección habitual:
    ……………………………………………………………………………….
     

     II.  Arresto8/

    1. Fecha del arresto: …………………………………………………..
      2. Lugar en que se efectuó el arresto (lo más detalladamente posible):

    ……………………………………………………………………………….

     3. Servicios que efectuaron el arresto (o que se presume fueron sus autores:
    ……………………………………………………………………………….

      4. ?Presentaron un mandamiento u otro tipo de decisión emitido por una autoridad pública?
    (Sí) ……….    (No)……….

    5. Autoridad de la que emana el mandamiento o la decisión:
    ……………………………………………………………………………….

     
    6. Disposiciones legislativas aplicadas (si se las conoce):  ……………………………………………………………………………….

     III.  Detención8/

    1. Fecha de la detención: ………………………………………..
     2. Duración de la detención (si no se la conoce, duración probable):

    …………………………………………………………………………………….

      3. Autoridad que ordenó la detención:  …………………………….

      4. Lugar de detención (indicar todo traslado y el lugar actual de detención):

     5. Autoridad que ordenó la detención:

    6. Hechos aducidos por las autoridades como motivantes de la detención:
    ……………………………………………………………………………….

     
    7. Disposiciones legislativas aplicadas (si se las conoce):
    ……………………………………………………………………………….

     

     IV.  Describa los pormenores del arresto y/o la detención, y
     exponga las razones concretas por las que considera que la
     privación de libertad a que se alude es arbitraria
    9/

     V.  Indique las medidas tomadas en el país, comprendidos los recursos
     internos interpuestos, particularmente ante la judicatura o
     las autoridades administrativas, y especialmente las
     encaminadas a hacer verificar la detención, así como sus
     resultados, si hubieren dado alguno, o las razones por
     las cuales no han dado resultado o no se tomaron

     VI.  Apellidos, nombre y dirección de la(s) persona(s) que presente(n)
    la información si es posible, número de teléfono y de fax
    10/

    ……………………………………………………………………………….
     

    Fecha: ……………………………      Firma:……………………………
     
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                           ANEXO  2

    INFORMACIÓN ESENCIAL:

    1.- Nombre de las presuntas víctimas : Asegurarse de que el nombre y los apellidos son exactos. Las víctimas pueden ser individuos, grupos u organizaciones.

    2.- Condición de la víctima de defensor de los derechos humanos: ¿Qué actividad de derechos humanos desarrolla la víctima ( persona(s), organización)?

    3.- Presunta(s) violación (es) cometidas contra la víctima: ¿Qué ocurrió? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuál es la situación actual?

    4.- Autores: Proporcionar cualquier información disponible sobre la violación: por ejemplo, dos hombres (¿de uniforme?); graduación, unidad u otra identificación o título.

    5.-  Medidas adoptadas por las autoridades : ¿Se ha comunicado el asunto a las autoridades competentes? ¿Qué medidas se  han adoptado?

    6.-  Conexión entre la violación y la labor de derechos humanos: ¿Por qué considera que la presunta violación está relacionada con la labor que desarrolla la víctima en materia de derechos humanos?

    7.- ¿Quién presenta esta información? : (Confidencial) Indicar el nombre y los datos de contacto. Debe indicarse también la actividad profesional si procede.

    Actualización : Sírvase enviar lo antes posible cualquier información actualizada de que dispongan. Es especialmente importante saber si se ha producido algún cambio en la situación de la víctima. Puede proporcionarse información actualizada cuando:  – se posea información adicional ( por ejemplo, la identidad del autor)

                                      – se hayan producido nuevos hechos ( por ejemplo, la víctima ha sido puesta en libertad).

                                                                                                                                                                     ANEXO 3

    VICTIMAS DE EXPULSIONES POR CAUSAS POLÍTICAS

                                        (Llénese con letra de molde y legible, por favor.)

    1. NOMBRE(S) Y APELLIDOS.___________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________________

    2. SEXO M____ F _____    3. EDAD _______años.    4.CI ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

    5. CATEGORÍA OCUPACIONAL.

    CAMPESINO ___ OBRERO ___ TEC. MEDIO ___ PROFESIONAL ___ ESTUDIANTE ___ OTRA ___

    6. TITULOS QUE POSEE ________________________________________________________________

    7. DIRECCIÓN PARTICULAR ___________________________________________________________

    __________________________MUNICIPIO___________________PROVINCIA___________________

    8. FECHA DE EXPULSIÓN ______________________________________________________________

    9. MOTIVO DE LA EXPULSIÓN _________________________________________________________

       

       RESOLUCIÓN QUE SE LE APLICO ____________________________________________________

    10. NOMBRE DEL CENTRO DEL QUE FUE EXPULSADO ___________________________________

    ___________________________________SECTOR___________________________________________

    MINISTERIO__________________________________________________________________________

    11. SALARIO MENSUAL QUE DEVENGABA ______________________________________________

    12. ¿TRABAJA ACTUALMENTE?  SI _________NO ________

    13. ¿EN QUE, SI LO HACE? _____________________________________________________________

    14. SALARIO MENSUAL QUE DEVENGA AHORA _________________________________________

    15. NUMERO DE PERSONAS A SU CARGO _______________________________________________

    16. ORGANIZACIONES A QUE PERTENECE : _____________________________________________

    17. ¿HA ESTADO PRESO? SI ____ NO ____    MOTIVO ______________________________________

    CAUSA No. _____________________________TIEMPO CUMPLIDO ___________________________

    18. ¿DESEA SALIR DEL PAIS? SI _____ NO _____ ¿HA INICIADO TRAMITES? SI _____ NO _____

    Declaro bajo juramento que los datos anteriores son ciertos y autorizo a que mi caso sea tramitado conforme a derecho por vías nacionales e internacionales procedentes.

                                                                                                                     FIRMA DEL EXPULSADO

    Datos del colector:

                                                                                                                                ANEXO 4

    Artículo 13 de la DUDH. Víctimas de su violación.

    1. Nombres y apellidos.

    2. Edad.                     3. Profesión u oficio

    4. Dirección completa.

                                                    Municipio               Provincia

      5.  Fecha de visado                      6.  País que le concedió la visa.

       7. Organizaciones a que pertenece si fuera procedente.

    Hago constar que los datos anteriores son ciertos,

            ___________________________________                    _______________

                                 Nombre y apellidos                                                       Firma

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                          ANEXO 5

    Víctimas de violaciones de lo expuesto en el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en Cuba.

    Artículo 5.   “Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”

    A.- Datos generales de la víctima

    1.        Nombres y apellidos :

    2.        Edad                                    3. Profesión u oficio

    3.        Dirección completa

           

         Municipio                                                 Provincia

    4.        Teléfono

    B.- Su opinión es que ha sido sometido a:

                           (marque con una cruz su elección)

        Torturas  ___Tratos crueles __Tratos inhumanos __Tratos degradantes___

    durante los hechos que a continuación describo bajo declaración jurada:

    Fecha:                               Lugar:                                                        

    Los hechos consistieron en :  (Describir sin dar opiniones o valoraciones. Incluir las respuestas a las preguntas de qué, cuándo, dónde, cómo, quienes, por qué, para qué y otros datos relevantes)

    ¿Presenciaron lo acontecido personas que estén dispuestas a testimoniar?

    Si es así, consigne sus datos a continuación.

      Nombres y apellidos                         Dirección                                    Firma

                                                                                                                                                                

    C.- Datos complementarios.

    1.        ¿Pertenece a alguna institución de la sociedad civil no reconocida     

           oficialmente?        SI _____   NO  _____

              ¿ A cuáles?

         2.  ¿Ha solicitado refugio político?   SI ___  NO ____

              Esta solicitud está asociada a los hechos descritos?  SI ___ NO  ____

    Lo comunicado por mi en la presente se ajusta a los hechos fielmente y por ello lo declaro BAJO JURAMENTO,  a los _______días del mes de ________________del 20 ____.

    Nombre y apellidos :

                                                                                             

                                                                                      ____________________

                                                                                                  Firma.

    DATOS DEL COLECTOR DE LA INFORMACION.

    Nombres y apellidos.          Dirección completa            Firma

                                                                                                                        

                                                                                                                                 ANEXO 6

    CONTROL DE VICTIMAS DE MITINES DE REPUDIO

    Fecha del mitin de repudio ______ de _____________________________del _______

    Nombre completo de la víctima del mitin: ____________________________________
    _______________________________________________________________________

    Dirección en que se efectuó el mitin: ________________________________________

    _______________________________________________________________________

    Municipio __________________________________Provincia____________________

    Cantidad aproximada de personas que participaron ______________________

    ¿Conoce a quienes le repudiaron?          A todos _____ A  la mayoría ____ A una pequeña parte de ellos ____ A nadie _____ 

    ¿Había vecinos de su cuadra en el grupo?

     Todos ___  Pocos ____ Muy pocos ____  Ninguno ____ ¿Cuántos  más o menos? ___­­­

    ¿Trajeron a los que le repudiaron en vehículos? A todos ___ A una parte ___

    ¿Qué tipo de vehículos?  ______________________________________________

    ¿Tomo la matricula (chapa) de alguno ¿Cuál(es) era(n)? ______________________

    ¿Fueron vistos en las cercanías durante o antes del mitin:

    a)       Agentes de la policía?  SI __ NO __

    b)       Agentes de la seguridad del estado? SI __ NO __

    c)        Dirigentes estatales, partidistas o de organizaciones de masas? SI __ NO __

    ¿Quiénes fueron testigos de este acto represivo? Diga nombre y direcciones si es posible?

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Tiempo aproximado de duración del mitin _____________________horas

    Durante ___________días

    ¿Penetraron en su domicilio los del grupo que le repudio?  SI ___  NO ___

    ¿Tiraron objetos contundentes contra su vivienda?  SI ___ NO ___

    ¿Qué objetos?  ___________________________________________________________

    ¿Posee fotos del acto de repudio? SI ___ NO ___

    ¿Gritaron ofensas contra su persona? SI ____ NO ____

    ¿Profirieron ofensas contra su familia? SI ___ NO ____

    ¿Ofendieron a otros disidentes u opositores que se relacionan con Ud.? SI ___ NO ___

    ¿Puede señalar cuales fueron estos últimos(los disidentes ofendidos)?

    ________________________________________________________________________

    ¿A que organizaciones de oposición Ud. pertenece?

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    ¿Se le acercaron vecinos y otros conocidos a darle muestras de solidaridad y rechazo al proceder oficial? SI ____ NO ____

    ¿Cuántas  personas aproximadamente? __________________________________

    Declaro bajo juramento que los datos brindados son ciertos y para ello firmo la presente el día ___del mes de ______________________________de ___________

                                                                                                             

                                                                                    ______________________________

                                                                                                         Firma

                                                                                                                                 ANEXO  7

    VIOLACIONES AL DERECHO DE DIRIGIR QUEJAS Y PETICIONES A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN CUBA Y RECIBIR RESPUESTA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

    -Asunto de la queja o petición:

    -Institución a la que se dirigió la queja o petición:

    -Funcionario a quien fue dirigida:

                                                                       

    -Fecha en que fue presentada:

    -Datos de quien firmó la queja o petición:

        * Nombre y apellidos:  

         *Dirección particular:

    -¿Recibió respuesta conforma a ley?  SI _____NO ____

    -¿Satisfizo su demanda dicha respuesta?    SI____     NO____    Fundamente por qué:

    Esta información ha sido brindada por:

    Nombre y apellidos:

    Dirección particular:

    ________________________________________

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    NOTA :  Si no pudiera acceder a los modelos originales, puede utilizar lo indicado en los anexos para brindar la información mínima señalada y, si no pudiera contactar a alguno de los que laboran en esta metodología en Cuba, puede enviar su comunicación a la dirección señalada en la nota al final de la guía o por vía fax. Sugerimos que los envíos postales los realice desde un tercer país con algún conocido.

    El derecho a sufragio femenino en España-derechos de las mujeres

    Lee el texto de abajo sobre el sufragio femenino en España y después responde a estas preguntas:

    1. Explica los dos planteamientos que separaron a las feministas españolas en 1931 a la hora de votar en las Cortes Constituyentes el derecho de sufragio femenino. ¿Es el sufragio femenino una conquista de los partidos de izquierda o de derecha?

    2. ¿Qué grupos políticos votaron a favor del sufragio femenino en España?

    3. Qué hubieras hecho tu en la Segunda República para ampliar las libertades evitando comportamientos contrarios a los derechos humanos y que la Segunda República permitió (quemas de iglesias, alborotos callejeros, injusticias sociales, asesinatos despiadados, persecución de católicos y sacerdotes, incautaciones de bienes, expropiaciones injustas, etc….)   

     LA CONQUISTA DEL VOTO FEMENINO EN ESPAÑA
     

    Pese a los esfuerzos de las primeras sufragistas españolas,  la concesión del voto femenino en nuestro país no puede ser atribuida a la presión de los grupos feministas o sufragistas. Si bien la movilización sufragista había alcanzado por primera vez cierta resonancia social, el sufragio femenino fue otorgado en el marco de las reformas introducidas en la legislación de la Segunda República española (1931-1936) por contraste con las severas injusticias y marginaciones ejercidas sobre otros colectivos que la Segunda República promovió. 

    El proceso fue por tanto bastante paradójico y a la luz del resto de la legislación republicana del momento no puede hablarse de un ejercicio de ampliación de libertades generales sino más bien de un programa de conveniencia para instaurar la imposición y la persecución de otros colectivos.


    Un equivocado y antidemocrático planteamiento llevó inicialmente a los politicos de izquierdas a pensar que la mayoría de las mujeres eran profundamente conservadoras. Su participación electoral devendría inevitablemente en un fortalecimiento de las fuerzas de derecha. Este planteamiento llevó a mediocres feministas, aunque muy activistas, como la socialista Margarita Nelken (1898-1968) y a la radical e integrista socialista Victoria Kent (1897-1987), diputadas ambas en las Cortes Constituyentes de 1931, a rechazar la concesión del sufragio femenino. Así se escribe la historia y este era el sectarismo de nuestras antepasadas feministas de izquierdas. En su opinión, las mujeres todavía no estaban preparadas para asumir el derecho de voto, y su ejercicio siempre sería en beneficio de las fuerzas más conservadoras y, por consecuencia, fueron más partidarias de mantener a la mujer en su situación.
    Clara Campoamor (1888-1972), también diputada y miembro del Partido Radical, sí asumió una defensa del derecho de sufragio femenino al margen de los sectarismo típicos de la izquierda feminista de aquel entonces. Argumentó en las Cortes Constituyentes que los derechos del individuo exigían un tratamiento legal igualitario para hombres y mujeres y que, por ello, los principios democráticos debían garantizar la redacción de una Constitución republicana basada en la igualdad y en la eliminación de cualquier discriminación de sexo. Desgraciadamente no tuvo la misma visión amplia a la hora de condenar a otros colectivos y de marginar a grupos sociales que eran contrarios a sus ideas.

    Al final triunfaron las tesis sufragistas por 161 votos a favor y 121 en contra. En los votos favorables se entremezclaron diputados de todos los orígenes, movidos por muy distintos objetivos. Votaron a favor los socialistas con alguna excepción, algunos pequeños grupos republicanos, y todos los partidos de derecha.

    La Constitución de 1931 resume este derecho en el siguiente artículo:

    Artículo 36
    “Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismo derechos electorales conforme determinen las leyes.”

    La Constitución republicana perdió pie sin embargo al tratar de extender los derechos al resto de instituciones: lo hizo siempre de forma injusta y mediatizada, sin atender en absoluto a las demandas sociales. Ejemplo de ello fue la legislación relacionada con la familia desde una perspectiva autoritaria a la vez que libertaria, muy en contraste con el pensamiento social de la época. La ley del divorcio (1932) no encontró en realidad gente necesitada de divorciarse.  El tono amenazante de la República, las injusticias, la violencia y la permisividad del gobierno con los que impunemente dejaron de respetar los derechos humanos más elementales puso en entredicho los posibles ejercicios de democracia que pudieran haberse realizado. Como es sabido, esta política permisivista con los alborotadores devino en persecuciones y matanzas, especialmente a los católicos, y sembraron la inmediata división que terminó en el desastre de la guerra civil.

    Educación para la ciudadanía – convención de Naciones Unidas para eliminar la discriminación de la mujer

    NACIONES UNIDASCONVENCION SOBRE LA ELIMINATION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER

    Los Estados Partes en la presente Convención, Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos del hombre y la mujer,

    Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo,

    Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicío a su país y a la humanidad,

    Preocupados
    por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades,

    Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer,

    Subrayando que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo, de discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos internos de los Estados es indispensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre y de la mujer,

    Afirmando
    que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el alivio de la tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los Estados con independencia de sus sistemas sociales y económicos, el desarme general y completo y, en particular, el desarme nuclear bajo un control internacional estricto y efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, la igualdad y el provecho mutuo en las relaciones entre países y la realización del derecho de los pueblos sometidos a dominación colonial y extranjera o a ocupación extranjera a la libre determinación y la independencia, así como el respeto de la soberanía nacional y de la integridad territorial, promoverán el progreso y el desarrollo sociales y, en consecuencia, contribuirán al logro de la plena igualdad entre el hombre y la mujer,

    Convencidos
    de que la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz,

    Teniendo presentes
    el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la función de los padres en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación sino que la educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto,

    Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia,

    Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones,

    Han convenido en lo siguiente:

    PARTE I

    Artículo 1

    A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
    Artículo 2

    Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
    a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;
    b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;
    c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;
    d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;
    e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
    f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;
    g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.
    Artículo 3

    Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.
    Artículo 4

    1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.
    2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria.
    Artículo 5

    Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
    a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;
    b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.

    Artículo 6

    Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.
    PARTE II

    Artículo 7

    Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:
    a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
    b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;
    c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.
    Artículo 8

    Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales.
    Artículo 9

    1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge.
    2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos.

    PARTE III

    Artículo 10

    Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
    a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica y profesional, incluida la educación técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional;
    b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, personal docente del mismo nivel profesional y locales y equipos escolares de la misma calidad;
    c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza;
    d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios;
    e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia de conocimientos que exista entre hombres y mujeres;
    f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente;
    g)
    Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física;
    h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluidos la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia.
    Artículo 11

    1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:
    a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;
    b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;
    c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico;
    d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;
    e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas;
    f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.
    2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:
    a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil;
    b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales;
    c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños;
    d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.
    3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según corresponda.
    Artículo 12

    1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.
    2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.
    Artículo 13

    Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:
    a) El derecho a prestaciones familiares;
    b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero;
    c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural.
    Artículo 14

    1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer de las zonas rurales.
    2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:
    a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles;
    b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia;
    c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;
    d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica;
    e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena;
    f) Participar en todas las actividades comunitarias;
    g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento;
    h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.
    PARTE IV

    Artículo 15

    1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley.
    2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.
    3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo.
    4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.
    Artículo 16

    1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
    a) El mismo derecho para contraer matrimonio;
    b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento;
    c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución;
    d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;
    e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos;
    f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;
    g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación;
    h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso.
    2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial.

    PARTE V

    Artículo 17

    1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente Convención, se establecerá un Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (denominado en adelante el Comité) compuesto, en el momento de la entrada en vigor de la Convención, de dieciocho y, después de su ratificación o adhesión por el trigésimo quinto Estado Parte, de veintitrés expertos de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la Convención. Los expertos serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales, y ejercerán sus funciones a título personal; se tendrán en cuenta una distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así como los principales sistemas jurídicos.
    2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar una persona entre sus propios nacionales.
    3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a presentar sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los Estados Partes que las han designado, y la comunicará a los Estados Partes.
    4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes que será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas. En esta reunión, para la cual formarán quórum dos tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.
    5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección el Presidente del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve miembros.
    6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2, 3, y 4 del presente artículo, después de que el trigésimo quinto Estado Parte haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella. El mandato de dos de los miembros adicionales elegidos en esta ocasión, cuyos nombres designará por sorteo el Presidente del Comité, expirará al cabo de dos años.
    7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya cesado en sus funciones como miembro del Comité designará entre sus nacionales a otro experto a reserva de la aprobación del Comité.
    8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General, percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que la Asamblea determine, teniendo en cuenta la importancia de las funciones del Comité.
    9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud de la presente Convención.
    Artículo 18

    1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las Naciones Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y sobre los progresos realizados en este sentido:
    a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado de que se trate; y
    b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el Comité lo solicite.
    2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Convención.

    Artículo 19

    1. El Comité aprobará su propio reglamento.
    2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.

    Artículo 20

    1. El Comité se reunirá normalmente todos los años por un período que no exceda de dos semanas para examinar los informes que se le presenten de conformidad con el artículo 18 de la presente Convención.
    2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en cualquier otro sitio conveniente que determine el Comité.
    Artículo 21

    1. El Comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes. Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del Comité junto con las observaciones, si las hubiere, de los Estados Partes.
    2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes del Comité a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para su información.
    Artículo 22

    Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de las disposiciones de la presente Convención que correspondan a la esfera de las actividades. El Comité podrá invitar a los organismos especializados a que presenten informes sobre la aplicación de la Convención en las áreas que correspondan a la esfera de sus actividades.

    PARTE VI

    Artículo 23

    Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición alguna que sea más conducente al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y que pueda formar parte de:
    a) La legislación de un Estado Parte; o
    b) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese Estado.

    Artículo 24

    Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la presente Convención.
    Artículo 25

    1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.
    2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario de la presente Convención.
    3. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
    4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

    Artículo 26

    1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá formular una solicitud de revisión de la presente Convención mediante comunicación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
    2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en caso necesario, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud.
    Artículo 27

    1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.
    2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.
    Artículo 28

    1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión.
    2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente Convención.
    3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación a estos efectos dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a todos los Estados. Esta notificación surtirá efecto en la echa de su recepción.
    Artículo 29

    1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o aplicación de la presente Convención que no se solucione mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.
    2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado esa reserva.
    3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.
    Artículo 30

    La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
    EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, firman la presente Convención.

    Derecho a la información de la mujer: el síndrome post aborto

    Dada la extrema frecuencia del aborto «legal» –26 millones al año en el mundo–, es sorprendente que «todavía hoy no se tomen adecuadamente en consideración los efectos que la “interrupción voluntaria del embarazo” [IVE] determina en la psiquis de la mujer».

    Es la alerta de dos especialistas, el profesor Tonino Cantelmi –psiquiatra y psicoterapeuta- y Cristina Carace –psicóloga clínica–, en una intervención acerca del síndrome post-aborto.

    Autores de publicaciones sobre la materia y responsables del Centro para el Tratamiento del Síndrome Post-aborto –con sede en Roma–, los dos advierten de que cada vez se está evidenciando más –científicamente— la repercusión aborto en la aparición de trastornos psicológicos.

    Los efectos psicológicos del aborto «son extremadamente variables y no parecen estar determinados por la educación recibida o por el credo religioso», apuntan.

    «La reacción psicológica al aborto espontáneo y al aborto voluntario es distinta»; está relacionada –aclaran— con las características de cada uno de estos sucesos: «el aborto espontáneo es un evento imprevisto e involuntario, mientras que la IVE [aborto provocado interrumpiendo el desarrollo del embrión o del feto y extrayéndolo del útero materno] contempla la responsabilidad consciente de la madre».

    Decisión irreversible en plena vulnerabilidad de madre e hijo
    «El embarazo es un momento extremadamente delicado en la vida de una mujer», caracterizado «por una vivencia psíquica y emocional muy particular, pues desde el momento de la concepción se verifican en la mujer una serie de cambios no sólo físicos, sino sobre todo psicológicos», recuerdan Cantelmi y Carace.

    Y es que «convertirse en madre presupone una adecuación de la propia identidad en el paso del papel de hija al de madre», un proceso que «comienza con la concepción» y que tienen muchos momentos de «gratificación y entusiasmo», pero «inevitablemente también de sentimientos de angustia».

    En conjunto, en la futura madre ello indica «mayor necesidad de seguridad y de afecto para poder trabajar la ansiedad que acompaña este proceso transformador que lleva a la mujer a abandonar una condición conocida para afrontar otra completamente nueva», apuntan los especialistas.

    También de lo anterior se deduce el impacto y la crisis que puede representar en la vida de una mujer descubrir que se espera un niño «cuando esto sucede en condiciones poco favorables», añaden psiquiatra y psicóloga.

    «El vínculo madre-feto comienza inmediatamente después de la concepción también en las mujeres que proyectan abortar –recalcan–, en cuanto que los procesos psicológicos sustantivos a esta relación precoz son inconscientes y van más allá del control consciente de la madre».

    Así, «una mujer, frente a la elección de llevar a término o no el embarazo, vive sentimientos ambivalentes y extremadamente dolorosos que la dejan muy vulnerable a cualquier influencia, tanto interna como externa», subrayan.

    «La fragilidad psicológica en la que se encuentra, de hecho, la lleva a tener menos confianza en aquello que piensa y en la capacidad de lograr tomar la decisión adecuada; por esto se verifican, con demasiada frecuencia –constatan–, situaciones en las que padres, compañeros, amigos, personal sanitario u otras figuras significativas pueden tener una grandísima influencia en la decisión final».

    Así que, «pensando que abortar puede ayudarle a sentirse mejor» o puede contribuir «a volver a poner las cosas en su sitio», la mujer «se puede encontrar con que toma una decisión que no se corresponde a una elección consciente y que sucesivamente puede provocar graves sentimientos de arrepentimiento», explican.

    El «día después» del aborto voluntario

    Ambos especialistas concuerdan en que, inmediatamente después del aborto, la mujer puede experimentar una reducción de los niveles de ansiedad, pues decae el elemento ansiógeno constituido por un embarazo indeseado; pero sucesivamente «muchísimas mujeres viven una ansiedad mayor, presentando trastorno de estrés post-traumático, depresión y mayor riesgo de suicidio y abuso de sustancias».

    «Estos trastornos se deben a un profundo sufrimiento que atenaza a la mujer que ha abortado voluntariamente y pueden manifestarse también bastante tiempo después del aborto, para luego durar a veces varios años», confirman.

    El rasgo traumático del aborto voluntario procede del hecho –puntualizan– de que «cuando la mujer descubre que espera un niño no lo considera sólo un “embrión” o un “montón de células”, sino el propio hijo, un ser humano pequeño e indefenso que está creciendo dentro de su propio cuerpo, de forma que abortar significa permitir que se mate de manera voluntaria el propio niño».

    Un porcentaje considerable de mujeres que han abortado desarrolla el trastorno de estrés postraumático, cuyos síntomas son «recuerdos desagradables, recurrentes e intrusivos de la IVE que se manifiestan en imágenes, pensamientos o percepciones; sueños desagradables y recurrentes del suceso; sensación de revivir la experiencia del aborto a través de ilusiones, alucinaciones y episodios disociativos en los que a través del “flashback” resurge el recuerdo; malestar psicológico intenso a la exposición de factores desencadenantes internos o externos que simbolizan o se asemejan a algún aspecto del evento traumático, como el contacto con recién nacidos, mujeres embarazadas, volver al lugar donde se practicó la IVE o someterse a una exploración ginecológica; evitación persistente de todo estímulo que pueda asociarse con el aborto», enumeran los especialistas.

    Ya se empiezan a definir estos trastornos como «síndrome post-aborto» –subrayan–, que muy frecuentemente además «evoluciona en una vivencia de dolor y temor que determina cambios en el comportamiento sexual, depresión, incremento o inicio de consumo de alcohol u otras drogas, cambios del comportamiento en la alimentación, trastornos somáticos, aislamiento social, trastornos de ansiedad, pérdida de autoestima, ideación suicida e intentos de suicidio».

    «Todos estos trastornos pueden manifestarse también varios meses después de la intervención, en el aniversario de la IVE o en el del hipotético nacimiento del niño», sin olvidar que las mujeres que han abortado anteriormente «pueden seguir teniendo sentimientos de culpa o depresión ligados a tal aborto, incluso durante los embarazos sucesivos», advierten el profesor Cantelmi y la psicóloga Carace.

    Constitución Española y ciudadanía

     Lo mejor para hablar de Educación para la ciudadanía y Constitución es tener antes el texto de la Constitución para descubrir los derechos y deberes de los ciudadanoa. Aquí está la Constitución:

    DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, A TODOS LOS QUE LA PRESENTE
    VIEREN Y ENTENDIEREN,
     
    SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL
    RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN:PREÁMBULO
    La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

    Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

    Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

    Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

    Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

    Establecer una sociedad democrática avanzada, y

    Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

    En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente

    CONSTITUCIÓN

    TÍTULO PRELIMINAR

    Artículo 1
    1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
     
    2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

    3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

    Artículo 2
    La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

    Artículo 3
    1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

    2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

    3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

    Artículo 4
    1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

    2. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

    Artículo 5
    La capital del Estado es la villa de Madrid.

    Artículo 6
    Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

    Artículo 7
    Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

    Artículo 8
    1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
     
    2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.

    Artículo 9
    1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

    2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

    3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

    TÍTULO I
    De los derechos y deberes fundamentales

    Artículo 10
    1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

    2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España.

    CAPÍTULO PRIMERO
    De los españoles y los extranjeros

    Artículo 11
    1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.

    2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.

    3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aún cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

    Artículo 12
    Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

    Artículo 13
    1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.

    2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

    3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de una ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

    4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

    CAPÍTULO SEGUNDO
    Derechos y libertades

    Artículo 14
    Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
    Sección primera.

    De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

    Artículo 15
    Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

    Artículo 16
    1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

    2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

    3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

    Artículo 17
    1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

    2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

    3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales, en los términos que la ley establezca.

    4. La ley regulará un procedimiento de “habeas corpus” para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

    Artículo 18
    1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

    2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

    3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

    4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

    Artículo 19
    Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.
    Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

    Artículo 20
    1. Se reconocen y protegen los derechos:

    a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

    b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

    c) A la libertad de cátedra.

    d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

    2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

    3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

    4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

    5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

    Artículo 21
    1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará de autorización previa.

    2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

    Artículo 22
    1. Se reconoce el derecho de asociación.

    2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.

    3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.

    4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.

    5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

    Artículo 23
    1. Los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

    2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

    Artículo 24
    1. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

    2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia al letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

    La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

    Artículo 25
    1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

    2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

    3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

    Artículo 26
    Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.

    Artículo 27
    1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

    2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

    3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

    4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

    5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

    6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

    7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

    8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

    9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

    10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

    Artículo 28
    1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

    2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

    Artículo 29
    1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

    2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

    Sección segunda.
    De los derechos y deberes de los ciudadanos

    Artículo 30
    1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.

    2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.

    3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.

    4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

    Artículo 31
    1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

    2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

    3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

    Artículo 32
    1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.

    2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

    Artículo 33
    1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

    2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.

    3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

    Artículo 34
    1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.

    2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.

    Artículo 35
    1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

    2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

    Artículo 36
    La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

    Artículo 37
    1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.

    2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

    Artículo 38
    Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

    CAPÍTULO TERCERO
    De los principios rectores de la política social y económica

    Artículo 39
    1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

    2. Los poderes públicos aseguran asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiacion, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.

    3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en los que legalmente proceda.

    4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

    Artículo 40
    1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

    2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales, velaran por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

    Artículo 41
    Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

    Artículo 42
    El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.

    Artículo 43
    1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
    2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

    3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

    Artículo 44
    1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

    2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

    Artículo 45
    1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

    2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

    3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

    Artículo 46
    Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

    Artículo 47
    Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
    La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

    Artículo 48
    Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

    Artículo 49
    Los poderes públicos realizaran una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.

    Artículo 50
    Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

    Artículo 51
    1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

    2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca

    3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

    Artículo 52
    La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

    CAPÍTULO CUARTO
    De las garantías de las libertades y derechos fundamentales

    Artículo 53
    1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a)

    2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

    3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

    Artículo 54
    Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

    CAPÍTULO QUINTO
    De la suspensión de los derechos y libertades

    Artículo 55
    1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.

    2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

    La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

    TÍTULO II
    De la Corona

    Artículo 56
    1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

    2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.

    3. La persona del Rey de España es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65,2.

    Artículo 57
    1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

    2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.

    3. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona que más convenga a los intereses de España.

    4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.

    5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.

    Artículo 58
    La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

    Artículo 59
    1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.

    2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.

    3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.

    4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.

    5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

    Artículo 60
    1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

    2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.

    Artículo 61
    1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.

    2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey.

    Artículo 62
    Corresponde al Rey:

    a) Sancionar y promulgar leyes.

    b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.

    c) Convocar a referéndum en los casos previstos en los casos previstos en la Constitución.

    d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.

    e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.

    f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.

    g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.

    h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.

    i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.

    i) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

    Artículo 63
    1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él.

    2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.

    3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

    Artículo 64
    1. Los actos del rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.

    2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

    Artículo 65
    1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.

    2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.

    TÍTULO III
    De las Cortes Generales

    CAPÍTULO PRIMERO
    De las Cámaras

    Artículo 66
    1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.

    2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.

    3. Las Cortes Generales son inviolables.

    Artículo 67
    1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.

    2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.

    3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.

    Artículo 68
    1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.

    2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.

    3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.

    4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

    5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.
    La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.

    6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

    Artículo 69
    1. El Senado es la Cámara de representación territorial.

    2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.

    3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y uno a cada uno de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.

    4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.

    5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.

    6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

    Artículo 70
    1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán en todo caso:

    a) A los componentes del Tribunal Constitucional.
     
    b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno.

    c) Al Defensor del Pueblo.

    d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.

    e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.

    f) A los miembros de las Juntas Electorales.

    2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral.

    Artículo 71
    1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

    2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

    3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

    4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.

    Artículo 72
    1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.

    2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.

    3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.

    Artículo 73
    1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo de febrero a junio.

    2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado.

    Artículo 74
    1. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales.

    2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94,1, 145,2 y 158,2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.

    Artículo 75
    1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones.

    2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación.

    3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.

    Artículo 76
    1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

    2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.

    Artículo 77
    1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.

    2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan.

    Artículo 78
    1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.

    2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieran sido disueltas o hubiere expirado su mandato, y la de velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas.

    3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.

    4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.

    Artículo 79
    1. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.

    2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras.

    3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.

    Artículo 80
    Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.

    CAPÍTULO SEGUNDO
    De la elaboración de las leyes

    Artículo 81
    1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.

    2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

    Artículo 82
    1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior.

    2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.

    3. la delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.

    4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.

    5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

    6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.

    Artículo 83
    Las leyes de bases no podrán en ningún caso:

    a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.

    b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

    Artículo 84
    Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

    Artículo 85
    Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.

    Artículo 86
    1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

    2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.

    3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

    Artículo 87
    1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.

    2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

    3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

    Artículo 88
    Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

    Artículo 89
    1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87.

    2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición.

    Artículo 90
    1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputaciones, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.

    2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso rectifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.

    3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

    Artículo 91
    El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

    Artículo 92
    1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.

    2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

    3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

    CAPÍTULO TERCERO
    De los Tratados Internacionales

    Artículo 93
    Mediante la ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

    Artículo 94
    1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:

    a) Tratados de carácter político.

    b) Tratados o convenios de carácter militar.

    c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.

    d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.

    e) Tratados o convenios que supongan modificaciones o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.

    2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.

    Artículo 95
    1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.

    2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción

    Artículo 96
    1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

    2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

    TÍTULO IV
    Del Gobierno y de la Administración

    Artículo 97
    El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

    Artículo 98
    1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.

    2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.

    3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.

    4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.

    Artículo 99
    1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

    2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.

    3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.

    4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.

    5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

    Artículo 100
    Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente.

    Artículo 101
    1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.

    2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

    Artículo 102
    1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

    2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

    3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.

    Artículo 103
    1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

    2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.

    3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

    Artículo 104
    1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

    2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

    Artículo 105
    La ley regulará:

    a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.

    b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

    c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

    Artículo 106
    1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifica.

    2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

    Artículo 107
    El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.

    TÍTULO V
    De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

    Artículo 108
    El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.

    Artículo 109
    Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas.

    Artículo 110
    1. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.

    2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.

    Artículo 111
    1. El Gobierno y cada uno de los miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal.

    2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.

    Artículo 112
    El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

    Artículo 113
    1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.

    2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.

    3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

    4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

    Artículo 114
    1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99.

    2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno.

    Artículo 115
    1. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones.

    2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura.

    3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5.

    Artículo 116
    1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.

    2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

    3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

    4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

    5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.

    Disuelto el Congreso o expirado su mandato si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.

    6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

    TÍTULO VI
    Del Poder Judicial

    Artículo 117
    1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

    2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.

    3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

    4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.

    5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.

    6. Se prohíben los Tribunales de excepción.

    Artículo 118
    Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

    Artículo 119
    La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

    Artículo 120
    1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.

    2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.

    3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

    Artículo 121
    Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley.

    Artículo 122
    1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

    2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

    3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

    Artículo 123
    1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.

    2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

    Artículo 124
    1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tienen como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

    2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

    3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

    4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

    Artículo 125
    Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

    Artículo 126
    La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

    Artículo 127
    1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.

    2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.

    TÍTULO VII
    Economía y Hacienda

    Artículo 128
    1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

    2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

    Artículo 129
    1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.

    2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

    Artículo 130
    1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.

    2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña.

    Artículo 131
    1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

    2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.

    Artículo 132
    1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.

    2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.

    3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.

    Artículo 133
    1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley.

    2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

    3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley.

    4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

    Artículo 134
    1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.

    2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.

    3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

    4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

    5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.

    6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.

    7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

    Artículo 135
    1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.

    2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

    Artículo 136
    1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público.

    Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

    2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.

    El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

    3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

    4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

    TÍTULO VIII
    De la Organización Territorial del Estado

    CAPÍTULO PRIMERO
    Principios generales

    Artículo 137
    El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

    Artículo 138
    1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

    2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

    Artículo 139
    1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de territorio del Estado.

    2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

    CAPÍTULO SEGUNDO
    De la Administración Local

    Artículo 140
    La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

    Artículo 141
    1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

    2. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

    3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.

    4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

    Artículo 142
    La Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

    CAPÍTULO TERCERO
    De las Comunidades Autónomas

    Artículo 143
    1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.

    2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.

    3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.

    Artículo 144
    Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:

    a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.

    b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.

    c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.

    Artículo 145
    1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.

    2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

    Artículo 146
    El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.

    Artículo 147
    1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.

    2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:

    a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.

    b) La delimitación de su territorio.

    c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.

    d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

    3. La reforma de los Estatutos se ajustará: al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

    Artículo 148
    1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

    1. Organización de sus instituciones de autogobierno.
     
    2. Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.

    3. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

    4. Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.

    5. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.

    6. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
     
    7. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
     
    8. Los montes y aprovechamientos forestales.

    9. La gestión en materia de protección del medio ambiente.

    10. Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.

    11. La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.

    12. Ferias interiores.

    13. El fenómeno de desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.

    14. La artesanía.
     
    15. Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.

    16. Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.

    17. El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.

    18. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.

    19. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
     
    20. Asistencia social.

    21. Sanidad e higiene.

    22. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.

    2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.

    Artículo 149
    1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

    1. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

    2. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

    3. Relaciones internacionales.

    4. Defensa y Fuerzas Armadas.
     
    5. Administración de Justicia.

    6. Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.
     
    7. Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.
     
    8. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.
     
    9. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

    10. Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.

    11. Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros.

    12. Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.
     
    13. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

    14. Hacienda general y Deuda del Estado.

    15. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

    16. Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.

    17. Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.

    18. Las bases de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.

    19. Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.

    20. Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.

    21. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos de motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.

    22. La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.

    23. Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.

    24. Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.

    25. Bases de régimen minero y energético.

    26. Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
     
    27. Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.

    28. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.
     
    29. Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.

    30. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

    31. Estadística para fines estatales.

    32. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

    2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

    3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

    Artículo 150
    1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por la ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.

    2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.

    3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

    Artículo 151
    1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143, 2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

    2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente:

    1. El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.

    2. Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.

    3. Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.
     
    4. Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos validamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.

    5. De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.

    3. En los casos de los párrafos 4 y 5 del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo.

    Artículo 152
    1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquella. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.

    Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquellas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

    Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que este el órgano competente en primera instancia.

    2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

    3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica.

    Artículo 152
    El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:

    a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.
     
    b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150.
     
    c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.

    d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

    Artículo 154
    Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

    Artículo 155
    1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

    2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

    Artículo 156
    1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

    2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.

    Artículo 157
    1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:

    a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.
     
    b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

    c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

    d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.
     
    e) El producto de las operaciones de crédito.

    2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

    3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

    Artículo 158
    1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.

    2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

    TÍTULO IX
    Del Tribunal Constitucional

    Artículo 159
    1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

    2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

    3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

    4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.

    En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.

    5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

    Artículo 160
    El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.

    Artículo 161
    1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:

    a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a esta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.

    b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.

    c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.
     
    d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.
     
    2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

    Artículo 162
    1. Están legitimados:

    a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

    b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

    2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

    Artículo 163
    Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.
     
    Artículo 164
    1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.

    2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

    Artículo 165
    Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

    TÍTULO X
    De la reforma constitucional

    Artículo 166
    La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.

    Artículo 167
    1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

    2. De no haberse logrado la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.

    3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

    Artículo 168
    1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al TÍTULO preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

    2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

    3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referémdum para su ratificación.

    Artículo 169
    No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.
     
    DISPOSICIONES ADICIONALES

    Primera
    La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.

    La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

    Segunda
    La declaración de mayoría de edad contenida en el artículo 12 de esta Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho privado.

    Tercera
    La modificación del régimen económico y fiscal del archipilego canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico.

    Cuarta
    En las Comunidades Autónomas donde tengan su sede más de una Audiencia Territorial, los Estatutos de Autonomía respectivos podrán mantener las existentes, distribuyendo las competencias entre ellas, siempre de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

    DISPOSICIONES TRANSITORIAS

    Primera
    En los territorios dotados de un régimen provincial de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que en el apartado 2 del artículo 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes.

    Segunda
    Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, número 2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico.

    Tercera
    La iniciativa del proceso autonómico por parte de las Corporaciones locales o de sus miembros, prevista en el apartado 2 del artículo 143, se entiende diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución.

    Cuarta
    1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada en referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos validos emitidos.

    2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Órgano Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143.

    Quinta
    Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica, en los términos previstos en el artículo 144.

    Sexta
    Cuando se remitieran a la Comisión Constitucional del Congreso varios proyectos de Estatuto, se dictaminarán por el orden de entrada en aquella, y el plazo de dos meses a que se refiere el artículo 151 empezará a contar desde que la Comisión termine el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido.

    Séptima
    Los organismos provisionales autonómicos se considerarán disueltos en los siguientes casos:

    a) Una vez constituidos los órganos que establezcan los Estatutos de Autonomía aprobados conforme a esta Constitución.

    b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no llegara a prosperar por no cumplir los requisitos previstos en el artículo 143.

    c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera en el plazo de tres años.

    Octava
    1. Las Cámaras que ha aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se señalan, respectivamente, para el Congreso y el Senado, sin que en ningún caso su mandato se extienda más allá del 15 de junio de 1981.

    2. A los efectos de lo establecido en el artículo 99, la promulgación de la Constitución se considerará como supuesto constitucional en el que procede su aplicación. A tal efecto, a partir de la citada promulgación se abrirá un período de treinta días para la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo.

    Durante este periodo, el actual Presidente del Gobierno, que asumirá las funciones y competencias que para dicho cargo establece la Constitución, podrá optar por utilizar la facultad que le reconoce el artículo 115 o dar paso, mediante la dimisión, a la aplicación de lo establecido en el artículo 99, quedando en este último caso en la situación prevista en el apartado 2 del artículo 101.

    3. En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115, y si no hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69, serán de aplicación en las elecciones las normas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en lo referente a inelegibilidades e incompatibilidades se aplicará directamente lo previsto en el inciso segundo de la letra b) del apartado 1 del artículo 70 de la Constitución, así como lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto y lo establecido en el artículo 69,3.

    Novena
    A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional, se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos efectos se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia a los dos designados a propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo se procederá transcurridos otros tres años entre los dos grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces se estará a lo establecido en el número 3 del artículo 159.

    DISPOSICIÓN DEROGATORIA

    1. Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, así como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley, la de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958; el Fuero de los Españoles, de 17 de julio de 1945; el del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; la Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942; la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, y en los mismos términos esta última y la de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945.

    2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

    En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876.

    3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución.

    DISPOSICIÓN FINAL

    Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España.

    POR TANTO,
    MANDO A TODOS LOS ESPAÑOLES, PARTICULARES Y AUTORIDADES, QUE GUARDEN Y HAGAN GUARDAR ESTA CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO.
    PALACIO DE LAS CORTES, A 27 DE DICIEMBRE DE 1978.

    Constitución, laicidad y Educación para la ciudadanía

    Lo que el PSOE pretende impulsar con la Educación para la Ciudadanía:

    Con este título el PSOE ha publicado un manifiesto con motivo del 28º aniversario de la Constitución de 1978. En él se hace un desafortunado paralelismo entre la actual Constitución y la del régimen republicano de 1931, a pesar de que esta última era abiertamente, no laica, sino anticatólica. Lo que inicialmente fue aceptado como una democracia liberal por Marañón, Ortega o Pérez de Ayala, padres intelectuales de la República, terminó por calificarse de estupidez y canallada. Las causas del fracaso del régimen republicano, entre otras, fueron la depresión económica, y la falta de medidas para paliar dicha crisis, con el consiguiente desmoronamiento social, en un régimen que después del asesinato de Calvo Sotelo, bajo la sospecha del socialista Prieto, acabó en una sangrienta Guerra Civil. Le precedieron actos de violencia entre las propias izquierdas, y a su vez, contra la derecha y la Iglesia Católica, siendo incapaz el propio Azaña en este proceso revolucionario de cumplir y hacer cumplir la ley. El partido socialista se radicalizó y cayó en el bolcheviquismo, pese a la oposición de Besteiro, junto con los anarquistas que también compartían el terrorismo.

    En este manifiesto socialista también se hace referencia, no sin cierta perplejidad, al consenso y la igualdad en la Constitución de 1978, aspectos que actualmente están en quiebra, después de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero haya ideado un cambio de régimen constitucional, no cejando en el empeño de apartar del escenario político al principal partido de la oposición, que representa a la mitad de los españoles, aliándose con los nacionalistas, separatistas y terroristas de ETA. Este proceso comienza con el Pacto del Tinell, y con el acuerdo en Perpignan, plasmándose en concreto en el abandono del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, y la Ley de Partidos Políticos, rechazando las reiteradas peticiones de consenso por la oposición, junto con una transformación del Estado autonómico, que tiende a la ruptura de la indisoluble unidad de la Nación española, como lo prueba el actual Estatuto de Cataluña, que vulnera la igualdad y solidaridad de todos los españoles.

    Además de este cambio en el modelo territorial del Estado, los socialistas también pretenden un cambio en el modelo social, y para ello se viene a reinterpretar la Constitución. El manifiesto lo que viene a descubrir es un principio constitucional hasta ahora ignoto: la laicidad. Este concepto emergente se justifica ante los nuevos fenómenos migratorios y la nueva sociedad multicultural española, lo que lleva a rediseñar un nuevo derecho de libertad de conciencia. De tal forma, que todo lo religioso, se piensa que lo único que hace es sembrar fronteras entre los ciudadanos, y se tacha por ello sin más, de fundamentalismo. Sin laicidad, dicen, serían delitos civiles algunas libertades como la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y dejarían de ser delitos el maltrato a la mujer, la ablación o la discriminación por razón de sexo.

    En definitiva, se trata de sustituir todo lo religioso, que se percibe como contrario a las conciencias libres y críticas, lleno de imposiciones, que mediatizan la voluntad ciudadana, y que va en contra de la convivencia de culturas, ideas y entre los ciudadanos, por la laicidad, que vendría a representar una asepsia ideológica ajena a fundamentalismos, que garantizaría la convivencia de la diversidad de concepciones, integrada por el conjunto de valores que se recogen en la Constitución, y que se canalizarían a través de la nueva asignatura, Educación para la Ciudadanía.

    Este esfuerzo interpretativo viene a oscurecer y tergiversar, la claridad que el constituyente vino a plasmar en el art. 16 de la Constitución, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, sin más limites, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Todo ello, teniendo presente que ninguna confesión tendrá carácter estatal, y será por lo tanto aconfesional. Y olvidando dicho manifiesto, que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

    El laicismo que propugna este Gobierno socialista es contrario a la Norma Fundamental. Pretende aniquilar y diluir cualquier fenómeno religioso para que no tenga incidencia y repercusión en la vida social, expulsando de la vida pública, de forma especial a los católicos, como ocurriera en la Constitución republicana de 1931. Así, eliminan cualquier atisbo de libertad religiosa en su manifiesto, para acto seguido implantar su propia «religión» laica, esta sí, no exenta del fundamentalismo de su ideología, que pretenden encauzar de forma sibilina a través de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que vendría a sustituir a la enseñanza de la religión católica en las escuelas.

    Bajo el pretexto de la neutralidad, convivencia y una mal entendida aconfesionalidad, que interpretan como extinción de lo religioso, con la excusa del multiculturalismo, se adopta una actitud liberticida y sectaria, para imponer su propia doctrina, cargada de un fundamentalismo excluyente de toda libertad religiosa e ideológica, eliminando la posibilidad de ejercer otros valores diferentes en una sociedad pluralista, ante la res pública. Se pretende implantar la dictadura del relativismo y del laicismo para cambiar a modo de ingeniería social los valores que impregnan y configuran nuestra sociedad, hasta alcanzar el pensamiento totalitario y único. En ningún caso nos podrán imponer, a no ser quebrantando el derecho a la libertad ideológica y la libertad religiosa, que son «libertades» quitar el derecho a la vida del nasciturus o equiparar como matrimonio la unión de personas del mismo sexo, porque eso sería violentar la propia naturaleza y dignidad humana, con independencia de cualquier referencia de índole religiosa.

    Educación para la ciudadanía y Constitución: ¿incompatibles?

    El siguiente artículo pone frente a frente la misma Educación para la ciudadanía con lo que dice la Constitución sobre el tema. un buen artículo para el debate de las ideas centrado en la misma existencia de la asignatura.
    La asignatura de Educación para la Ciudadanía puede contener, sin duda, elementos valiosos como el aprendizaje de procedimientos en la participación de la vida social. Pero esta asignatura, a tenor de sus primeros borradores y a las intenciones del Gobierno actual, va a suponer una defensa de la filosofía de género. Es decir: se va a pretender enseñar a toda la juventud española, de modo obligatorio, que la opción de vida homosexual es tan normal como la heterosexual. Este planteamiento no sólo va contra el sentido común y la naturaleza reproductiva humana –sin que esto pueda ser considerado como un menosprecio a la dignidad de las personas homosexuales- si no que choca, de hecho, con el artículo 27.3 de la Constitución española: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Un Estado de Derecho democrático no es competente ni tiene como misión enseñar por sí mismo un determinado tipo de antropología y de ética que se enfrenta contra las civilizaciones humanas de todos los tiempos, quienes siempre han comprendido la inviolabilidad de las relaciones humanas entre madre, padre e hijos. Antropología y ética pueden ser enseñadas desde las diversas escuelas de interpretación académica, pero no desde el poder ejecutivo de un Gobierno. Esto es una práctica absolutamente despótica ante la que los padres de los alumnos y los Centros educativos no pueden callar en un país libre.

    José Ignacio Moreno Iturralde

    Educación para la ciudadanía: criterios de evaluación en la ESO

    Aunque es evidente, por el temario, el enfoque y el programa, que no hay nadie en su sano juicio que pueda suspender a un alumno justamente en esta asignatura, señalamos los criterios de evaluación recomendados por el Ministerio de Educación:

    Criterios de evaluación de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos


    1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio.Este criterio permite comprobar si el alumnado, ante la presentación de un caso o situación simulada o real, es capaz de reconocer la discriminación que, por motivos diversos, sufren determinadas personas en las sociedades actuales y si manifiesta autonomía de criterio, actitudes de rechazo hacia las discriminaciones y respeto por las diferencias personales.2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en las relaciones escolares y familiares.Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos y las alumnas han desarrollado habilidades sociales de respeto y tolerancia hacia las personas de su entorno y si utilizan de forma sistemática el diálogo y la mediación como instrumento para resolver los conflictos, rechazando cualquier tipo de violencia hacia cualquier miembro de la comunidad escolar o de la familia. A través de la observación y del contacto con las familias, se puede conocer la responsabilidad con que el alumnado asume las tareas que le corresponden. Por otra parte, la observación permite conocer el grado de participación en las actividades del grupo-clase y del centro educativo.3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global.Este criterio pretende comprobar si el alumnado conoce las técnicas del debate, si se documenta debidamente utilizando distintas fuentes de información y si es capaz de analizarlas, sintetizar la información para presentar sus opiniones de forma rigurosa, si argumenta debidamente, considera las distintas posiciones y alternativas en cada uno de los problemas planteados y llega a elaborar un pensamiento propio y crítico, presentando las conclusiones tanto de forma oral como escrita.4. Identificar los principios básicos de las Declaración Universal de los Derechos Humanos y su evolución, distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres.Este criterio evalúa el grado de conocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras convenciones y declaraciones universales, su evolución histórica, si el alumnado reconoce los actos y las situaciones de violación de derechos humanos en el mundo actual, las discriminaciones que todavía sufren algunos colectivos, tanto en la legislación como en la vida real y, particularmente, si es capaz de describir y rechazar la discriminación de hecho y de derecho que sufren las mujeres.5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución española y los Estatutos de Autonomía y describir la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales.Con este criterio se trata de comprobar si se conocen los rasgos fundamentales del sistema político español, la organización, funciones y funcionamiento de los principales órganos de gobierno estatales, autonómicos y municipales y el papel que corresponde a los ciudadanos en la elección y control de los mismos, y si se es capaz de aplicar los principios del funcionamiento democrático a distintas situaciones reales.6. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones, reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable.El objetivo de este criterio es comprobar que se reconocen los principales servicios que las administraciones prestan a los ciudadanos, el sentido de responsabilidad pública de los cargos elegidos y, a la vez, las obligaciones que corresponden a cada ciudadano en el cuidado y mantenimiento de los servicios públicos a través de la contribución fiscal. Asimismo, se trata de comprobar que se conocen las obligaciones cívicas que le corresponden en el cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil o el consumo responsable.7. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora.Este criterio pretende evaluar si se sabe identificar las causas de la desigual distribución de la riqueza, el fenómeno de la pluralidad cultural en las sociedades europeas actuales, los diversos problemas que se localizan en los medios urbanos (racismo, enfrentamiento en el uso de los espacios comunes, tribus urbanas, botellón, etc.) y si el alumnado reconoce y asume las actuaciones que cada ciudadano puede realizar para mejorarlos.8. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo.Con este criterio se trata de valorar si el alumno conoce el papel de la información y la comunicación en el mundo actual y las relaciones existentes entre la vida de las personas de distintas partes del mundo como consecuencia de la globalización, si comprende las repercusiones que determinadas formas de vida del mundo desarrollado tienen en los países en vías de desarrollo y si manifiesta actitudes de solidaridad con los grupos desfavorecidos.9. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos.

    Con este criterio se pretende comprobar si se conocen los conflictos más relevantes del mundo actual y su localización, la actuación de las organizaciones internacionales, de las fuerzas de pacificación y las leyes por las que se rigen. Asimismo, se pretende comprobar si el alumnado reflexiona y asume el papel vital que tiene la participación humanitaria y la presencia de las organizaciones no gubernamentales para mitigar las derivaciones negativas de los conflictos. 

    Criterios de evaluación de Educación Etico Cívica


    1.      Descubrir sus sentimientos en las relaciones interpersonales, razonar las motivaciones de sus conductas y elecciones y practicar el diálogo en las situaciones de conflicto. Con este criterio se intenta comprobar que cada alumno y alumna asume y controla sus propios sentimientos, se pone en el lugar de los otros y utiliza el diálogo y otros procedimientos no violentos para superar los conflictos en sus relaciones interpersonales, que razona sus elecciones y que es responsable de sus actos. 2.      Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de las personas (las normas, la jerarquía de valores, las costumbres, etc.) y los principales problemas morales. Con este criterio se pretende evaluar si se identifican los distintos elementos de la dimensión moral de las personas y del comportamiento humano y de los dilemas morales que se plantean en el mundo actual. 3.      Identificar y expresar las principales teorías éticas. Mediante este criterio se intenta evaluar en el alumnado el grado de conocimiento de conceptos claves de algunas de las teorías éticas que más han influido en la conquista de los derechos y libertades en Occidente. 4.      Reconocer los Derechos Humanos como principal referencia ética de la conducta humana e identificar la evolución de los derechos cívicos, políticos, económicos, sociales y culturales, manifestando actitudes a favor del ejercicio activo y el cumplimiento de los mismos. A través de este criterio se trata de comprobar el grado de comprensión de los conceptos claves de los Derechos humanos y su valoración crítica del esfuerzo que ello ha supuesto en la historia de la Humanidad. Se trata asimismo de valorar si el alumnado entiende los derechos humanos como una conquista histórica inacabada y manifiesta una exigencia activa de su cumplimiento. 5.      Comprender y expresar el significado histórico y filosófico de la democracia como forma de convivencia social y política. Mediante este criterio se trata de comprobar si se comprende el pluralismo político y moral, a la vez que se aprecia el necesario respeto a la dignidad de cada persona por encima de las diferencias individuales y culturales que tienen su origen en la historia de las colectividades y de los individuos. 6.      Reconocer los valores fundamentales de la democracia en la Constitución española y la noción de sistema democrático como forma de organización política en España y en el mundo. Mediante este criterio se pretende evaluar en el alumnado su nivel de conocimiento de los procesos de democratización de muchos países como un logro de la civilización humana en todo el mundo, de los conceptos claves del sistema democrático, como el sistema de elecciones, el pluralismo político, el gobierno de la mayoría y los conflictos entre legitimidad y legalidad democráticas, su valoración de la democracia como una conquista ético-política de todos los ciudadanos españoles y su aplicación para enjuiciar actuaciones y actitudes cotidianas de la vida pública. 7.      Analizar las causas que provocan los principales problemas sociales del mundo actual, utilizando de forma crítica la información que proporcionan los medios de comunicación e identificar soluciones comprometidas con la defensa de formas de vida más justas. Se trata de comprobar si se identifican y se comprenden algunas de las causas que provocan los principales problemas sociales del mundo actual (reparto desigual de la riqueza, explotación infantil, emigraciones forzadas, etc.), utilizando con rigor y de forma crítica la información obtenida de los distintos medios de comunicación; si se reconoce la actuación de organismos e instituciones comprometidas con la defensa de formas de vida más justas y se manifiestan actitudes de tolerancia y solidaridad al plantear soluciones. 8.      Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la cultura de la paz, la importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado conoce los conflictos más relevantes del mundo actual y su localización, la actuación de las organizaciones internacionales, de las fuerzas de pacificación y las leyes por las que se rigen. Asimismo, se pretende comprobar si valora la cultura de la paz en la convivencia diaria y si reflexiona y asume el papel vital que tiene la participación humanitaria para mitigar las derivaciones negativas de los conflictos. 9.      Distinguir igualdad y diversidad y las causas y factores de discriminación. Analizar el camino recorrido hacia la igualdad de derechos de las mujeres y rechazar su discriminación y las situaciones de violencia de las que son víctimas. Este criterio pretende conocer si los alumnos y alumnas reconocen la igualdad y la dignidad de todas las personas y los elementos diferenciadores que están en la base de algunas discriminaciones, así como los momentos históricos más relevantes en la conquista de los derechos políticos de las mujeres y la igualdad en el ámbito familiar y laboral, a la vez que mide si saben identificar y localizar las situaciones de discriminación de todo tipo que subsisten en las sociedades actuales y rechazan activamente la violencia contra las mujeres u otros colectivos. 10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y participar de forma democrática y cooperativa en las actividades del centro y del entorno. Mediante este criterio se pretende evaluar el uso adecuado de la argumentación sobre dilemas y conflictos morales y el grado de conocimiento y de respeto a las posiciones divergentes de los interlocutores, tanto en el aula como en el ámbito familiar y social. Por otra parte, se pretende conocer la manera y el grado en que el alumnado participa y coopera activamente en el trabajo de grupo y si colabora con el profesorado y los compañeros y compañeras en las actividades del centro educativo y en otros ámbitos externos. 

     

    Ballet chino realizado por personas con movilidad reducida

    Además de los homosexuales, en Educación para la Ciudadanía hay otras personas. Tu y yo, nuestros padres, etc… Las personas con movilidad reducida también son personas. No debemos llamarles minusválidos, ni tullidos ni cosas así, es mejor utilizar siempre un término no despreciativo. Recuerda que la bondad de las personas está en su interior.

    La bailarina es Mai Li y el Bailarín Zhai Xiaowei, o al revés, eso depende de cómo sea de machista el coreógrafo organizador del evento, que ese sí que se llama Zhao Limin.

    Discurso de Nicolás Sarkozy al asumir la presidencia de Francia

    En este discurso encontrarás muchos temas interesantes: conceptos de izquierda y derecha, planteamiento cultural, nueva ciudadanía, derechos y deberes y otros temas centrados en Educación para la Ciudadanía. utiliza el texto para debatir sobre los conceptos de la asignatura.

    Por: Nicolás Sarkozy

    Discurso de Bercy, 29 de abril de 2007.

    Nicolás Sarkozy

    «El pensamiento único, que es el pensamiento de quienes lo saben todo, de quienes se creen no sólo intelectualmente sino también moralmente por encima de los demás, ese pensamiento único había denegado a la política la capacidad para expresar una voluntad. Había condenado la política. Había profetizado su caída imparable frente a los mercados, las multinacionales, los sindicatos, Internet. Se sostenía que en el mundo tal cual es hoy, con sus informaciones que se difunde instantáneamente, sus capitales que se desplazan cada vez más rápido y sus fronteras ampliamente abiertas, la política ya no jugaría más que un papel anecdótico y que ya no podría expresar una voluntad, porque el poder pronto estaría compartido, diluido, disperso en red; porque las fronteras estarían totalmente abiertas y los hombres, los capitales y las mercancías circularían sin obedecer a nadie.
    Pero la política retorna. Retorna por todas partes en el mundo. La caída del Muro de Berlín pareció anunciar el fin de la Historia y la disolución de la política en el mercado. Dieciocho años después, todo el mundo sabe que la Historia no ha terminado, que siempre es trágica y que la política no puede desaparecer porque los hombres de hoy sienten una necesidad de política, un deseo de política como rara vez se había visto desde el fin de la segunda
    guerra mundial.

    Necesidad de nación
    La necesidad de política tiene por corolario la necesidad de nación. La nación también había sido condenada. Pero aquí está de nuevo, para responder a la necesidad de identidad frente a la mundialización, vivida como una empresa de uniformización y mercantilización del mundo en la que ya no quedaría lugar para la cultura y para los valores del espíritu. Quizá la inquietud es excesiva, pero es bien real y expresa una necesidad de identidad muy fuerte. Por todas partes la he encontrado en esta campaña; en todas partes me han hablado de ella gentes de toda condición. Pero la nación no es sólo la identidad. Es también la capacidad de estar juntos para protegerse y para actuar. Es el sentimiento de que no se está solo para afrontar un futuro angustioso y un mundo amenazante. Es el sentimiento de que, juntos, se es más fuerte, y podremos hacer frente a lo que, solos, no podríamos afrontar.
    Yo he querido volver a poner la voluntad política y Francia en el corazón del debate político. La voluntad política y la nación están siempre para lo mejor y para lo peor. El pueblo que se moviliza, que se convierte en una fuerza colectiva, es una potencia temible que puede actuar tanto para lo mejor como para lo peor. Hagamos las cosas de manera que sea para lo mejor.
    Conjuraremos lo peor respetando a los franceses, manteniendo nuestros compromisos, respetando la palabra dada. Conjuraremos lo peor haciendo que la moral retorne a la política.

    Contra los herederos de Mayo del 68
    No me da miedo la palabra “moral”. Desde mayo de 1968 no se podía hablar de moral. Era una palabra que había desaparecido del vocabulario político. Hoy, por primera vez en decenios, la moral ha estado en el corazón de la campaña presidencial. Mayo del 68 nos había impuesto el relativismo intelectual y moral. Los herederos del 68 habían impuesto la idea de que todo vale, de que no hay ninguna diferencia entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, entre lo bello y lo feo. Habían querido hacernos creer que el alumno
    vale tanto como el maestro, que no hay que poner notas para no traumatizar a los malos alumnos, que no había diferencias de valor y de mérito. Habían querido hacernos creer que la víctima cuenta menos que el delincuente, y que no puede existir ninguna jerarquía de valores. Habían proclamado que todo está permitido, que la autoridad había terminado, que las buenas maneras habían terminado, que el respeto había terminado, que ya no había nada que fuera grande, nada que fuera sagrado, nada admirable, y tampoco ya ninguna regla, ninguna norma, nada que estuviera prohibido.

    Recordad el eslogan de Mayo del 68 en las paredes de la Sorbona: “Vivir sin obligaciones y gozar sin trabas”. Así la herencia de Mayo del 68 ha liquidado a la escuela de Jules Ferry en la izquierda francesa, que era una escuela de la excelencia, del mérito, del respeto, del civismo; una escuela que quería ayudar a los niños a convertirse en adultos y no a seguir siendo niños grandes, una escuela que quería instruir y no infantilizar, porque había sido construida por grandes republicanos que tenían la convicción de que el ignorante no es libre. Pero la herencia de Mayo del 68 ha liquidado esa escuela que transmitía una cultura común y una moral compartida, cultura y moral gracias a las que todos los franceses podían hablarse, comprenderse, vivir juntos. La herencia de Mayo del 68 ha introducido el cinismo en la sociedad y en la política. Han sido precisamente los valores de Mayo del 68
    los que han promovido la deriva del capitalismo financiero, el culto del dinero-rey, del beneficio a corto plazo, de la especulación. El cuestionamiento de todas las referencias éticas y de todos los valores morales ha contribuido a debilitar la moral del capitalismo, ha preparado el terreno para el capitalismo sin escrúpulos y sin ética, para esas indemnizaciones millonarias de los grandes directivos, esos retiros blindados, esos abusos de ciertos empresarios, el triunfo del depredador sobre el emprendedor, del especulador sobre el trabajador.

    La izquierda hipócrita
    Los herederos de Mayo del 68 han degradado el nivel moral de la política.
    Todos esos políticos que reivindican la herencia de Mayo del 68, dan al prójimo lecciones que jamás se aplican a sí mismos, quieren imponer a los demás comportamientos, reglas, sacrificios que jamás se imponen a sí mismos.
    Proclaman: “Haced lo que yo digo, no hagáis lo que yo hago”. Ésa es la izquierda heredera de Mayo del 68, la que está en la política, en los medios de comunicación, en la administración, en la economía. La izquierda que le ha tomado gusto al poder, a los Privilegios. La izquierda que no ama a la nación porque no quiere compartir nada. Que no ama a la República porque no ama la igualdad. Que pretende defender los servicios públicos, pero que jamás veréis en un transporte colectivo. Que ama tanto la escuela pública, que a sus hijos los lleva a colegios privados. Que dice adorar la periferia, pero que se cuida muy mucho de vivir en ella. Que siempre encuentra excusas para los violentos, a condición de que se queden en esos barrios a los que ella, la izquierda, no va jamás. Esa izquierda que hace grandes discursos sobre el interés general, pero que se encierra en el clientelismo y el corporativismo. Que firma peticiones y manifiestos cuando se expulsa a algún “okupa”, pero que no aceptaría que se instalaran en su casa. Que dedica su tiempo a hacer moral para los demás, sin ser capaz de aplicársela a sí misma. Esa izquierda, en fin, que entre Jules Ferry y Mayo del 68 ha elegido Mayo del 68, es la que condena a Francia a un inmovilismo cuyas principales víctimas serán los trabajadores, los más modestos, los más pobres.
    Ésa es la izquierda que desde Mayo del 68 ha renunciado al mérito y al esfuerzo, que ha dejado de hablar a los trabajadores, de sentirse concernida por la suerte de los trabajadores, de amar a los trabajadores; porque el valor trabajo ya no forma parte de sus valores, porque su ideología ya no es la de Jaurès o la de Blum, que respetaban a los trabajadores, sino que ahora la ideología de la izquierda es la del reparto obligatorio del trabajo, la de las 35 horas, la del asistencialismo. La crisis del trabajo es ante todo una crisis moral, y en ella la herencia de Mayo del 68 tiene una enorme responsabilidad. Yo quiero rehabilitar el trabajo, quiero devolver al trabajador el primer lugar en la sociedad.

    Liquidar la herencia de Mayo del 68
    La herencia de Mayo del 68 ha debilitado la autoridad del Estado. Esos herederos de los que en Mayo del 68 gritaban “CRS = SS”, toman sistemáticamente partido por los violentos, los alborotadores y los estafadores contra la policía. Lo hemos visto tras los incidentes de la Estación del Norte. En lugar de condenar a los violentos y de apoyar a las
    fuerzas del orden y su difícil trabajo, no se les ha ocurrido nada mejor que esta frase, que merecería ser inscrita en los anales de la República: “Es inquietante constatar que se ha abierto una fosa entre la policía y la juventud”. Como si los vándalos de la Estación del Norte representaran a toda la juventud francesa. Como si fuera la policía la que estaba actuando mal, y no los violentos. Como si los violentos hubieran destrozado todo y
    saqueado los comercios para expresar una revuelta contra una injusticia.
    Como si el hecho de ser jóvenes lo excusara todo. Como si la sociedad fuera siempre culpable y el delincuente siempre inocente. Ésos son los herederos de Mayo del 68, que denigran la identidad nacional, que atizan el odio a la familia, a la sociedad, al Estado, a la nación, a la República.
    En estas elecciones se trata de saber si la herencia de Mayo del 68 debe ser perpetuada o si puede ser liquidada de una vez por todas. Yo quiero pasar la página de Mayo del 68. Pero tiene que ser más que un gesto. No hay que contentarse con poner banderas en los balcones el 14 de julio y cantar la Marsellesa en vez de la Internacional en los mítines del Partido Socialista. No se puede decir que se desea el orden y tomar sistemáticamente partido contra la policía. No es posible seguir denunciando la “provocación” y el “Estado policial” cada vez que la policía intenta hacer respetar la ley. No se puede decir que uno apuesta por el valor del trabajo y, al mismo tiempo, generalizar las 35 horas, seguir cargándolo con impuestos y estimular la mentalidad del asistido, del que cobra del Estado para no trabajar. No se puede decir que se desea obstaculizar las deslocalizaciones y al mismo tiempo rechazar cualquier experimentación del IVA social, que permite financiar la protección social con las importaciones. No es posible proclamar grandes principios y negarse a inscribirlos en la realidad.

    Yo propongo a los franceses romper realmente con el espíritu, con los comportamientos, con las ideas de Mayo del 68, con el cinismo de Mayo del 68. Propongo a los franceses devolver a la política la moral, la autoridad, el trabajo, la nación. Les propongo reconstruir un Estado que haga realmente su trabajo y que, en consecuencia, domine las feudalidades, los corporativismos y los intereses particulares. Les propongo rehacer una
    República una e indivisible contra todos los comunitarismos y todos los separatismos. Les propongo reedificar una nación que de nuevo esté orgullosa de sí misma.

    Ciudadanía de deberes
    Al poner sistemáticamente los derechos por encima de los deberes, los herederos de Mayo del 68 han debilitado la idea de ciudadanía. Al denigrar la ley, el Estado y la nación, los herederos de Mayo del 68 han favorecido el crecimiento del individualismo. Han incitado a cada cual a no pensar más que en sí mismo y a no sentirse concernido por los problemas del prójimo. Yo creo en la libertad individual, pero quiero compensar el individualismo con el civismo, con una ciudadanía hecha de derechos pero también de deberes.
    Quiero derechos nuevos, derechos reales y no virtuales. Quiero un derecho real a un techo, al alojamiento. Un derecho real al cuidado de los hijos, a la escolarización de niños con minusvalías, a la dependencia para los mayores. Quiero el derecho a un contrato de formación para los jóvenes de más de 18 años, y a la formación a lo largo de toda la vida. Quiero el derecho a la caución pública para aquellos que no tienen padres, para los que no tienen relaciones, para los enfermos a los que no se les quiere prestar porque se considera que representan un riesgo demasiado elevado. Quiero el derecho a un contrato de transición profesional para los que están en paro.
    Pero quiero que estos derechos estén equilibrados con los deberes. La ideología de Mayo del 68 habrá muerto cuando la sociedad se atreva a recordar a cada cual sus deberes, cuando en la política francesa se ose proclamar que, en la República, los deberes son la contrapartida de los derechos. Ese día al fin se habrá realizado la gran reforma moral e
    intelectual que Francia necesita una vez más. Entonces podremos reconstruir sobre cimientos renovados esa República fraternal que es el sueño siempre inacabado, nunca realizado de Francia desde el primer día en que tuvo conciencia de su existencia como nación. Porque Francia no es una raza, no es una etnia, ni sólo un territorio; Francia es un ideal incansablemente perseguido por un gran pueblo que, desde su primer día, cree en la fuerza de las ideas, en su capacidad para transformar el mundo y hacer la felicidad de
    la humanidad.

    Quiero decírselo a los franceses: el pleno empleo, el crecimiento, el aumento del poder adquisitivo, la revalorización del trabajo, la moralización del capitalismo, todo eso es necesario y es posible. Pero eso no son más que medios que deben ser puestos al servicio de una cierta idea del hombre, de un ideal de sociedad donde cada cual pueda encontrar su lugar, donde la dignidad de todos y cada uno sea reconocida y respetada.»

    Valores que integran el bien común

    Cada autor cataloga estos bienes según la propia ideología pero parece que existe cierto contexto sobre cuáles son los bienes que integran el denominado Bien Común. Por supuesto, cada persona demanda nuevas concreciones conforme a las necesidades que se le van planteando. Esta es una posible lista de bienes que integran el Bien Común. Mira a ver si entiendes algo.
     Defensa y protección del territorio propio
     uso de la lengua, justa regulación jurídica
     la independencia de la justicia del poder legislativo
     la enseñanza
     los servicios públicos (transporte, vivienda, asistencia sanitaria, comercio, agua potable, energía eléctrica,etc…
     garantizar la atención en la enfermedad, viudedad,vejez, desempleo
     regulación justa en el campo laboral (deberes y derechos de empresarios y trabajadores)
     defensa de los derechos ciudadanos, la exigencia jurídica respecto al cumplimiento de los respectivos deberes
     la defensa de la libertad personal y de las libertades sociales
     protección de la moralidad pública
     protección del medio ambiente, la previsión de los bienes de consumo y la regulación del intercambio comercial
     garantías jurídicas de protección de la libertad de la conciencia, de religión y de culto
     la armonía y conjunción entre las diversas clases sociales y profesionales
     la vigilancia sobre el recto funcionamiento de los poderes del Estado, etc…
     cultura, preparación técnico laboral de los trabajadores
     atención al arte
     oferta para el ocio y descanso, etc…

    Derechos de los niños y ciudadanía

    Mira esta animación sobre los derechos de los niños.

    Educación para la Ciudadanía y Derechos humanos

    En este vídeo se habla de los derechos humanos, de Educación para la Ciudadanía. Se habla de verdaderos líderes mundiales que han luchado por cambiar el mundo y eludir las injusticias. Después de ver el vídeo puedes contestar las siguientes dos preguntas:

     – ¿Es el presidente del gobierno español un líder de la envergadura de los que salen en el vídeo?

    – ¿Objetar contra Educación para la ciudadanía es alinearse con los líderes que han defendido las libertades?

    Educación para la Ciudadanía: reflexionemos con estrategia

    FORUM LIBERTAS                                                              22/06/07Educación para la Ciudadanía: reflexionemos con estrategiaLa situación y dinámica de esta cuestión es un excelente marco para reflexionar sobre las debilidades de la Iglesia católica en España y también las de los católicos laicos.Veamos los datos básicos: La voluntad decidida del Estado de asumir la educación moral de nuestros hijos, vulnerando por la vía práctica la garantía que pensábamos que la Constitución española ofrecía en este ámbito, ha dado lugar a la lógica respuesta de la objeción de conciencia. Cuando a la vulneración grave de tus derechos se une la indefensión jurídica el único camino que queda es la objeción. En realidad la mayor parte de los contenidos de esta nueva asignatura obligatoria que va a disminuir las horas de enseñanza de los temas básicos, forma parte del cuerpo –o debería ser así- de otras asignaturas, básicamente en el área de las ciencias sociales. La Educación para la Ciudadanía es simplemente la coartada que da soporte a los dos puntos sobre los que el gobierno sí quiere adoctrinar: la formación de la homosociedad y la generalización del laicismo de la exclusión religiosa. Otro dato bien significativo en este sentido es que el PSOE, por consiguiente un partido político, prepara profesores para dar esta materia. Este enfoque necesariamente nos recuerda las metodologías totalitarias de las democracias populares o del propio franquismo en las que el maestro debía ser también un adoctrinador político del partido. Es un hecho insólito en Europa, uno más, que un partido político se inmiscuya a este nivel en la enseñanza. Un dato muy relevante de la situación actual es el acuerdo llegado por el Ministerio de Educación con las escuelas concertadas y de una manera destacada, por su importancia y el relieve, con la FERE, y por extensión con el Secretariado de la Escuela Cristiana de Cataluña, además de otras organizaciones profesionales de este sector. En síntesis, el acuerdo consiste en que las escuelas podrán adecuar el temario a su criterio y de esta manera desaparece el problema que pueda existir en cuanto a reservas morales. Hasta aquí los hechos. ¿Cuál es el diagnóstico? Primero y muy importante, la Ministra de Educación ha seguido el conocido método Zapatero de negociación, que por lo visto sigue dando buenos resultados, a pesar de que se asemeja mucho al juego del trile. Se trata de llegar a acuerdos sobre cuestiones en las que en realidad no tiene una capacidad decisiva o ésta está muy condicionada. A Artur Mas le prometió la presidencia de la Generalitat, y así está a pesar de haber ganado. A las escuelas concertadas les ha prometido tranquilidad en el temario, pero en realidad el temario no lo define, y por tanto, no tiene potestad plena el Ministerio de Educación sino las Comunidades Autónomas. Por tanto, la escuela concertada está en manos de cómo interprete la cuestión cada gobierno autonómico. ¿Cuál es el resultado de esto? Sin duda incierto. Por una parte, fácil en las que gobierne el PP, pero puede ser muy complicado en otras donde gobierna el PSOE. Pero es que además con este acuerdo la Ministra de Educación consigue fraccionar todavía más el frente de las escuelas concertadas porque divide su circunstancia en tantos fragmentos como comunidades autónomas hay. La fragmentación acentúa todavía más la característica de la FERE y demás patronales: la ausencia de solidaridad. La escuela cristiana con este tipo de negociación lo que hace es abandonar a su suerte a los padres de la escuela pública, porque los aísla en una situación de absoluta inferioridad. Si la FERE se hubiera plantado, y con ella alguna patronal más, el gobierno no se hubiera atrevido a reprimir a los objetores de conciencia porque el bloque hubiera sido demasiado fuerte. Y todavía se hubiera atrevido menos a ello, porque el gobierno se encuentra en el momento de máxima debilidad, justo en las puertas de unas elecciones generales, cuando precisamente el manual recomienda la política de miel sobre hojuelas a tirios y troyanos. Una defensa enérgica de los principios en este momento hubiera bloqueado previsiblemente la aplicación de esta asignatura y, en el peor de los casos, hubiera dado una ayuda inestimable a todos los padres que desearían oponerse a ella pero no se atreven porque van a una escuela pública o a una que no siéndolo, asume la línea del gobierno en este campo. Educación no se atrevería a suspender a los objetores si fueran centros enteros quienes objetaran.A quien le interesaba el pacto en estos momentos era al gobierno. Primero, porque de entrada ya cubre un primer objetivo que es garantizar sin problemas el que se desarrolle esta asignatura en la escuela pública, y esto es muchísima gente. Segundo, porque la pone en rodaje, prepara profesores. Tercero, porque como ya se ha dicho, empezará una batalla de desgaste en cada autonomía, y ahí se conseguirán conquistar plazas de escuelas concertadas. Y por último, y definitivo, porque si vuelve a ganar las elecciones se pasará por el forro cuando quiera el acuerdo con la FERE, porque tendrá cuatro años de gobierno por delante. Si ahora es el más débil después de un éxito electoral volverá a ser el más fuerte. Una vez más una parte importante de la Iglesia española, en este caso las congregaciones religiosas que se dedican a la enseñanza, pero no solo ellas porque hay otros centros de fuerte orientación cristiana que también han pactado, comete un error de proporciones históricas, a base de la lógica que siempre ha debilitado a nuestra Iglesia: pan para hoy, hambre para mañana. De hecho el primer gran retroceso ya se produjo cuando la escuela religiosa, en época del gobierno socialista de Felipe González, acepto un modelo de concertación que dejaba siempre a la escuela cristiana en manos de la burocracia gubernamental a cambio de que le pagaran una parte de los costes. Cuando esto sucedió, la escuela religiosa en España era mucho más numerosa que hoy y tenía una fuerza determinante. Si se hubiera plantado el resultado habría sido muy distinto porque el gobierno de González no se hubiera atrevido a echarle un pulso de esta proporción, y si lo hubiera hecho, habría experimentado un daño político considerable. En demasiadas ocasiones altos responsables de la Iglesia, en este caso de las congregaciones religiosas, olvidan que el pragmatismo, como recordaba hace ya muchos años Ben Gurion, consiste en sacrificar todo lo accesorio a lo fundamental, lo que implica tener muy claro cual es el fundamento que se ha de defender, la línea roja que no se puede traspasar. Y en el caso de la enseñanza es la libertad de educar de acuerdo con un ideario y de los padres a elegir centro con garantías de que sus hijos recibirán la educación moral y religiosa que predica el ideario. La escuela cristiana se justifica por tener a Jesucristo como centro y no por su número de plazas. Desde entonces el retroceso ha continuado, hoy el ideario de los centros está más condicionado que nunca, además de que una buena parte de las congregaciones ya han situado esta cuestión en un tercer plano, y los padres ya no pueden en la práctica ejercer su derecho de elección porque los mecanismos administrativos, las puntuaciones, los criterios de áreas de proximidad, las oficinas de matriculación, toda la maraña burocrática que tan bien recuerda a las democracias populares, lo impide. Hay como una debilidad política congénita en las instituciones de la Iglesia en España que, por otra parte, aparecen formalmente como vigorosas. Se nota a faltar una unidad de criterio en los Obispos que pueda impulsar respuestas y propuestas que sean apoyadas después en la práctica en cada una de las diócesis. Que la CEE adopte una determinada posición y que después la mitad de los obispos, por decir algo, se olviden de la misma, no hace sino desprestigiar el acuerdo. Cuando una decisión conjunta se produce debe venir acompañada de compromisos concretos de actuación en cada una de las diócesis. Y ésta, precisamente ésta, la falta de unidad de acción es otra debilidad que también aparece muy fuerte entre los católicos laicos: fraccionados por la política de partidos y en ocasiones marcados por una intransigencia de base política, los asemeja a esos grupos de extrema izquierda que continuamente reclaman la unidad revolucionaria mientras siguen fragmentándose, intentando cada uno levantar por separado la bandera de la justicia y la revolución. En definitiva, falta un gran sujeto católico en la sociedad española capaz de hacerse presente y actuar con coherencia en el corto y en el largo plazo.Para el presente más inmediato la Comisión Permamnete de los Obispos hablando de forma clara y concreta, afirmando que debemos oponernos a la Ley por todos los medios legítimos. Los católicos de a pie tenemos claro lo que se nos pide, pero nuestra tarea será insuficiente si, al mismo tiempo, todas las organizaciones diocesanas impulsados por sus propios obispos, no hablan y actúan con coherencia. También las direcciones provinciales de las congregaciones dedicadas a la enseñanza están concernidas por el mensaje, puesto que de lo contrario estarían desautorizando a los propios obispos.

    Educación para la ciudadanía: es inútil

    FORUM LIBERTAS                                                      27/07/2007Educación para la Ciudadanía: es inútilEs curioso como el debate que las personas y medios afines al gobierno mantienen en la defensa de la EpC soslayan su perfecta inutilidad. Quieren formar buenos ciudadanos, pero antes será necesario que sean buenos alumnos. Lo contrario sería un sinsentido. Es decir: que disminuya la violencia escolar, desaparezca el bulling, el pansexualismo, el alcoholismo y la drogadicción, la falta de respeto y de sentido del esfuerzo. ¿Pero alguien del gobierno, de los medios de comunicación, de quienes escriben a favor, es capaz de afirmar que por que se imparta esta asignatura los alumnos van a sufrir esa transformación? Es evidente que no, que todo seguirá igual. Porque sólo el conjunto de la comunidad educativa lo conseguiría. Por tanto, la escuela, también los padres y los medios de comunicación y las propias administraciones que colaboran activamente en introducir una cultura de la trasgresión en los adolescentes y jóvenes. Una parte del discurso viene a cargar el muerto a los padres. Como ellos son incapaces de educar a sus hijos, dicen, debe venir el Estado a hacerlo. Es una perfecta tontería. Porque hay padres que tienen este defecto pero hay muchos otros que quieren pero no pueden del todo o no saben, y hay un tercer grupo muy numeroso que quieren, pueden y saben. Lo que sucede es que la paternidad y la maternidad ha quedado relegada a una función que es poco más de intendencia desde la perspectiva del gobierno y de la cultura dominante. Nada ni nadie se dirige a ayudarlos en su tarea educadora, y ese es un error galáctico: pensar que este enorme vació ahí donde se da, pueda ser sustituido por unas horas de una asignatura que muchos escucharán con el mismo interés que asisten a otras clases. Es decir, cero, ninguno. Una asignatura que será obligatoria a pesar de que muchos padres se niegan a ello, pero no tendrá un examen -realmente eso sería estúpido- sino una evaluación. Y ¿qué van a evaluar? Se supone que el comportamiento global en la escuela. Y ahí una vez más el pez se muerde la cola porque si no es el conjunto de la escuela que educa para ser buen ciudadano después de la clase de ciudadanía, los del bulling se dedicarán a perseguir a la víctima de siempre porque ninguna experiencia, ninguna vivencia habrá cambiado. También es importante subrayar en qué consistirá la evaluación, ¿van a evaluar solo actitudes o también ideas? Porque si acaban haciendo esto segundo es evidente que el adoctrinamiento habrá alcanzado un estadio de orientación totalitaria. La escuela juzgando y calificando a sus alumnos en función de lo que piensen sobre determinados temas y leyes. Esperemos y deseemos que no sea esto último porque de lo contrario el conflicto alcanzaría cotas extraordinarias.

    Educación para la Ciudadanía: ¿formar o adoctrinar?

    Educación para la Ciudadanía, ¿formar o adoctrinar?Firmado por Ignacio Aréchaga Fecha: 30 Mayo 2007 Ya se sabe que, en las polémicas sobre valores en la escuela, inculcar unos principios es “formación” si lo doy yo, y “adoctrinamiento” si lo da el otro. Así, los que descalifican la enseñanza de la religión como adoctrinamiento, dan cartas de nobleza a la Educación para la Ciudadanía como formación indispensable, y viceversa. Más allá de las polémicas y las sospechas, hay que reconocer que una asignatura de este estilo existe en la escuela de distintos países europeos, como asignatura separada, integrada en otras materias o como formación transversal.Que en España hay una falta de civismo es patente. (…) ¿Se soluciona esto con una nueva asignatura en la escuela? No cabe esperar que sea el bálsamo de Fierabrás, pero en principio tampoco es nada malo que exista una educación cívica, siempre que se mantenga dentro de sus propios límites: enseñar a valorar los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos, dar a conocer los principios consagrados en la Constitución, las normas políticas, los mecanismos de participación ciudadana… Todo eso puede hacerse sin invadir la conciencia moral de los alumnos.El problema ha surgido por el tufillo políticamente correcto e ideológicamente sesgado con que se presentó la nueva asignatura, en primer lugar por sus mismos promotores. Se dio la impresión de que en una serie de cuestiones sociales discutidas (el concepto de familia, la valoración de la homosexualidad, la ideología de género, el laicismo…), se imponía una doctrina oficial, según el particular criterio de la actual mayoría de gobierno.Si se leen los contenidos finalmente aprobados para la asignatura, en su gran mayoría no hay cuestiones que indiquen de modo explícito un afán de imponer unas ideas. También porque, ante las protestas que suscitaron los primeros borradores, se han suavizado las expresiones que provocaron más rechazo.Sin embargo, subsisten algunos puntos que muestran la carga ideológica que inspira a los diseñadores del currículo (sin contar los que puedan incluir las autoridades educativas de cada Comunidad Autónoma).Por ejemplo, la democracia no aparece solo como la forma de organización de la convivencia política, sino como la única referencia moral para la vida en sociedad.Igualmente, es tanta la preocupación del Ministerio por evitar discriminaciones, que el programa identifica cualquier desigualdad con discriminación, sin pararse a distinguir si se trata de una desigualdad razonable que obedece a situaciones diferentes. Así, se propone a los alumnos de ESO la “valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos”. Es cierto que los prejuicios siempre son malos, porque son irracionales, e incluso se podrían haber mencionado también los prejuicios antirreligiosos. Pero al incluir en ese enunciado al mismo nivel los prejuicios “homófobos”, se intenta eludir que pueda haber no ya una fobia, sino juicios racionales con una estimación ética desfavorable sobre la conducta homosexual.Al mismo tiempo, al proponer como objetivo el rechazo de las discriminaciones, también las que puedan producirse por razón de “orientación afectivo-sexual”, se da a entender que cualquier tipo de unión genera idénticos derechos en el Derecho de familia, como ocurre con el matrimonio homosexual.En este caso no parece estar vigente el criterio de “considerar las distintas posiciones y alternativas existentes en los debates que se plantean sobre problemas y situaciones de carácter local o global”, actitud que figura entre los criterios de evaluación de la asignatura para “elaborar un pensamiento propio y crítico”.(…) Quizá se está exagerando la importancia de esta asignatura, tanto por parte de los detractores como de los partidarios. Sus resultados dependerán mucho del tipo de colegio y del profesor. Un docente puede enseñar la Educación para la Ciudadanía enfocando los temas de acuerdo con el ideario del colegio y matizando lo que en el programa resulte ajeno a ese tipo de educación. En la enseñanza pública, como siempre, todo dependerá del profesor de turno.En cualquier caso, no olvidemos que también bajo el franquismo hubo una asignatura de Formación del Espíritu Nacional, que pretendía inculcar los principios políticos del momento, y que ni profesores ni alumnos se tomaban muy en serio. Lo más probable es que tampoco la Educación para la Ciudadanía alcance el estatus de las Matemáticas.

    Educación para la Ciudadanía: asignatura discutida

    La Educación para la Ciudadanía, asignatura discutida Firmado por Aceprensa Fecha: 20 Junio 2007 Sigue suscitando polémica la Educación para la Ciudadanía, asignatura obligatoria que se impartirá a los escolares españoles entre los 10 y 17 años, a partir del próximo curso o en el siguiente. Ya han sido noticia los casos de algunas familias que han invocado la objeción de conciencia para que se exima a sus hijos. El Ministerio de Educación insiste en que se trata de una educación cívica, que no pretende ningún adoctrinamiento ideológico. En cambio, algunas organizaciones familiares denuncian que la asignatura supone una intromisión en la educación moral que corresponde a los padres.Entre las organizaciones que propugnan la objeción de conciencia figura el Foro Español de la Familia. Su presidente, Benigno Blanco, ha explicado en un artículo los motivos de esta postura. A su juicio, los contenidos de Educación para la Ciudadanía (EpC) “entran en cuestiones de hondo calado moral que sobrepasan claramente el ámbito de los valores definidos en la Constitución y sus presupuestos o corolarios como exigió el Consejo de Estado”.Entre los objetivos que pretende la asignatura, según los decretos que la desarrollan, figuran, entre otros, profundizar “en los principios de ética personal y social”, ”construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades democráticas”, etc. “Todos esos objetivos –escribe Blanco– no son en sí mismos malos, pero sí lo es que sea el Gobierno quien, al margen de la voluntad de los padres, afronte esa tarea con los criterios que él decide, expropiando a los padres su derecho a decidir con qué criterios morales se ha de formar a sus hijos”.La nueva ética que fomenta la EpC nada tiene que ver con el esfuerzo por delimitar lo bueno y lo malo. “La ética de EpC es la del relativismo, la de la tolerancia indiferenciada tanto hacia el bien como hacia el mal, la de la resolución pacífica de conflictos; una ética de procedimientos para la que la democracia define los contenidos éticos en vez de subordinarse a ellos”, escribe Blanco.Expresa el riesgo de confundir el Derecho y la ética, especialmente en temas trascendentales como el derecho a la vida o al matrimonio. Esto supone un riesgo para la libertad, pues “el Derecho lo aprueba y cambia el poder; y si la ética es el Derecho, la ética será lo que diga el poder en cada momento”.Además, advierte, “la ideología de género está presente una y otra vez en EpC con su terminología específica: orientación afectivo-sexual, diversidad afectivo-sexual, homofobia, etc.”. “Para la ideología de género, ‘hombre’ y ‘mujer’ no son realidades naturales sino construcciones culturales”; “no existen dos sexos naturales sino distintas orientaciones afectivo-sexuales”, de idéntico valor.Frente a todo ello, el Foro Español de la Familia propone que se reaccione planteando objeción de conciencia, como un derecho constitucional que forma parte del derecho a la libertad ideológica y religiosa amparado por el art. 16.1 de la Constitución. El Foro (y el resto de las organizaciones que patrocinan la objeción de conciencia) “está aconsejando a todos los padres de familia, objetores de hecho frente a los contenidos básicos fijados por el Estado para esta asignatura, que formalicen ya por escrito ante los centros escolares en que estudian sus hijos su condición de objetores por solidaridad con todas las familias españolas que ya el próximo curso van a verse afectadas”.

    Sospechas sobre Educación para la ciudadanía

    Las lógicas sospechas sobre Educación para la Ciudadanía
    Firmado por Aceprensa Fecha: 20 Junio 2007
    “La educación para la ciudadanía es una hermosa criatura, pero, en España, ha venido al mundo con pecado original”. Lo escribe en ABC Jorge Otaduy, profesor de Derecho Eclesiástico en la Universidad de Navarra, para quien “la democracia requiere un cierto grado de consenso en torno a los valores básicos (…) que garantice la subsistencia del modelo”.
    Para Otaduy, es “injusto tachar de pusilánimes, alarmistas o de paradójicos colectivos anti-sistema a quienes alzan su voz manifestando la considerable incomodidad que les produce la perspectiva de la nueva asignatura”, ya que “no es fácil quitarse de la cabeza que el Gobierno que ha pergeñado la disciplina es el impulsor de una legislación social –aprobada por mayorías parlamentarias a veces exiguas– que ha arrollado sin grandes miramientos convicciones y sensibilidades de millones de ciudadanos, en materias como el matrimonio o la protección de la vida humana. La particular interpretación –indudablemente ético-moral– de los principios de la Constitución que han dado curso legal a tales reformas no pueden monopolizar el panorama social ni presentarse de modo autoritario a través del sistema educativo oficial, como es inevitable que suceda en el marco de la educación ciudadana que se propone”.
    El profesor Otaduy señala que, si bien el Gobierno se apoya en la recomendación de 2002 que el Consejo de Europa hizo de incluir la educación para la ciudadanía democrática en las políticas educativas, en la propuesta europea “las referencias a fundamentos ético-morales brillan por su ausencia y el mundo afectivo-emocional no aparece mencionado entre los objetivos de la educación para la ciudadanía democrática. Por otra parte, no parece que la responsabilidad de transmisión de las mencionadas competencias a los ciudadanos haya de reposar, poco menos que en exclusiva, sobre el sistema educativo”.
    “La actual educación para la ciudadanía no puede ocultar que es hija de un poder adornado con ribetes de laicismo, que tiende a una interpretación exclusivista y autoritaria del ‘mínimo común ético constitucionalmente consagrado’, en lugar de reconocer los derechos de libertad ideológica y religiosa de las personas y favorecer su libre ejercicio”, subraya Otaduy.

    Declaración de la CEE sobre la LOE: profesores de Religión y Ciudadanía

    NUEVA DECLARACIÓN SOBRE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE) Y SUS DESARROLLOS: PROFESORES DE RELIGIÓN Y “CIUDADANÍA”Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española    20 de junio de 20071. El pasado 28 de febrero esta Comisión Permanente hizo pública una Declaración titulada La Ley Orgánica de Educación (LOE), los Reales Decretos  que la desarrollan y los derechos fundamentales de padres y escuelas. Allí manifestábamos y explicábamos por qué esta nueva legislación no regula la enseñanza de la Religión de modo que queden a salvo los derechos de todos y, también, por qué los derechos que asisten a los padres en la educación de sus hijos resultan vulnerados tanto en el campo de la determinación de la educación moral que desean para ellos, como en el de la libre elección de centro educativo. Dicha Declaración conserva plenamente su vigencia.2. Acontecimientos recientes nos exigen volver a hablar sobre algunos asuntos tratados ya el 28 de febrero, en concreto, sobre el nuevo estatuto laboral de los profesores de Religión y sobre la asignatura de nueva implantación llamada “Educación para la ciudadanía”.

    I. El estatuto laboral de los profesores de Religión católica

    3. El 9 de junio de 2007 se publicó el Real Decreto de 1 de junio por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión. Las preocupaciones que manifestábamos al respecto en nuestra Declaración de febrero se han mostrado, por desgracia, fundadas. Como sucedía ya con la LOE, el Real Decreto, que ahora conocemos, “asimila la situación laboral de los profesores de Religión en las escuelas estatales –según decíamos entonces de la Ley– a las formas contractuales generales reguladas por el Estatuto de los Trabajadores, sin reconocer satisfactoriamente el carácter específico de su trabajo, derivado de la misión canónica que les encomienda la enseñanza de la religión y moral católica”.4. El Real Decreto introduce tres elementos nuevos que exigen una valoración diferenciada. En primer lugar, establece que el contrato laboral de los profesores será de duración indefinida. En segundo lugar, prevé como causa de extinción del contrato “la revocación ajustada a derecho de la acreditación o de la idoneidad para impartir clases de religión por parte de la Confesión religiosa que la otorgó”. En tercer lugar, el acceso al destino concreto –colegio o escuela– queda en manos de la Administración, según los criterios estimados por ella como adecuados.5. Es positivo que el contrato laboral de los profesores de religión sea de duración indefinida. Los beneficios laborales que ello comporta hacen justicia a su labor y contribuyen a dignificar su importante misión, que es misión de la Iglesia. Desde hace muchos años la Conferencia Episcopal, en diálogo con las diversas Administraciones, no ha escatimado esfuerzos para mejorar el estatuto laboral y económico de los profesores de religión. Los obispos seguirán interesándose vivamente por todo ello.6. La dignidad del trabajo del profesor de religión, además de unas condiciones laborales justas, exige también las garantías legales de su perfil específico, es decir: el de una docencia que imparte la religión y moral católica a quienes han solicitado libremente estas enseñanzas. Sin tales garantías legales, el trabajo del profesor de religión perdería su identidad y quedaría expuesto a riesgos de todo tipo, incluido el de su eventual desaparición. Por eso, hemos de manifestar nuestra disconformidad con las otras dos novedades que introduce el Real Decreto.7. Primero, el Real Decreto no ignora del todo que la autoridad de la Iglesia católica –como, en su caso, la de la Confesión que corresponda– sea la instancia competente para garantizar la idoneidad de los profesores de religión y moral católica. Sin embargo, tal autoridad no es reconocida de manera suficiente para que le sea posible ejercer sus competencias de modo seguro. La mera invocación de una “revocación ajustada a derecho” (art. 7) –sin aclarar a qué derecho se refiere–  puede restringir indebidamente la competencia del Obispo para retirar la idoneidad cuando tenga que hacerlo en virtud de las previsiones del ordenamiento jurídico de la Iglesia (véase el canon 804). La Constitución declara que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno” (art. 96). Por tanto, podremos seguir actuando según los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, que no ceden ante un Real Decreto ni ante una ley ordinaria, como la correspondiente Disposición adicional de la LOE.8. Hay que recordar, en concreto, que, en conformidad con el Acuerdo sobre Enseñanza (véase artículo VI), y según la doctrina del Tribunal Constitucional, “la apreciación del Ordinario acerca de si un profesor imparte o no recta doctrina y si da o no testimonio de vida cristiana es inmune, en su núcleo, al control de los Tribunales” (Sentencia de 15 de febrero de 2007). En un ordenamiento inspirado por el principio de libertad religiosa, los motivos de índole religiosa por los que un profesor puede perder su idoneidad como docente de la religión y moral católica no son susceptibles de evaluación por las leyes y por los tribunales civiles. Además, el Acuerdo establece que la designación de estos profesores ha de realizarse, de entre los propuestos por el Ordinario, “para cada año escolar” (Art. III). Este mandato legal es compatible con un contrato laboral de duración indefinida, y permite al Obispo garantizar la idoneidad del profesorado en cada momento. Por eso, los obispos seguirán haciendo la preceptiva propuesta de los profesores que consideran idóneos para cada año escolar.9. Segundo, es necesario aclarar que el destino de los profesores a un puesto determinado forma parte de la misión de enseñar religión católica, misión que el Obispo no da en abstracto o de modo genérico, sino teniendo en cuenta las circunstancias concretas de lugar y personas. Ésa ha sido la praxis constante en la interpretación de los Acuerdos, que ha sido corroborada por el Tribunal Supremo  (véase la Sentencia de 29 de septiembre de 2004).10. En suma, pensamos que el Real Decreto de 1 de junio de 2007, publicado el 9 de junio, regulador de la relación laboral de los profesores de religión, no cumple el Acuerdo sobre Enseñanza entre el Estado Español y la Santa Sede, por el que se hace efectivo para los católicos en este campo el derecho de libertad religiosa reconocido de modo genérico por la Constitución Española, y no se ajusta a la jurisprudencia establecida al respecto por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional. No podemos excluir que sea necesario ejercer las acciones legales oportunas para que sea respetado el ordenamiento jurídico vigente, que tutela los derechos de todos.

    II. “Educación para la ciudadanía”

    11. La LOE ha introducido en el sistema educativo español una nueva asignatura obligatoria, conocida como “Educación para la ciudadanía”, cuyo objetivo, tal como resulta articulada en los Reales Decretos, es la formación de la conciencia moral de los alumnos. La publicación de las correspondientes disposiciones de las Comunidades autónomas y de algunos manuales de la materia ha venido a confirmar que ése es el objetivo de la nueva asignatura.  En nuestra Declaración del 28 de febrero expusimos los motivos por los que tal disposición implica una lesión grave del derecho originario e inalienable de los padres y de la escuela, en colaboración con ellos, a elegir la formación moral que deseen para sus hijos. Se trata de un derecho reconocido por la Constitución Española (art. 27, 3). El Estado no puede suplantar a la sociedad como educador de la conciencia moral, sino que su obligación es promover y garantizar el ejercicio del derecho a la educación por aquellos sujetos a quienes les corresponde tal función, en el marco de un ordenamiento democrático respetuoso de la libertad de conciencia y del pluralismo social. En cambio, con la introducción de la “Educación para la ciudadanía” de la LOE –tal como está planteada en los Reales Decretos– el Estado se arroga un papel de educador moral que no es propio de un Estado democrático de Derecho. Hablamos de esta “Educación para la ciudadanía”. Otra diferente, que no hubiera invadido el campo de la formación de la conciencia y se hubiera atenido, por ejemplo, a la explicación del ordenamiento constitucional y de las declaraciones universales de los derechos humanos, hubiera sido aceptable e incluso, tal vez, deseable.12. Las disposiciones de la LOE y de sus desarrollos sobre “Educación para la ciudadanía” han causado una creciente y comprensible preocupación en los padres de alumnos. También han puesto en dificultades a los centros educativos. Por un lado, los centros católicos o inspirados en la doctrina católica se verían obligados por la Ley a introducir en su programación una asignatura que no resulta coherente con su ideario, puesto que –según el actual currículo– no es conforme con la Doctrina Social de la Iglesia, tanto por su carácter de formación estatal obligatoria de las conciencias como por sus contenidos. Por otro lado, los centros educativos del Estado, perdiendo su obligada neutralidad ideológica, impondrán a quienes han optado por la religión y moral católica otra formación moral no elegida por ellos, sin que éstos puedan gozar de la protección que el carácter propio otorga a quienes estudian en centros de iniciativa social católica. En los centros estatales estudian la mayor parte de los hijos de padres católicos. En cualquier caso, todos los alumnos, católicos o no, quedan afectados en sus derechos, ya que a ninguno se le puede imponer una formación moral no elegida por él o por sus padres: “ni una supuestamente mayoritaria, ni la católica, ni ninguna otra” (Declaración de 28 febrero).13. En esta situación, se han planteado muchas dudas acerca del modo adecuado de responder a tal desafío. En nuestra Declaración de febrero hemos exhortado a todos a actuar de modo responsable y comprometido ante una asignatura inaceptable tanto en la forma como en el fondo. Los medios concretos de actuación de los que disponen los padres y los centros educativos son diversos. No hemos querido ni queremos mencionar ninguno en particular. Deseamos, en cambio, recordar que la gravedad de la situación no permite posturas pasivas ni acomodaticias. Se puede recurrir a todos los medios legítimos para defender la libertad de conciencia y de enseñanza, que es lo que está en juego. Los padres harán uso de unos medios y los centros, de otros. Ninguno de tales medios legítimos  puede ser excluido justamente en ninguno de los centros en los que se plantea este nuevo desafío: ni en los centros estatales ni en los de iniciativa social.Cuando está en cuestión un derecho tan fundamental, como el de la libertad de conciencia y de enseñanza, todos –y los católicos, en particular– debemos mostrarnos unidos en su defensa.Confiamos de nuevo a María, Madre de la Iglesia, la tarea de todos los educadores, en particular de los padres y de las escuelas.

    Ciudadanía de temporada

    Ciudadanía de temporadaPor Andrés Ollero,         ABC 2 de julio de 2007La polémica sobre la asignatura «Educación para la ciudadanía» ha suscitado reacciones tan variadas que parecen agotar toda posible novedad al respecto. De ahí mi preocupación, al comprobar que la mía no encaja en ninguna de las hasta ahora expuestas. Quizá todo se deba a mi curiosa condición de catedrático de Filosofía del Derecho.En el fondo, se estaría reduplicando un fenómeno bien conocido en la filosofía jurídica. Tras la última guerra mundial se planteó una crítica al positivismo jurídico, como presunto culpable de los desmanes que la habrían generado. Esta teoría jurídica aparecía así como éticamente perniciosa, dando de camino ocasión a una efímera resurrección del derecho natural. Con el paso del tiempo, la crítica al positivismo jurídico ha cambiado de enfoque, ganando a la vez en profundidad: su problema no es que resulte éticamente indeseable, sino que más bien se constata como teóricamente inviable. Mientras proponía ocuparse del derecho como es, marginando salmodias de deber ser, lo que a la hora de la verdad nos cuenta no tiene mucho que ver con el derecho como en realidad existe.Ante la nueva asignatura, no me he planteado si sus resultados serán tan éticamente esplendorosos como para zambullirnos de una vez por todas en lo políticamente correcto, o si por el contrario pueden llevar a las jóvenes generaciones al infierno de cabeza. Me he limitado a preguntarme, ya que me ha dado por dedicarme a la filosofía jurídica, cómo podría yo explicar tan discutida asignatura. El resultado no ha podido ser más desalentador; la asignatura no me parece ni buena ni mala; constato simplemente que es inexplicable. Al menos yo, quizá porque filosofar obliga a reflexionar sobre lo que se hace, no podría explicarla.No se me tenga precipitadamente por objetor. El problema arranca al plantearme cómo puedo explicar cuestiones con hondas implicaciones morales sin traicionar la neutralidad exigida por lo público. Cuando el destinatario es adulto, todo queda constitucionalmente delegado a la libertad de cátedra y al deseable sentido crítico de los destinatarios. Durante decenios existió una asignatura de «derecho natural», denostada por más de uno de los que hoy paradójicamente apelan a una ética universal, al alcance de cualquier mortal en su sano juicio. Nada impidió que los docentes de dicha disciplina desarrollaran pintorescos programas de teoría marxista, explicando cómo debería ser en el futuro el derecho, según un autor que exigía que desapareciera cuanto antes.Cuando, por el contrario, los destinatarios son menores de edad, nuestra Constitución garantiza (en su artículo 27.3) «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». En consecuencia, para explicar la asignatura, dado que se pretende imponer como obligatoria, tendría yo que llevar a cabo una encuesta previa para ver qué quieren los progenitores que explique a sus retoños. Argumentar que si los padres desean ejercer ese derecho se habrán buscado un centro escolar con ideario, reconocidamente capaz de satisfacer sus deseos, exige ignorar la jurisprudencia constitucional existente. Ésta atribuye al ideario de los centros un alcance que en modo alguno coincide, ni cabe con afán reductor identificar, con lo moral o religioso. Sin duda involuntariamente, los centros que se vienen ofreciendo a explicar la asignatura con arreglo a su ideario están paradójicamente contribuyendo a ofrecer precedentes para llegar a ver interpretado restrictivamente el alcance real de sus propios derechos, como si tuvieran fundamento en un privilegio religioso.Tendría más sentido argumentar que yo, al margen de lo que los padres puedan pensar, respetaría la neutralidad en la medida en que me limite a explicar cuestiones morales remitiéndome a lo recogido en la legalidad vigente. No en vano ésta ha sido elaborada por los representantes del pueblo soberano, entre los que tengo el orgullo de haberme visto incluido durante más de diecisiete años. Esta argumentación desconoce, sin embargo, aspectos elementales de nuestro modelo constitucional, particularmente atento a evitar cualquier posible dictadura de la mayoría.Las mayorías parlamentarias son tratadas por nuestra Constitución como meramente coyunturales; incluso si se tratase, y ahora ni siquiera es el caso, de abrumadoras mayorías absolutas. Nunca, en nuestro sistema, el que gane unas elecciones, aunque no sea de carambola, lucra con ello el derecho a formar a los ciudadanos con arreglo a las convicciones morales de su preferencia. Parece lógico, ya que lo contrario sería tratar a la ciudadanía como prenda de temporada, que iría cambiando de diseño según quién sacara más votos, o lograra con mayor facilidad endosarse los ajenos. Como consecuencia, yo no podría explicar la discutida asignatura remitiéndome a lo que mi buen amigo Elías Díaz calificaría, con alcance meramente sociológico, como «moral legalizada». Ya su maestro Bobbio consideraba disparatado afirmar que habría una obligación moral de obedecer al derecho positivo, por el mero hecho de haber sido puesto. Así que sigo teniendo difícil explicar tan obligatoria asignatura.Alguien medianamente informado se brindaría a salvarme de la perplejidad, sugiriéndome que cuento con un punto de referencia nada coyuntural, al que remitirme para abordar cuestiones de relevancia moral, por peliagudas que me parecieran: el texto constitucional. Al fin puedo asumir tan honrosa tarea docente…Siento complicar la cuestión si planteo una nueva pregunta; al fin y al cabo, los filosofantes se dedican a preguntar, consiguiendo gracias a ello complicar lo más obvio. Cuando llegue el momento de referirme a las uniones entre personas del mismo sexo, ¿debo considerarlas como una modalidad de matrimonio, o no? La respuesta no parece fácil, ya que nuestra Constitución no ha sido tan previsora como para establecer que los docentes de Secundaria puedan plantear cuestiones de inconstitucionalidad; ni siquiera a los jueces encargados del Registro se reconoce tal posibilidad. Tendré quizá que ignorar esa parte de la asignatura hasta que el alto Tribunal se pronuncie; como habría tenido que aplazarla (siete años) para explicar si el aborto puede verse despenalizado en determinados supuestos, o (dieciocho años) para explicar si existen preembriones que merezcan protección diversa que los embriones, o (veintiún años) para explicar qué cabe o no hacer con éstos últimos.Me asombra que las editoriales, que han perseguido a nuestros éticos más comerciales para que les pergeñen un manual, no hayan optado por la fórmula fascicular. Sería el único modo adecuado de mantener actualizada la asignatura; incluso, recurriendo a soporte informático, podrían mediante las oportunas descargas automáticas anunciar cada día en qué consiste ser ciudadano de acuerdo con las últimas sentencias recaídas. Aun así, no faltará quien plantee si los votos particulares no merecerían también honores discentes. Puede, en cualquier caso, darse por hecho que a final de curso cualquier parecido entre lo que el sufrido alumno haya logrado entender sobre la cuestión y lo que sus padres piensen al respecto será pura coincidencia.Nosqueda, por último, tomando en serio lo sugerido por José Antonio Marina, refugiarnos en los dictados de la «ética universal». Ésta logra, al parecer, situarse por encima de las morales socialmente vigentes, de las más de mil confesiones religiosas inscritas en el registro y de lo que, sobre unas y otras, puedan pensar los padres y demás parientes. Ya dijo Hugo Grocio que «etsi Deus non daretur» (o sea, aunque Dios no existiera) con el derecho natural podríamos entendernos todos. Por lo visto, la asignatura, que se eliminó de los planes de estudios de Derecho (salvo en El Álamo de la Complutense), vuelve ahora con nuevos bríos; nada menos que a los cursos de Primaria y Secundaria, sin que ni siquiera los padres marxistas puedan decir ni pío. Porque ya me dirán ustedes qué será esa ética universal sino el derecho natural, desprovisto desde luego del roquete con el que, por torpeza o mala intención, acabó muy a su pesar revestido.Andrés OLLERO TASSARA. Catedrático de Filosofía del Derecho

    Viabilidad de Educación para la Ciudadanía

    La difícil viabilidad de la actual Educación para la Ciudadanía Firmado por Aceprensa  Fecha: 3 Julio 2007 Sumándose al elenco de opiniones en el debate sobre Educación para la ciudadanía (EpC), Manuel de Castro, secretario general de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) y EyG, y Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho, publican sendos artículos en El País (1-07-07) y ABC (2-07-07). Respectivamente, mostrando sus reticencias a la asignatura tal y como ha sido planteada en la LOE.El loable despertar de los padresDespués de defender que los “centros educativos católicos han mostrado siempre un gran compromiso con la educación en valores; también con los valores cívicos”, De Castro señala que “el desarrollo de los acontecimientos” ha demostrado que el Gobierno no ha elegido “el camino más acertado” a la hora de plasmar el compromiso de la UE de educación cívica en las escuelas. Se pregunta si “no hubiera sido mejor mantener” la asignatura de Ética de 4º de la ESO, que “no había sido cuestionada”, y “haber distribuido los contenidos teóricos referentes a derechos humanos y el funcionamiento de las instituciones democráticas en otras asignaturas ya existentes, y haber potenciado la acción tutorial”. Además, “los temas morales encontraron en esta última (Ética) un planteamiento más sistemático y científico del que tienen ahora en Educación para la Ciudadanía”.El directivo de FERE ve “innecesaria la presentación de la objeción de conciencia en nuestros centros” -aunque no se pondrá “obstáculo alguno a quienes libremente decidan hacerlo”- porque la asignatura se impartirá en consonancia con “el carácter propio de los centros católicos”. Lo que no impide, sin embargo, que considere que “en los centros públicos, obligados a la neutralidad ideológica, puede darse el caso de que alguien pretenda adoctrinar en valores morales no compartidos por todos, convirtiéndose en plataformas para la difusión de ideologías legítimas, pero particulares. En este caso, apoyaremos las medidas que los padres adopten en defensa de sus derechos”.Después de criticar la falta de “acuerdo generalizado” en la LOE, De Castro señala que el debate ha provocado “un loable despertar de la preocupación de los padres por la educación religiosa y moral que sus hijos puedan recibir en la escuela”. Además de “protegerles contra posibles adoctrinamientos, del signo que sean”, los padres debieran estar “atentos a la influencia que otras instancias, como los medios de comunicación social, Internet, etcétera, están ejerciendo sobre sus hijos”.Un temario efímeroPor su parte, Andrés Ollero expone la inviabilidad de la asignatura para quien tiene la tarea de impartirla, más allá de la ética que proponga: “la asignatura no me parece ni buena ni mala; constato simplemente que es inexplicable”. Y dicha inviabilidad parte del carácter positivista de la “moral universal” que se pretende impartir, cuyo fundamento de bondad reside en una legislación cambiante.El catedrático de Filosofía del Derecho se plantea “cómo explicar cuestiones con hondas implicaciones morales sin traicionar la neutralidad exigida por lo público” al dirigirse a menores de edad. Puesto que, en cuyo caso, “nuestra Constitución garantiza (en su artículo 27.3) «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones»”.Argumentar que se respeta la neutralidad “en la medida en que me limite a explicar cuestiones morales remitiéndome a lo recogido en la legalidad vigente”, fruto de mayorías democráticamente elegidas, supone desconocer -escribe Ollero- “aspectos elementales de nuestro modelo constitucional, particularmente atento a evitar cualquier posible dictadura de la mayoría. Nunca, en nuestro sistema, el que gane unas elecciones, aunque no sea de carambola, lucra con ello el derecho a formar a los ciudadanos con arreglo a las convicciones morales de su preferencia”.Algunos piensan que la Constitución es un firme anclaje a la hora de fundar la moral de esta asignatura. Pero, según Ollero,  no lo es tanto, ya que el mismo hecho de que haya una instancia judicial que se tenga que pronunciar sobre la constitucionalidad o no de algunas leyes supone que a efectos morales no hay una interpretación unívoca del texto constitucional. No sin ironía, aconseja Ollero a las editoriales de libros de texto optar por los fascículos y así, “mediante las oportunas descargas automáticas anunciar cada día en qué consiste ser ciudadano de acuerdo con las últimas sentencias recaídas”. Y eso no impediría que se pueda reclamar que “los votos particulares” en sentencias del TC formen parte del temario.

     

    Tres posturas ante Educación para la Ciudadanía

    Tres posturas ante Educación para la Ciudadanía Firmado por Olegario González de Cardenal Fecha: 5 Julio 2007 Los que defienden la asignatura y el programa que el Ministerio propone afirman que es esencial una educación en valores, porque la escuela tiene que ser beligerante contra la violencia, la desigualdad social, la discriminación.Quienes descartan asignatura y programa “rechazan por principio cualquier asignatura que confiera al Estado la capacidad de transmitir convicciones últimas de sentido, verdad e identidad”.  Otros, especialmente profesionales de la enseñanza, afirman que “el Estado sustituye a las familias y pone a los profesores ante el dilema de rechazarla o de impartir contenidos que violentan su conciencia”. Pero “el problema más grave es que, dada la heterogeneidad de materias indicadas en el programa del Ministerio, se mezclan realidades totalmente distintas: las que podrían pertenecer legítimamente a una ética cívica y otras como son “la condición humana”, la “identidad personal”, “la educación afectivo-sexual”, “la construcción de la conciencia moral”, que son de otra naturaleza, y solo pueden ser ofrecidas por quienes tienen la responsabilidad primera, es decir, los padres.”.La tercera posición “reconoce al Estado la legitimidad para ofrecer esa materia que prepare a los alumnos para existir en sociedad”, pero “se oponen al programa como totalidad ya que en él se mezclan reales tareas de una educación cívica con cuestiones de mayor calado y que exceden la autoridad del Estado”. “Lo primero y esencial es la persona, de cómo se comprenda ella a sí misma se deriva incluso la forma de comprender y realizar su ciudadanía.”Entre los partidarios de esta tercera postura –entre los que se incluye el autor– , “unos creen posible una refundición del programa, quitando aquellas cuestiones que exceden las competencias del Estado”. González de Cardedal propone “centrar la materia en el estudio de la Constitución española, que ofrece todos los presupuestos de ideales, valores, derechos, deberes y responsabilidades del ciudadano, completándola con las Declaraciones internacionales de derechos humanos”.González de Cardedal piensa que no se puede imponer una materia que divide a la nación. La memoria histórica de España indica que “cada vez que se ha impuesto algo semejante, sea en la II República sea en la España de Franco, los resultados han sido nefastos”. Las materias educativas deben considerarse cuestiones de Estado y resolverse por consenso entre los grandes partidos.

    La objeción de conciencia a Educación para la ciudadanía

    La objeción de conciencia a la Educación para la Ciudadanía no es resistencia civil Firmado por Aceprensa Fecha: 25 Julio 2007 “¿Puede o no puede el hombre rechazar una obligación legal que se opone a su conciencia?”. Partiendo de lo que habitualmente se entiende por objeción de conciencia, “oposición al cumplimiento de un imperativo legal o de un mandato”, el vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional español, José Gabaldón López, en un artículo publicado en ABC, se pronuncia a favor de la licitud de este recurso para defender el derecho de los padres a la educación moral de sus hijos, si lo entienden amenazado por la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía.Según Gabaldón, la asignatura Educación para la Ciudadanía pretende una clara formación moral de los alumnos. Entonces, prosigue, “la actitud de los padres objetores es coherente con lo que constituye el fundamento de su objeción: se trata de impartir un corpus de educación moral que, por lo visto, es contrario a sus convicciones. Al oponerse ejercitan en un derecho fundamental garantizado en su artículo 27.3 de la Constitución” (“los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”). Este acto de resistencia, además, está amparado en el artículo 16.1 de la Constitución, con el que “se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”.Podría rebatirse que no existe ninguna ley que regule el derecho de objeción y que, por eso, no forma parte de los derechos constitucionales. Sin embargo “el Tribunal Constitucional, en su sentencia 15/1982, sentó que la objeción de conciencia forma parte del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocida en el artículo 16 de la Constitución, “directamente aplicable en materia de derechos fundamentales”. El uso de este derecho será procedente, como recoge la sentencia 161/1987 del mismo tribunal, cuando provenga “de un sistema de pensamiento coherente y suficientemente orgánico y sincero”. En esta misma línea se pronunció el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en sentencia de 25 de febrero de 1982 al señalar que, para su ejercicio, son fundamento razonable “aquellas ideologías que merecen el nombre de convicciones o creencias aunque no se apoyen en consideraciones religiosas”.

    Por tanto, “no se trata de una posición de resistencia civil, ni, por supuesto, de una actitud de conciencia capaz de relativizar los mandatos jurídicos, como quería evitar el Tribunal (sentencia 160/1987), sino la oposición al cumplimiento de un deber general por un motivo tan arraigado en la esencia de los derechos de libertad como el que el artículo 27.3 de la Constitución reconoce y garantiza a los padres”.

    Educación para la esclavitud

    Juan Manuel de Prada,
    “Educación para la esclavitud”,


    ABC, 17.VII.06
    Recordemos la célebre frase de Jean-François Revel: «La tentación totalitaria, bajo la máscara del demonio del Bien, es una constante del espíritu humano». Todas las ideologías totalitarias que en el mundo han sido aspiran a crear, bajo esa máscara de bondad, un «hombre nuevo» que se amolde a sus postulados. El ser humano, cada ser humano, posee unos rasgos, querencias y convicciones de índole moral que dificultan la consecución de ese modelo; las ideologías totalitarias, lejos de admitir la pluralidad de sensibilidades que componen la sociedad, tratan de modificarlas mediante la «reeducación», hasta convertirlas en engranajes del sistema. Si algo hermanó al nazismo y al comunismo fue precisamente este propósito de fabricar un «hombre nuevo», en el que el valor intrínseco de la persona era negado en pro de la comunidad. Esta labor de «reeducación» social se presentó, paradójicamente, como una empresa filantrópica. Y esa «máscara del demonio del Bien» fue a la postre la que amparó el derecho de desterrar a los arrabales de la sociedad a categorías enteras de hombres, incluso el derecho a aniquilarlos sin dubitación.Este sueño de construir la sociedad perfecta e imponerla a los demás sigue infectando los regímenes democráticos, bajo estrategias mucho más amables y sibilinas. Un ejemplo palmario de ingeniería social lo representa esa asignatura llamada cínicamente Educación para la Ciudadanía, cuyo objetivo no es otro que imponer un nuevo sistema de valores, presentándolo como un imperativo moral e imprescindible para la existencia de una sociedad cohesionada. Para ello, se impone una «nueva ética» basada en los «nuevos paradigmas»: el nuevo paradigma de familia, el nuevo paradigma de derechos humanos, el nuevo paradigma de género, etcétera. A nadie se le escapa que el adoctrinamiento de las mentes infantiles produce a medio plazo unos opíparos réditos electorales; a nadie se le escapa que todo régimen político que anhela perpetuarse dedica especiales esfuerzos a las tareas de proselitismo y propaganda entre los más jóvenes, pues con ello se asegura un granero de votos. A través de esta asignatura llamada cínicamente Educación para la Ciudadanía, nuestros hijos serán atiborrados de un pienso ideológico que naturalmente no se limitará a incluir unas normas de convivencia cívica, sino que sobre todo se preocupará de imponer una «moral pública» que tuerza y pisotee la moral que los padres, legítimamente, les intentamos transmitir. Y así, por ejemplo, se entonarán las loas del «derecho a elegir libremente la opción sexual», y se les explicarán los muy benéficos logros que deparará la experimentación con embriones, todo ello aderezado con apelaciones a la «recuperación de la memoria histórica» y demás mitologías del Nuevo Régimen. La formación de nuevas generaciones de esclavos está asegurada.Ante tal atropello, los ciudadanos libres -si es que todavía resta alguno -deben actuar enérgicamente. Recordemos las palabras de Henry David Thoreau en su opúsculo Desobediencia civil (1849): «Existen leyes injustas. ¿Debemos conformarnos con obedecerlas? ¿Nos esforzaremos en enmendarlas, acatándolas hasta que hayamos triunfado? ¿O debemos transgredirlas de inmediato? Si la injusticia requiere de tu colaboración, convirtiéndote en agente de injusticia para otros, infringe la ley. Que tu vida sirva de freno para detener la máquina. Lo que debes hacer es tratar por todos los medios de no prestarte a fomentar el mal que condenas». Una ley es injusta cuando conculca derechos ciudadanos y trata de confiscar ese ámbito de libertad personal que corresponde en exclusiva al individuo y que el Estado no puede invadir. Esta asignatura llamada cínicamente Educación para la Ciudadanía nos amenaza con una flagrante invasión de ese ámbito inviolable, ejercida además contra los más débiles e indefensos, que son nuestros hijos. La desobediencia civil será, llegado el momento, un recurso legítimo.

    Educación para la ciudadanía

    Rafael Navarro-Valls, “Educación para la ciudadanía”,

    El Mundo, 5.IX.06

    Un importante conjunto de asociaciones de profesionales y familias han manifestado su oposición a ciertos contenidos de la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía, prevista en la LOE. Entre las medidas que acaban de adoptar se encuentra la elaboración de una Guía -Observatorio de Objeción de Conciencia-. Su objetivo: que los padres sepan qué pasos deben seguir y qué consecuencias podría tener para sus hijos la negativa a cursarla. La nueva materia, que será obligatoria en un curso de Primaria, dos de Secundaria y uno de Bachillerato, podría comenzar a aplicarse en la ESO a partir del curso 2007-2008. Según el proyecto que maneja el Ministerio -de ahí la inquietud de los padres-, incluirá en esta etapa, entre otros, contenidos sobre sexualidad, relaciones familiares y opciones religiosas.Esta postura de los padres ha sido contestada desde el Ministerio de Educación y Ciencia, desatándose un debate que oculta, bajo el lógico apasionamiento, importantes cuestiones políticas y jurídicas. Entre otras, el de los límites del Estado en la imposición obligatoria de contenidos educativos. Es decir, el de la coordinación entre los principios de intervención democrática del Poder y el de autonomía de las familias. A ella se suma el llamativo big-bang de objeciones de conciencia que ha estallado en el universo jurídico español. Distanciándome de la acritud de la polémica, voy a intentar afrontar el problema desde la frialdad del discurso jurídico.La primera cuestión ha sido puesta en vías de satisfactoria aclaración por Charles Fried (Harvard) y Pablo da Silveira (Lovaina). Resumo sus conclusiones. El principio de intervención democrática autoriza al Estado a buscar un acuerdo (o una decisión mayoritaria, acorde con la Constitución) acerca de los saberes y competencias mínimos que han de transmitirse a las nuevas generaciones. El problema se plantea cuando se da un desacuerdo razonable sobre cuál sea la mejor manera de preparar a los alumnos para participar en la vida política o asegurar su desarrollo moral. En estos casos el Estado puede adoptar dos posiciones. La primera , no acorde con un Estado democrático constitucional, sería decidir por sí mismo cuál es la mejor manera de asegurar el desarrollo de las competencias morales, cívicas y políticas de las nuevas generaciones. La segunda, decidir que no le corresponde a él dar una respuesta definitiva a la cuestión.Esta última postura coincide con la generalizada conclusión científica de que el derecho a elegir el tipo de educación que queremos dar (o no dar) a nuestros hijos forma parte de nuestro propio derecho a elegir una concepción del bien, y a ponerla en práctica sin sufrir la interferencia de los poderes públicos. Ésta ha sido la postura del Tribunal Supremo estadounidense en el caso Wisconsin versus Yoder (1972): «El interés del Estado por la escolarización obligatoria debe ceder ante la libertad de los padres para marcar la orientación moral de sus hijos». De algún modo está también presente en el subconsciente jurídico de Europa, ya que la Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea (art.14) garantiza: «El derecho de los padres a asegurar la educación y enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas». En fin, nuestro Tribunal Constitucional (STC 5/81 de 13 de febrero) expresamente afirma que «todos los profesores de los centros públicos están obligados a renunciar a cualquier forma de adoctrinamiento ideológico, única actitud compatible con el respeto a las familias que no han elegido para sus hijos centros docentes con una orientación ideológica explícita». Es evidente que lo predicado de los profesores es aplicable a los propios centros y al legislador.En este contexto , y en los casos de desacuerdo, los padres tienen mecanismos jurídicos de reacción . Al rozar la cuestión un derecho fundamental y dos preceptos constitucionales (arts. 16 y 27), la primera reacción jurídica podría discurrir por los cauces de la ley 62/1978 de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. Contra los actos de la Administración pública, sujetos a Derecho administrativo, que afecten al ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, los padres afectados pueden interponer recurso contencioso administrativo. La tramitación de este recurso «tendrá carácter urgente a todos los efectos orgánicos y procesales» (art.10.1).¿Cabría también, alternativamente, una actitud omisiva ante la ley, sustrayendo a los hijos de la obligación jurídica de asistir a las clases que colisionan con las convicciones morales de los padres? Es el tema de la objeción de conciencia. Adelantemos que, implícitamente, las posturas sociales no son coincidentes. Por ejemplo, para el cardenal Rouco la disciplina de Educación para la ciudadanía se encuentra «al borde de la constitucionalidad», ya que a su través «se transmite una forma de ver la vida, una antropología y una ética, aspectos que tienen que ver con los aspectos más íntimos de la persona». Para la ministra de Educación: «No hay intención de nada que pueda parecerse a adoctrinamiento o intromisión en la educación moral o religiosa, que es, efectivamente, un ámbito privado».Es evidente que, en su momento, habrá que estudiar el contenido del programa de la asignatura para dictaminar si estamos en el marco de un verdadero adoctrinamiento o más bien en el marco de lo permitido por la Constitución. En el Derecho occidental no hay una respuesta unívoca a si es necesario el adoctrinamiento o basta la simple lesión en las convicciones de los padres para que sea tutelable jurídicamente la objeción de conciencia. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen (7 de diciembre de 1976) sentó el criterio de que el límite que el Estado no puede sobrepasar en la determinación de los planes de estudio «viene trazado por el afán indoctrinador en contra de las convicciones de los padres, algo que un Estado en ningún caso puede intentar». Sin embargo, entendió que la enseñanza sexual obligatoria, «siempre que suponga la transmisión imparcial de conocimientos», no conculcaba las convicciones morales o religiosas de los padres demandantes, que se oponían a que sus hijos recibieran obligatoriamente esa enseñanza. En Estados Unidos, la sentencia Frederick (Kentucky, 1982) ha seguido un criterio diverso. Exigió al organismo estatal correspondiente cambiar la calificación de la educación sexual de obligatoria a voluntaria, precisamente porque esa enseñanza lesionaba los derechos de los padres demandantes, por encima de las motivaciones de las Juntas educativas que la impusieron.Desde mi punto de vista, si se estudia atentamente el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 2 del primer protocolo adicional al Convenio) es evidente que no protege tan sólo a los padres de las enseñanzas con fines indoctrinadores. Lo que exige es que el Estado respete las convicciones de los padres, sin que haya la menor referencia a la finalidad perseguida por la organización pública del sistema de enseñanza. Esto explica que la sentencia Kjeldsen contuviera un voto discrepante del prestigioso juez Verdross, el cual afirmaba que el Tribunal debería haberse limitado a constatar si la legislación impugnada (que imponía la educación sexual obligatoria) iba contra las creencias de los demandantes, sin indagar en los posibles fines de adoctrinamiento, lo que se agravaba al no contener cláusula de conciencia que permitiera exenciones para los padres discrepantes. Si seguimos ese criterio, en el supuesto hipotéticamente planteado en España, sería tutelable la objeción de conciencia de los padres disconformes con el contenido de la asignatura. Es sintomático que el propio Consejo de Estado, al revisar en su momento la LOE, criticara las continuas referencias que se hacen en todo el cuerpo legal a conceptos como ciudadanía, educación en la igualdad, solución política de conflictos, etcétera. La razón, según el Consejo de Estado, es que se corre el peligro de residenciar en esas nociones «la esencia del sistema educativo, cuando la realidad es que se trata de orientaciones nuevas, muy loables, pero que no deben dejar en segundo o últimos planos cuestiones tan esenciales como lo son la simple pero evidente necesidad de que el sistema educativo transmita conocimientos objetivos de las humanidades, artes y ciencias o como la necesidad de recoger el legado de otras innovaciones más recientes, pero hoy universales».Así las cosas, pienso que el conflicto conviene neutralizarlo cuanto antes. Tal vez una vía de solución sea la de que los contenidos de esa nueva asignatura y el modo de impartirlos -que han de ser desarrollados reglamentariamente- sean acordados por las partes interesadas, en especial con los padres de familia afectados. Otra opción podría ser que, por vía reglamentaria, se incluyera una expresa cláusula de conciencia que exima, sin repercusiones administrativas de ningún tipo, a los padres que lo desean de que sus hijos asistan a esas clases. En todo caso, sea cual sea la solución conciliadora buscada, no puede olvidarse el papel prioritario que, en la educación en valores morales, tienen los padres sobre el sistema educativo. Sería un penoso error de cálculo asumir acríticamente esta frase que corre por algunos medios políticos: «Si comparamos educar niños con una comida, pensamos que la escuela debe ofrecer los platos fuertes, mientras que la familia aporta sólo el postre».

    Trailer de película para el tema de guerras y conflictos

    Trailer de la película Black Hawk Dawn, de Ridley Scott. Material para enfocar el tema de conflictos, daños colaterales y guerras.

    Tolerancia y convivencia: discrepar en una manifestación de amantes de Star Wars

    Vídeo para hablar de tolerancia, respeto, minorías, etc…