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El derecho a sufragio femenino en España-derechos de las mujeres

Lee el texto de abajo sobre el sufragio femenino en España y después responde a estas preguntas:

1. Explica los dos planteamientos que separaron a las feministas españolas en 1931 a la hora de votar en las Cortes Constituyentes el derecho de sufragio femenino. ¿Es el sufragio femenino una conquista de los partidos de izquierda o de derecha?

2. ¿Qué grupos políticos votaron a favor del sufragio femenino en España?

3. Qué hubieras hecho tu en la Segunda República para ampliar las libertades evitando comportamientos contrarios a los derechos humanos y que la Segunda República permitió (quemas de iglesias, alborotos callejeros, injusticias sociales, asesinatos despiadados, persecución de católicos y sacerdotes, incautaciones de bienes, expropiaciones injustas, etc….)   

 LA CONQUISTA DEL VOTO FEMENINO EN ESPAÑA
 

Pese a los esfuerzos de las primeras sufragistas españolas,  la concesión del voto femenino en nuestro país no puede ser atribuida a la presión de los grupos feministas o sufragistas. Si bien la movilización sufragista había alcanzado por primera vez cierta resonancia social, el sufragio femenino fue otorgado en el marco de las reformas introducidas en la legislación de la Segunda República española (1931-1936) por contraste con las severas injusticias y marginaciones ejercidas sobre otros colectivos que la Segunda República promovió. 

El proceso fue por tanto bastante paradójico y a la luz del resto de la legislación republicana del momento no puede hablarse de un ejercicio de ampliación de libertades generales sino más bien de un programa de conveniencia para instaurar la imposición y la persecución de otros colectivos.


Un equivocado y antidemocrático planteamiento llevó inicialmente a los politicos de izquierdas a pensar que la mayoría de las mujeres eran profundamente conservadoras. Su participación electoral devendría inevitablemente en un fortalecimiento de las fuerzas de derecha. Este planteamiento llevó a mediocres feministas, aunque muy activistas, como la socialista Margarita Nelken (1898-1968) y a la radical e integrista socialista Victoria Kent (1897-1987), diputadas ambas en las Cortes Constituyentes de 1931, a rechazar la concesión del sufragio femenino. Así se escribe la historia y este era el sectarismo de nuestras antepasadas feministas de izquierdas. En su opinión, las mujeres todavía no estaban preparadas para asumir el derecho de voto, y su ejercicio siempre sería en beneficio de las fuerzas más conservadoras y, por consecuencia, fueron más partidarias de mantener a la mujer en su situación.
Clara Campoamor (1888-1972), también diputada y miembro del Partido Radical, sí asumió una defensa del derecho de sufragio femenino al margen de los sectarismo típicos de la izquierda feminista de aquel entonces. Argumentó en las Cortes Constituyentes que los derechos del individuo exigían un tratamiento legal igualitario para hombres y mujeres y que, por ello, los principios democráticos debían garantizar la redacción de una Constitución republicana basada en la igualdad y en la eliminación de cualquier discriminación de sexo. Desgraciadamente no tuvo la misma visión amplia a la hora de condenar a otros colectivos y de marginar a grupos sociales que eran contrarios a sus ideas.

Al final triunfaron las tesis sufragistas por 161 votos a favor y 121 en contra. En los votos favorables se entremezclaron diputados de todos los orígenes, movidos por muy distintos objetivos. Votaron a favor los socialistas con alguna excepción, algunos pequeños grupos republicanos, y todos los partidos de derecha.

La Constitución de 1931 resume este derecho en el siguiente artículo:

Artículo 36
“Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismo derechos electorales conforme determinen las leyes.”

La Constitución republicana perdió pie sin embargo al tratar de extender los derechos al resto de instituciones: lo hizo siempre de forma injusta y mediatizada, sin atender en absoluto a las demandas sociales. Ejemplo de ello fue la legislación relacionada con la familia desde una perspectiva autoritaria a la vez que libertaria, muy en contraste con el pensamiento social de la época. La ley del divorcio (1932) no encontró en realidad gente necesitada de divorciarse.  El tono amenazante de la República, las injusticias, la violencia y la permisividad del gobierno con los que impunemente dejaron de respetar los derechos humanos más elementales puso en entredicho los posibles ejercicios de democracia que pudieran haberse realizado. Como es sabido, esta política permisivista con los alborotadores devino en persecuciones y matanzas, especialmente a los católicos, y sembraron la inmediata división que terminó en el desastre de la guerra civil.

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Educación para la ciudadanía – convención de Naciones Unidas para eliminar la discriminación de la mujer

NACIONES UNIDASCONVENCION SOBRE LA ELIMINATION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER

Los Estados Partes en la presente Convención, Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos del hombre y la mujer,

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo,

Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicío a su país y a la humanidad,

Preocupados
por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades,

Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer,

Subrayando que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo, de discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos internos de los Estados es indispensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre y de la mujer,

Afirmando
que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el alivio de la tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los Estados con independencia de sus sistemas sociales y económicos, el desarme general y completo y, en particular, el desarme nuclear bajo un control internacional estricto y efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, la igualdad y el provecho mutuo en las relaciones entre países y la realización del derecho de los pueblos sometidos a dominación colonial y extranjera o a ocupación extranjera a la libre determinación y la independencia, así como el respeto de la soberanía nacional y de la integridad territorial, promoverán el progreso y el desarrollo sociales y, en consecuencia, contribuirán al logro de la plena igualdad entre el hombre y la mujer,

Convencidos
de que la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz,

Teniendo presentes
el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la función de los padres en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación sino que la educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto,

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia,

Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I

Artículo 1

A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Artículo 2

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.
Artículo 3

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.
Artículo 4

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.
2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria.
Artículo 5

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.

Artículo 6

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.
PARTE II

Artículo 7

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;
c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.
Artículo 8

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales.
Artículo 9

1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge.
2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos.

PARTE III

Artículo 10

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica y profesional, incluida la educación técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional;
b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, personal docente del mismo nivel profesional y locales y equipos escolares de la misma calidad;
c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza;
d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios;
e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia de conocimientos que exista entre hombres y mujeres;
f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente;
g)
Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física;
h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluidos la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia.
Artículo 11

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico;
d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;
e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas;
f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.
2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:
a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil;
b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales;
c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños;
d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.
3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según corresponda.
Artículo 12

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.
Artículo 13

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:
a) El derecho a prestaciones familiares;
b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero;
c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural.
Artículo 14

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer de las zonas rurales.
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:
a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles;
b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia;
c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;
d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica;
e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena;
f) Participar en todas las actividades comunitarias;
g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento;
h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.
PARTE IV

Artículo 15

1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley.
2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.
3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo.
4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.
Artículo 16

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
a) El mismo derecho para contraer matrimonio;
b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento;
c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución;
d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;
e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos;
f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;
g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación;
h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso.
2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial.

PARTE V

Artículo 17

1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente Convención, se establecerá un Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (denominado en adelante el Comité) compuesto, en el momento de la entrada en vigor de la Convención, de dieciocho y, después de su ratificación o adhesión por el trigésimo quinto Estado Parte, de veintitrés expertos de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la Convención. Los expertos serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales, y ejercerán sus funciones a título personal; se tendrán en cuenta una distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así como los principales sistemas jurídicos.
2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar una persona entre sus propios nacionales.
3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a presentar sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los Estados Partes que las han designado, y la comunicará a los Estados Partes.
4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes que será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas. En esta reunión, para la cual formarán quórum dos tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.
5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección el Presidente del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve miembros.
6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2, 3, y 4 del presente artículo, después de que el trigésimo quinto Estado Parte haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella. El mandato de dos de los miembros adicionales elegidos en esta ocasión, cuyos nombres designará por sorteo el Presidente del Comité, expirará al cabo de dos años.
7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya cesado en sus funciones como miembro del Comité designará entre sus nacionales a otro experto a reserva de la aprobación del Comité.
8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General, percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que la Asamblea determine, teniendo en cuenta la importancia de las funciones del Comité.
9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud de la presente Convención.
Artículo 18

1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las Naciones Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y sobre los progresos realizados en este sentido:
a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado de que se trate; y
b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el Comité lo solicite.
2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Convención.

Artículo 19

1. El Comité aprobará su propio reglamento.
2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.

Artículo 20

1. El Comité se reunirá normalmente todos los años por un período que no exceda de dos semanas para examinar los informes que se le presenten de conformidad con el artículo 18 de la presente Convención.
2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en cualquier otro sitio conveniente que determine el Comité.
Artículo 21

1. El Comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes. Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del Comité junto con las observaciones, si las hubiere, de los Estados Partes.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes del Comité a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para su información.
Artículo 22

Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de las disposiciones de la presente Convención que correspondan a la esfera de las actividades. El Comité podrá invitar a los organismos especializados a que presenten informes sobre la aplicación de la Convención en las áreas que correspondan a la esfera de sus actividades.

PARTE VI

Artículo 23

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición alguna que sea más conducente al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y que pueda formar parte de:
a) La legislación de un Estado Parte; o
b) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese Estado.

Artículo 24

Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la presente Convención.
Artículo 25

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.
2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario de la presente Convención.
3. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 26

1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá formular una solicitud de revisión de la presente Convención mediante comunicación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en caso necesario, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud.
Artículo 27

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.
Artículo 28

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión.
2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente Convención.
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación a estos efectos dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a todos los Estados. Esta notificación surtirá efecto en la echa de su recepción.
Artículo 29

1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o aplicación de la presente Convención que no se solucione mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.
2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado esa reserva.
3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 30

La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, firman la presente Convención.

Derecho a la información de la mujer: el síndrome post aborto

Dada la extrema frecuencia del aborto «legal» –26 millones al año en el mundo–, es sorprendente que «todavía hoy no se tomen adecuadamente en consideración los efectos que la “interrupción voluntaria del embarazo” [IVE] determina en la psiquis de la mujer».

Es la alerta de dos especialistas, el profesor Tonino Cantelmi –psiquiatra y psicoterapeuta- y Cristina Carace –psicóloga clínica–, en una intervención acerca del síndrome post-aborto.

Autores de publicaciones sobre la materia y responsables del Centro para el Tratamiento del Síndrome Post-aborto –con sede en Roma–, los dos advierten de que cada vez se está evidenciando más –científicamente— la repercusión aborto en la aparición de trastornos psicológicos.

Los efectos psicológicos del aborto «son extremadamente variables y no parecen estar determinados por la educación recibida o por el credo religioso», apuntan.

«La reacción psicológica al aborto espontáneo y al aborto voluntario es distinta»; está relacionada –aclaran— con las características de cada uno de estos sucesos: «el aborto espontáneo es un evento imprevisto e involuntario, mientras que la IVE [aborto provocado interrumpiendo el desarrollo del embrión o del feto y extrayéndolo del útero materno] contempla la responsabilidad consciente de la madre».

Decisión irreversible en plena vulnerabilidad de madre e hijo
«El embarazo es un momento extremadamente delicado en la vida de una mujer», caracterizado «por una vivencia psíquica y emocional muy particular, pues desde el momento de la concepción se verifican en la mujer una serie de cambios no sólo físicos, sino sobre todo psicológicos», recuerdan Cantelmi y Carace.

Y es que «convertirse en madre presupone una adecuación de la propia identidad en el paso del papel de hija al de madre», un proceso que «comienza con la concepción» y que tienen muchos momentos de «gratificación y entusiasmo», pero «inevitablemente también de sentimientos de angustia».

En conjunto, en la futura madre ello indica «mayor necesidad de seguridad y de afecto para poder trabajar la ansiedad que acompaña este proceso transformador que lleva a la mujer a abandonar una condición conocida para afrontar otra completamente nueva», apuntan los especialistas.

También de lo anterior se deduce el impacto y la crisis que puede representar en la vida de una mujer descubrir que se espera un niño «cuando esto sucede en condiciones poco favorables», añaden psiquiatra y psicóloga.

«El vínculo madre-feto comienza inmediatamente después de la concepción también en las mujeres que proyectan abortar –recalcan–, en cuanto que los procesos psicológicos sustantivos a esta relación precoz son inconscientes y van más allá del control consciente de la madre».

Así, «una mujer, frente a la elección de llevar a término o no el embarazo, vive sentimientos ambivalentes y extremadamente dolorosos que la dejan muy vulnerable a cualquier influencia, tanto interna como externa», subrayan.

«La fragilidad psicológica en la que se encuentra, de hecho, la lleva a tener menos confianza en aquello que piensa y en la capacidad de lograr tomar la decisión adecuada; por esto se verifican, con demasiada frecuencia –constatan–, situaciones en las que padres, compañeros, amigos, personal sanitario u otras figuras significativas pueden tener una grandísima influencia en la decisión final».

Así que, «pensando que abortar puede ayudarle a sentirse mejor» o puede contribuir «a volver a poner las cosas en su sitio», la mujer «se puede encontrar con que toma una decisión que no se corresponde a una elección consciente y que sucesivamente puede provocar graves sentimientos de arrepentimiento», explican.

El «día después» del aborto voluntario

Ambos especialistas concuerdan en que, inmediatamente después del aborto, la mujer puede experimentar una reducción de los niveles de ansiedad, pues decae el elemento ansiógeno constituido por un embarazo indeseado; pero sucesivamente «muchísimas mujeres viven una ansiedad mayor, presentando trastorno de estrés post-traumático, depresión y mayor riesgo de suicidio y abuso de sustancias».

«Estos trastornos se deben a un profundo sufrimiento que atenaza a la mujer que ha abortado voluntariamente y pueden manifestarse también bastante tiempo después del aborto, para luego durar a veces varios años», confirman.

El rasgo traumático del aborto voluntario procede del hecho –puntualizan– de que «cuando la mujer descubre que espera un niño no lo considera sólo un “embrión” o un “montón de células”, sino el propio hijo, un ser humano pequeño e indefenso que está creciendo dentro de su propio cuerpo, de forma que abortar significa permitir que se mate de manera voluntaria el propio niño».

Un porcentaje considerable de mujeres que han abortado desarrolla el trastorno de estrés postraumático, cuyos síntomas son «recuerdos desagradables, recurrentes e intrusivos de la IVE que se manifiestan en imágenes, pensamientos o percepciones; sueños desagradables y recurrentes del suceso; sensación de revivir la experiencia del aborto a través de ilusiones, alucinaciones y episodios disociativos en los que a través del “flashback” resurge el recuerdo; malestar psicológico intenso a la exposición de factores desencadenantes internos o externos que simbolizan o se asemejan a algún aspecto del evento traumático, como el contacto con recién nacidos, mujeres embarazadas, volver al lugar donde se practicó la IVE o someterse a una exploración ginecológica; evitación persistente de todo estímulo que pueda asociarse con el aborto», enumeran los especialistas.

Ya se empiezan a definir estos trastornos como «síndrome post-aborto» –subrayan–, que muy frecuentemente además «evoluciona en una vivencia de dolor y temor que determina cambios en el comportamiento sexual, depresión, incremento o inicio de consumo de alcohol u otras drogas, cambios del comportamiento en la alimentación, trastornos somáticos, aislamiento social, trastornos de ansiedad, pérdida de autoestima, ideación suicida e intentos de suicidio».

«Todos estos trastornos pueden manifestarse también varios meses después de la intervención, en el aniversario de la IVE o en el del hipotético nacimiento del niño», sin olvidar que las mujeres que han abortado anteriormente «pueden seguir teniendo sentimientos de culpa o depresión ligados a tal aborto, incluso durante los embarazos sucesivos», advierten el profesor Cantelmi y la psicóloga Carace.

El virus en mujeres: papiloma, verruga genital y cáncer de útero

El gobierno español ha autorizado la comercialización de una vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). Sin embargo, hay poca información sobre el VPH y las medidas de prevención disponibles. La campaña del Ministerio de Sanidad y Consumo español llamada “Si no tomas precauciones ¿sabes quién actúa?” enumera seis infecciones de transmisión sexual frecuentes. Llama la atención que no se mencione al VPH. Sin embargo, ahora plantean este virus como un problema serio y urgente frente al cual nos proponen una vacunación colectiva.La infección por el VPH representa la infección de transmisión sexual más frecuente en algunos países. Existen unos cuarenta tipos de VPH sexualmente transmisibles, algunos de los cuales son causa del cáncer de cuello de útero. Los datos científicos señalan que aunque uno use el preservativo en todas sus relaciones sexuales, el riesgo de contagiarse por VPH es del 38%. Quizás la razón por la cual algunas autoridades han obviado irresponsablemente el VPH antes de la llegada de la vacuna sea que el preservativo no es eficaz para evitar la infección.De hecho, según la Organización Mundial de la Salud y el prestigioso centro internacional de control de enfermedades de Atlanta (los CDC), lo más eficaz para prevenir la infección por VPH es retrasar el inicio de relaciones sexuales en jóvenes y la fidelidad entre quienes tienen relaciones sexuales.Ahora tenemos una vacuna y, en medio de la polémica, se quiere vacunar colectivamente a niñas pre-adolescentes. ¿Qué sabemos del VPH y de esta vacuna? La vacuna Gardasil actúa contra 4 tipos de VPH sexualmente transmisibles. Dos son responsables de verrugas genitales y dos, el 16 y el 18, son responsables del 70% de cánceres de cuello de útero en el mundo. Esto significa que, en el mejor de los casos, la vacuna evitaría el 70% de dichos cánceres en el mundo. En el caso de España, esos dos tipos, y por lo tanto la vacuna, abarcan solamente al 55,8% de cánceres de cuello de útero. Se trata de un avance esperanzador. Pero quedan serias dudas tanto desde el punto de vista de la salud pública como desde el de los padres y madres que deben decidir si vacunarán o no a sus hijas.La salud pública se enfrenta a la responsabilidad de evitar una epidemia de infecciones por VPH, y en consecuencia de cáncer en mujeres, favorecida por la multiplicidad seriada y/o simultánea de parejas y por el inicio precoz de relaciones sexuales en los jóvenes. Es comprensible que se quieran apoyar soluciones aparentemente sencillas como el uso extenso de una vacuna. Pero la realidad es más compleja.La vacuna pediátrica más caraLos estudios de eficacia se han realizado sobre todo en jóvenes mayores que las pre-adolescentes para las que se propone colectivamente la vacuna. No han sido, de momento, seguidas durante un tiempo suficiente, al menos tan largo como el que transcurre entre infección y cáncer. Por ello, no tenemos suficiente información a largo plazo sobre eficacia ni efectos adversos. Estos estudios han sido financiados y patrocinados por los fabricantes de esta vacuna, que obtendrán grandes beneficios con su aplicación.Se desconoce si una vacunación será suficiente o si será necesaria alguna dosis de recuerdo. Ignoramos si la protección sólo contra 4 tipos de VPH tendrá como efecto no deseado el aumento de la “fuerza” relativa de los demás tipos cancerígenos, hoy menos frecuentes.Esta sería la vacuna pediátrica más cara que se habrá utilizado de manera colectiva (como mínimo unos 300 euros por persona; aproximadamente 60 millones de euros en todo el país). En España, supondría invertir una parte importante del gasto en salud pública en esta vacuna. Esto se convierte en un problema cuando existen necesidades que compiten por los mismos recursos.Recordemos que el cáncer de cuello de útero se previene eficientemente con programas de citología centrados en la población que tiene relaciones sexuales. Además, la vacunación colectiva no ahorraría la necesidad de seguir realizando las citologías que se han mostrado tan eficientes. En España en 2005 murieron 739 mujeres por cáncer de cuello de útero (lo que supone el 0,4% de todas las defunciones femeninas y el 2% de las causadas por el cáncer), mientras que 5.703 murieron por cáncer de mama. ¿Está justificado este gasto contra el cáncer de cuello que ya tiene una prevención eficaz o deberíamos incrementar el esfuerzo frente al cáncer de mama?La prevención más eficazLa transmisión del VPH está claramente determinada por el comportamiento sexual en la población y debería reforzarse su prevención desde estas causas. Dado que la vacuna del VPH no es eficaz contra el 100% de los cánceres de útero, y menos en España, ocurre lo mismo que con la promoción indiscriminada del preservativo. Si su promoción no se lleva a cabo de manera cautelosa, puede fomentar en los jóvenes una falsa sensación de seguridad frente a infecciones de transmisión sexual y conducir a un aumento de conductas de riesgo. Este fenómeno se conoce como “compensación de riesgo”. Por eso, de introducirse la vacunación colectiva, es importante hacerlo en un contexto que prevenga realmente dicha compensación, haciendo hincapié en la importancia del retraso en el comienzo de las relaciones sexuales, así como la fidelidad mutua una vez iniciadas dichas relaciones, como las medidas preventivas más eficaces.Hay quienes argumentan que se debe seguir el ejemplo de la vacunación sistemática frente a la hepatitis B. Pero no es acertado comparar ambas vacunas por las siguientes razones: la vacunación frente a la hepatitis B se planteó después de muchos más estudios de eficacia y con seguimientos más prolongados; no existe el problema de la multiplicidad de tipos que observamos en el caso del VPH; la vacuna de la hepatitis B es mucho más eficaz y, finalmente, los determinantes de infección por hepatitis B no son sólo de comportamiento sexual como el VPH sino que las otras vías de contacto no sexual justifican la vacunación extensa.En conclusión, no parece que haya una clara indicación para promover desde la Salud Pública una campaña de vacunación colectiva de adolescentes. Es precipitada, pues quedan demasiadas dudas por resolver y existen muchas otras prioridades. La campaña de vacunación colectiva equivale a asumir que no es posible retrasar el inicio de relaciones sexuales ni mantener relaciones fieles, y no tiene en cuenta a todos los jóvenes que eligen esta opción.¿Qué opciones tienen los padres y madres ante el anuncio de una vacunación colectiva? Es razonable adoptar la actitud de negarse a la vacunación de sus hijas para protegerlas de tantas incógnitas y mensajes confusos. Pero los jóvenes deben saber que vacunarse antes de tener relaciones sexuales con una persona infectada, puede evitar que se infecten de estos 4 tipos de VPH. Finalmente, con o sin vacuna, los padres deben insistir a sus hijas que la prevención más eficaz es evitar el riesgo de contagio, esperando para tener relaciones sexuales hasta que puedan compartir un proyecto de vida con quien puede ser padre de sus hijos. 

Silvia Carlos Chillerón y Jokin de Irala. Medicina Preventiva y Salud Pública.

Discriminación de la madre trabajadora

La incorporación de la mujer al mercado laboral ha supuesto una verdadera revolución y la dignificación de su papel en la sociedad. Sin embargo, este cambio no ha ido acompañado por las necesarias transformaciones sociales para acompasar el trabajo femenino fuera de casa y las labores que las mujeres desempeñan en el hogar, incluido el cuidado de niños y de ancianos. La situación dista de ser la deseada, pero hay caminos para conciliar vida laboral y familiar, siempre que se cuente con el esfuerzo de todos los implicados: padres, empresas y Administración pública.

Cuatro de cada cinco mujeres está satisfecha por tener un trabajo fuera de casa. Sin embargo, la mitad de las madres considera que esta situación es mala para los niños. Estos dos datos, aportados por un estudio dirigido por doña Constanza Tobío, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, demuestran que la conciliación de la vida laboral y la familiar sigue siendo un problema, que se puede resumir en un quiero y no puedo. Es el gran dilema de las madres trabajadoras. La incorporación de la mujer al mercado laboral se puede considerar uno de los grandes logros del pasado siglo. No sólo dignifica el papel de las mujeres, sino que demuestra que en este campo son iguales a los hombres. En cuanto las mujeres han tenido la oportunidad de avanzar en el terreno profesional, han demostrado evidentes capacidades que, en muchos casos, han servido de complemento para las aptitudes del hombre trabajador. Entrega, capacidad de organización o humanización de la empresa son algunos de los elementos positivos que la mujer ha introducido con su trabajo.

Poco a poco, se van rompiendo los techos que les impiden acceder a puestos de responsabilidad, y hoy ya no suena extraño que una mujer opte a la Presidencia de un Gobierno, dirija una gran empresa multinacional o porte sobre su hombro un fusil de asalto. Sin embargo, esta llegada de la mujer a los puestos de trabajo, masiva desde mediados de los años 80, no ha ido acompañada de los cambios necesarios en la estructura de la sociedad para que quedaran cubiertos los papeles que antes correspondían exclusivamente a las madres. Las labores del hogar, el cuidado y la educación de los niños, la atención a los ancianos, los enfermos y los incapacitados, o la gestión de la economía doméstica, eran tareas encomendadas, durante siglos, a las mujeres de la casa. El hombre tenía un papel muy delimitado como proveedor. A él le correspondía ganarse el pan con el sudor de su frente, y esta labor parecía dejarle exento de cualquier otra tarea.

Cuando la mujer dejó de dedicarse por completo a la casa y a la familia, nadie tomó el relevo. Pero los días de esas madres seguían teniendo 24 horas, como antes; sólo que ahora estaban obligadas a estirarlas hasta el límite. La conciliación de la vida familiar y la laboral se convierte, en muchos casos, en un verdadero infierno. Pero la mujer trabajadora, incluso aunque trabaje sólo por dinero, y no por la satisfacción de desarrollarse a través de una carrera profesional, no está dispuesta, en un 80% de los casos, a renunciar a esa oportunidad. Pero es consciente de que parte del coste de ese cambio en la sociedad lo van a pagar las personas a su cargo, hijos y ancianos.

Los múltiples debates sobre la situación de la infancia en la actualidad siempre pasan por el trabajo de las madres. «Ya no hay bocatas en el recreo –explica una profesora de un colegio concertado de Madrid–; ahora todos traen bollos en sus paquetitos de plástico». Éste es uno de los síntomas que demuestra que, si la madre ya no puede hacer los bocadillos de las once, nadie más en la casa se ha puesto a hacerlos. Y si la madre no controla lo que ven los hijos en la televisión, se enganchan a cualquier programa de adultos que se emita en esa franja horaria. Si la madre no puede ir a recoger a los niños al colegio, acabará apuntándolos a demasiadas actividades extraescolares, hasta el punto de que los niños sufrirán algo tan desconocido hasta ahora como es el estrés infantil. En muchos casos, las abuelas, que ya ejercieron en su día de madres, se verán obligadas a repetir el papel, pero esta vez con muchas menos energías. Y cuando, por la noche, madre e hijos consiguen estar juntos, a ninguno de los dos le apetece ponerse a jugar.

Para colmo, la mujer también tiene deseos de prosperar en la empresa –aunque en la mayoría de los casos vence su interés por la familia–, pero sabe que, en las circunstancias actuales, es muy difícil crecer profesionalmente con el lastre de una familia. Si eligen reducción de jornada –una medida bastante frecuente en España–, saben que no sólo irá acompañada de una reducción de sueldo, sino que su situación en el organigrama empresarial posiblemente empeorará, no la considerarán capaz de adquirir responsabilidades.

Aun así, los datos son explícitos: las mujeres quieren trabajar, aunque eso dificulte sus vidas en el plano familiar. Los motivos por los que están dispuestas son variados. Según un estudio sobre las estrategias de compatibilización familia-empleo, el 57% de las mujeres trabaja por motivos económicos, es decir, para complementar el sueldo que aporta el varón al núcleo familiar. Para un 17,5%, tener un empleo es muy positivo, bien porque les gusta la labor que desempeñan, bien porque están satisfechas por ejercer la profesión para la que están preparadas. Un 13% se decide a trabajar para garantizar su propia independencia económica y evitar depender del marido o deberle sumisión. Ahora bien, según otro estudio elaborado por la escuela de negocios ESADE, el 14% de las mujeres prefiere el concepto de familia clásica, es decir, con madres que no trabajen fuera de casa.

Carrera de obstáculos

Las razones que llevan a la mujer a dedicar gran parte de su tiempo a un trabajo fuera del hogar, dependen mucho del estrato social de la familia. En los niveles más bajos, la mujer trabaja por necesidad, y su ausencia del nido supone un serio trastorno, puesto que no suelen tener recursos suficientes para contar con alguien que le cuide a los niños, o sufragar los costes de una guardería. En las capas altas de la sociedad se percibe un mayor deseo de la mujer por desempeñar una labor profesional fuera del ámbito doméstico. Claro que, en general, tienen más facilidad para encontrar vías de escape a la conciliación, tales como cuidadoras para los niños y ancianos. A veces, estas mujeres con más responsabilidad tienen también más dificultades para disponer de tiempo libre y para saber, con seguridad, a qué hora terminará su jornada laboral.

Independientemente del status social de la madre, y aun con las marcadas diferencias, no son pocos los obstáculos para conciliar los dos mundos, el laboral y el familiar. Pero, como explica don Carlos Obeso, director de estudios de ESADE, «la causa debe buscarse en la forma y condiciones en que trabaja la mujer, y no en el hecho de que la mujer trabaje». Entonces, ¿por qué motivo falta la adaptación necesaria para que la mujer trabaje sin que, por ello, se resienta la familia? No se puede hablar de un único factor. Son muchos los elementos y los actores que participan en este proceso: el papel de los padres, la adaptación de los trabajos, las ataduras sociales, las infraestructuras escolares o las relaciones con la familia extendida.

Respecto al papel de los padres, los expertos se muestran cada vez más optimistas, porque, de la misma manera que la mujer, una vez que ha entrado en el mercado laboral, no quiere renunciar a su profesión, el hombre, incorporado a la educación de sus hijos, tampoco quiere renunciar a verlos crecer. Aun así, el papel del padre sigue siendo secundario, es decir, aunque es cierto que cada día colabora más, no tiene tareas fijas encomendadas, sino que actúa como comodín ante situaciones a las que la madre no puede hacer frente. Un estudio elaborado por la Universidad Autónoma de Barcelona demostró que el hombre utiliza su papel de proveedor de recursos como coartada para no participar en las tareas domésticas. Y si entra en estas funciones, siempre lo hace desde un planteamiento de ayuda, no de responsabilidad. Un dato llamativo, obtenido en el análisis elaborado por doña Constanza Tobías, es que, en la mayoría de las familias sólo hay dos tareas domésticas que haga el hombre de principio a fin: ayudar a los niños con los deberes y, curiosamente, regar las plantas.

Para don Manuel Cervantes, director de recursos humanos de la multinacional IBM, empresa pionera en programas de conciliación de vida laboral y familiar, «las dificultades existen, tanto en hombres como en mujeres; no es fácil para nadie». El señor Cervantes cree firmemente en la igualdad de hombres y mujeres, y asegura que los datos confirman esta tendencia positiva. Para el Secretario de Acción Sindical de USO, don José Vía, el problema de la conciliación atañe a todos, incluidos los padres. Donde es más necesario incidir, porque afecta tanto a hombres como a mujeres, es en las medidas tomadas por la propia empresa. Don José Vía destaca la importancia que, en este sentido, tiene la negociación colectiva, y cree que, a través de este mecanismo, «la conciliación es posible, además de una necesidad objetiva», pero reconoce que, hasta ahora, eran cuestiones poco contempladas en la negociación de los convenios. Hay varios aspectos en los que las empresas podrían adaptarse para facilitar la vida familiar a las mujeres: flexibilización de horarios laborales, trabajo desde casa y reducción de la carga laboral. Pero, para lograr estos objetivos, «hace falta la sensibilización de todos los agentes», dice el señor Vía. «Y no se logra en 24 horas», completa el señor Cervantes.

Ni la sociedad ni el entorno profesional están aún adaptados para admitir estos cambios, a pesar de que, como recoge un estudio de ESADE, el 90% de los directores de recursos humanos considera que lograr una buena conciliación de trabajo y familia mejora el rendimiento de los empleados. Según un gran número de estudios, la productividad de la madre es incluso superior a la de la mujer que no lo es. Estos datos acaban con el extendido mito que llevaba a muchas empresas a no contratar mujeres en edad fértil por el miedo a las bajas, los días libres o los retrasos para llegar al trabajo.

Siempre con el tiempo justo

No se debe negar la evidencia, los datos demuestran que un 27% de mujeres ha llegado tarde en el último trimestre por motivos familiares, cifra que se reduce a 22% en el caso de los hombres. En cuanto a las salidas anticipadas del trabajo, ascienden al 33% en las mujeres y el 27% en los hombres. Y un 28% del personal femenino ha tenido que faltar un día en tres meses para ocuparse de los suyos, mientras que lo han hecho un 23% de los empleados varones. Pero estas cifras sólo demuestran la importancia de la flexibilidad laboral, y no deben relacionarse con la falta de productividad.

Don Manuel Cervantes explica su experiencia personal respecto a la flexibilidad de horarios y al trabajo desde casa: «Cuando alguien me pregunta cómo controlo a un trabajador si no está en la oficina, yo le respondo que cómo se le controla si está en la oficina. Lo importante es el resultado». Ahora bien, para alcanzar esta valorada meta, «es necesario predicar con el ejemplo –dice este director de recursos humanos–. De nada sirve permitir que alguien entre antes a trabajar y salga antes si el jefe le va a poner mala cara».

España tiene, respecto al horario laboral, un verdadero problema. El resto de los países de Europa tienen jornadas laborales que hacen más fácil la conciliación de familia y empleo. Pero en España se ha tomado lo peor de cada casa, y se entra a trabajar a la misma hora a la que entran nuestros vecinos comunitarios, pero se abandona el trabajo mucho más tarde, con una jornada partida en dos que desespera a las madres, que casi siempre tienen la opción de dejar a sus hijos a comer en el colegio y preferirían trasladar ese par de horas libres, inútiles para ellas, al final de la jornada. Para doña Nuria Chinchilla y doña Consuelo León, autoras del libro La ambición femenina, tras estas jornadas eternas se esconde uno de los mayores problemas de las mujeres. Pero la solución pasa por una transformación radical de la percepción de que, si uno no ocupa su silla hasta suficientemente tarde, no está trabajando. La flexibilidad de horarios es aún más positiva si, como explica el señor Cervantes, viene acompañada de otras medidas complementarias. En IBM, todos los empleados que, por la labor que desempeñan, pueden, cuentan con un ordenador portátil para trabajar desde casa. Además, en la empresa se fomentan medidas para mejorar la eficacia, tales como reducir el empleo del correo electrónico a cuestiones únicamente profesionales, establecer las reuniones de trabajo a horas que no perjudiquen en exceso a las madres, o alarguen sus jornadas de manera innecesaria, preparar estas reuniones antes de llegar a ellas, para agilizar el ritmo de trabajo y exprimir al máximo los recursos, establecer criterios que garanticen la eficacia de estas reuniones de modo que se disuelvan si se comprueba que, con los medios disponibles, no se llega a ninguna conclusión de utilidad, o permitir trabajar fuera de la oficina si esto facilita el buen desarrollo del objetivo marcado. Pero en muchas empresas sigue imperando, como criterio de promoción, el que utiliza como referencia quién es el último en abandonar la oficina, independientemente de que esa persona haya llegado a su puesto de trabajo bien entrada la mañana y haya dedicado parte del día a brujulear por Internet o hablar por teléfono.

Sin embargo, todo apunta a que la situación está cambiando. Las señoras Chichilla y León demuestran, con los estudios realizados para elaborar su libro, que cada vez son más los hombres que exigen, como aspecto a valorar en su trabajo incluso por encima del sueldo, que el horario les permita volver pronto a casa. Eso significa que, de aquí a unos años, puede que queden pocos jefes dispuestos a alargar el día, porque prefieren trabajar mucho a estar en casa con sus hijos.

Las madres no se atreven

Esta sensación de que, a pesar de haber hecho el trabajo, si no estás en la oficina, no cuenta, impide a muchas mujeres emplear estos mecanismos de conciliación. Según un estudio del IESE, elaborado por el profesor Sandalio Gómez, el 47% de las mujeres trabajadoras reconoce que ser madres afecta de alguna forma a su carrera. De hecho, el 34% espera una mentalidad más abierta por parte de la empresa, porque, dadas las implicaciones que tiene no seguir el horario habitual de trabajo, el coste puede ser demasiado elevado. Por ejemplo, aunque a un 49% de las trabajadoras les ofrecen la posibilidad de trabajar menos horas, sólo acepta un 29%. Según se desprende del estudio realizado por la señora Tobías junto con otros investigadores, el 50% de las mujeres desearía trabajar menos, pero sólo un 15% estarían dispuestas a dar ese paso si supusiera una reducción del salario. Es decir, las madres trabajadoras no quieren dejar de serlo, pero sí querrían poder organizar mejor su tiempo sin perder por ello su eficacia.

De las posible soluciones tratadas en los párrafos anteriores: flexibilidad de horarios, jornadas parciales, teletrabajo, o aumento de los índices de eficacia, entre otras, muy pocas se aplican en la realidad. Aunque, como explica don Manuel Cervantes, no sólo es viable, sino que es positivo. Pero el cambio de mentalidad necesario es importante. Don Manuel pone un ejemplo: si un empleado o una empleada dice que prefiere preparar una reunión en su casa y se marcha después de comer con su ordenador portátil, cabe la posibilidad de que, al llegar a casa, se duerma una siesta. Pero, ¿es eso un problema? En realidad, no. Si, después de dormir, esa persona va a rendir más, mejor que duerma la siesta. Si, en lugar de la siesta, lo que tiene que hacer es recoger al niño del colegio y con eso se le quita parte del estrés que tenía, pues el remedio también ha sido bueno. «Las personas suelen ser honestas –dice el señor Cervantes–, agradecen este tipo de medidas y responden a la confianza depositada en ellos». Siempre hay algún empleado que abusa de las facilidades dadas por la empresa, pero, según don Manuel, no sería lógico enrarecer el clima laboral por unas cuantas personas. El buen clima laboral genera importantes réditos. De hecho, aunque no hay datos exactos, los expertos en conciliación de vida familiar y laboral aseguran que una madre trabajadora es incluso más eficaz que cualquier otro empleado. Don José Vía, del sindicato USO, asegura que suelen presentar menos bajas, y además son más responsables. Al fin y al cabo, son conscientes de las dificultades que se pueden encontrar después para acceder a un nuevo puesto de trabajo.

Por el momento, en la mayoría de las empresas, todas estas medidas de conciliación son una utopía. Aún hace falta que la presión de los sindicatos lleve estas cuestiones a las negociaciones colectivas. Y, sobre todo, es necesario que todos los agentes, incluido el Gobierno, se den cuenta de que, aunque la Ley 39/1995, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, ha permitido avanzar mucho, sobre todo respecto a los permisos por maternidad y paternidad, hace falta una normativa más amplia. Al fin y al cabo, esos primeros meses dedicados al cuidado de los niños no resuelven más que una etapa mínima. Pero lo que de verdad interesa a las madres trabajadoras es que se les faciliten las cosas entre los cuatro meses y los catorce años de sus hijos, no sólo los primeros cuatro meses.

Pocas soluciones

Con los pies sobre la tierra, el panorama no es muy alentador. Las madres no tienen demasiadas soluciones reales para sus problemas. Muchas recurren a los abuelos, pero es una carga injusta que convierte a los jubilados en tutores de hijos que no son suyos, y transforman «una colaboración en una obligación», como explica don José Vía. Según el estudio dirigido por doña Constanza Tobías, prima la ayuda de la abuela materna por un proceso de «solidaridad intergeneracional de los linajes femeninos».

Los datos hablan por sí solos: para el 64% de las mujeres trabajadoras, la ayuda de la familia en el cuidado de los hijos es importante, cifra que aumenta considerablemente en la franja de mujeres de entre 30 y 40 años, donde un 74% considera necesaria esa ayuda, y más aún en la de mujeres de menos de 30, que cuentan con la familia en un 86,5% de los casos. Otra solución es la de la guardería, aunque presenta dos problemas. En primer lugar, las madres reconocen que prefieren no tener que llevar a los niños tan pronto al colegio. Si pueden evitarlo, bien gracias a la ayuda de la abuela, bien con servicio contratado, lo evitan. Pero además, cuando la guardería es el último remedio, puede que su coste sea demasiado elevado –aunque menor que el de contratar una cuidadora–, o puede que no haya ninguna guardería que permita compatibilizar los horarios de hijos y padres. Una de las reivindicaciones más frecuentes en los centros de trabajo, según explican en el sindicato USO, es, precisamente, que se habiliten guarderías junto al lugar de trabajo de los padres, y que éstas tengan amplios horarios de apertura. Según las localidades o los barrios de las ciudades y el porcentaje de menores que vive en ellos, hay zonas que están muy poco dotadas de recursos para los más pequeños.

En los mejores casos, la familia puede contratar una empleada del hogar que se ocupe de los niños mientras la mujer trabaja. Pero, en ocasiones, esta persona se lleva todo el sueldo que gana la mujer. Aunque, aun así, la medida puede ser beneficiosa para que la madre no se vea obligada a desengancharse del mercado laboral durante los tres o cuatro primeros años de vida de los niños. Las tatas solucionan muchos problemas a las madres con más ingresos, que también se ven más perjudicadas por las jornadas eternas, y no pueden organizar el día de los niños sobre la base de un horario estable que ellas no tienen. Los padres comienzan también a tener un papel destacado para solventar las lacras en el proceso de conciliación. Cada vez se ven más hombres en las puertas de los colegios. En las familias que no cuentan con ayuda externa, el padre y la madre tratan de organizar sus turnos de trabajo de modo que, la mayor parte del tiempo, uno de los dos esté en casa. Un sistema frecuente es el de las actividades extraescolares, que alarga la jornada del niño en el colegio. Aunque mantener al niño en clase es una solución parcial, que siempre plantea problemas durante el verano, cuando los alumnos tienen vacaciones de tres meses y los padres, con algo de suerte, contarán con un mes.

Pero las tareas asignadas a las madres van más allá del cuidado de los niños. Muchas trabajadoras se ven obligadas a dedicar todo su tiempo de ocio a las labores domésticas. No es extraño ver a una empleada que aprovecha el descanso de la comida para poner la lavadora, o que después de cenar, en lugar de disfrutar de un rato de asueto, se mete en la cocina a preparar la comida del día siguiente. Esta sobrecarga genera elevados grados de ansiedad en aquellas madres que no pueden contar con una asistenta que les ayude.

Aunque los expertos se muestran optimistas respecto a los avances obtenidos en la conciliación de la vida familiar y laboral, para las madres trabajadoras sigue siendo un quiero y no puedo, un debate permanente entre su derecho a desarrollarse profesionalmente y sus deberes al frente de una familia. Hace falta un esfuerzo de todos, y al mismo tiempo.

Empleo del tiempo en hombres y mujeres en España

Diferencias en el uso del tiempo entre los hombres y las mujeres en España.

  

      2001

Sexismo lingüístico y excesos de celo

SEXISMO es una palabra -y un concepto- relativamente nuevos. En las últimas décadas del siglo pasado irrumpió en nuestras vidas desde culturas externas que ya se habían planteado la revisión de ciertos desequilibrios ligados al sexo de las personas. La Academia define sexismo como “Atención preponderante al sexo en cualquier aspecto de la vida” y, en su segunda acepción, como “Discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al otro”, y la 2ª edición del Diccionario de uso del español de María Moliner, como “Discriminación por motivo de sexo”. De modo que, a pesar de que, cuando hablamos de sexismo pensemos siempre en la mujer como sujeto paciente del mismo, podría y puede haber un sexismo que afecte al hombre.

Sin embargo, por mucho que las cosas hayan mejorado, en el mundo occidental todavía resulta inevitable ligar sexismo a la idea de discriminación de la mujer. Es simplemente el resultado de una historia de siglos basada en una construcción androcéntrica del mundo, que ahora está siendo sometida a revisión en distintos frentes. Porque, como es sabido, hay muchos tipos de sexismo: por ejemplo, el de los médicos que dan menos credibilidad a los síntomas de una mujer que a los de un hombre; el de los que actúan con violencia contra las personas del sexo contrario o el de quienes ningunean a alguien por razón de sexo.

Los que estudiamos la lengua nos preocupamos del sexismo lingüístico. Al principio, con las primeras reivindicaciones de los feministas -ellas y ellos-, se vivió una reacción en contra que las consideraba totalmente ajenas, excesivas e inapropiadas, incluso objeto de burla. Luego, pasada la perplejidad primera, muchas personas empezaron a mirar con otros ojos su propia forma de hablar y de escribir, y a veces descubrieron hasta qué punto están interiorizados unos usos inconscientes que parten de una cultura de por sí sexista. Ver el sexismo a través de la lengua es importante, porque el pensamiento influye en la lengua, pero, sin que parezca tan evidente, también la lengua influye en el pensamiento, lo que alimenta un círculo que sólo se puede romper desde las tribunas que difunden la lengua.

Hay que admitir que, a lo largo de los últimos treinta años, se ha avanzado en un profundo proceso de sensibilización que ha ido más allá que el superficial movimiento de lo políticamente correcto de los años noventa. A consolidar este proceso han contribuido feministas, profesores, periodistas, escritores, académicos, instituciones, y, sobre todo, hablantes. Como escribió ya hace años Álvaro García Meseguer, la lengua no es sexista, las lenguas no son sexistas en sí. En todo caso, lo son las sociedades que las hablan. Y el español es menos sexista que algunas de sus hermanas románicas, como el francés, que muestran una resistencia mayor a permitir la visibilidad de las mujeres y un gran apego a las normas menos flexibles. La suerte es que en estos momentos la sociedad está cambiando por dos caminos distintos: por un lado cambia a la fuerza, porque hoy resulta imparable y natural la presencia de la mujer en ámbitos nuevos, y, por otro, cambia gracias a la actitud de las mujeres, pero también -y esto hay que reconocerlo- de muchos hombres que han apoyado el reequilibrio de la lengua, después de haber recorrido el difícil camino de descubrir que, sin que lo supieran, la lengua por tradición los destaca siempre a ellos.

Sin hacer batalla de cuestiones como la del plural inclusivo, que oculta la presencia femenina, conviene tener en cuenta a la hora de escribir que hay ocasiones en las que se puede recurrir a la duplicación, no a la que nos hace sonreír en tiempos de ganar votos, cuando los femeninos inundan en paralelo los discursos políticos, sino a la más natural de Sebastián de Covarrubias, cuando, en su Tesoro de la lengua castellana o española, de 1616, para definir convento, escribía “En nuestra lengua castellana, vale la casa de religiosos o religiosas…”.

Los libros de estilo periodísticos han hecho una labor importante en el sentido de regular la forma de dar noticias sobre la mujer, pero todavía asistimos a desviaciones guiadas por la mejor voluntad, y ahí es donde habría que insistir. Pongamos el caso reciente del presidente italiano Silvio Berlusconi, que, en la tarde del 29 de septiembre, apareció en los medios congratulándose por la liberación de “le due ragazze”, Simona Torretta y Simona Pari, y su mensaje se repitió con la alegría de las buenas noticias, al tiempo que se referían a ellas también como “las dos Simonas”. Estas expresiones, que reflejaban una actitud paternalista que muchos periódicos corrigieron al día siguiente al hablar de las dos cooperantes italianas, resultan difíciles de imaginar si los liberados hubieran sido dos hombres jóvenes, a los que muy improbablemente hubieran llamado “los chicos” o “los dos Simones”. Es evidente que no hay segunda intención en ese discurso, como tampoco la habría en los locutores que retransmitían este verano las pruebas de los Juegos Olímpicos y que inspiraron a Forges, tan fino en lo lingüístico, la viñeta del 22 de agosto, titulada Agudeza escuchal, donde proponía “Averiguar en menos de 5 segundos si este “Comentarista olímpico” se va a referir a un equipo femenino como “las chicas”, “las niñas”, “las crías”, “las nenas”, “las muñecas”, etc.”.

Por otra parte, todavía la lengua vacila ante situaciones nuevas y a los hablantes les cuesta acostumbrarse a femeninos tan fáciles como médica; por eso en los pueblos españoles es tan frecuente encontrar doctora como femenino de médico. Es curioso que, en cambio, jueza, concejala, presidenta, que no hubieran sido necesarios desde el punto de vista gramatical, se hayan adoptado con rapidez y naturalidad, mostrando la fuerza de la analogía. ¿Por qué no médica? Pensar que es un femenino “ocupado” por la antigua costumbre de llamar así a la mujer del médico no parece suficiente, porque habría ocurrido lo mismo en los otros ejemplos. El rechazo de algunos nombres de oficio o de profesión muchas veces viene, para algunos femeninos que se podrían formar sin problema, de las propias mujeres, que prefieren en algunos casos tener un título en masculino, quizá como prueba de lo mucho que les ha costado alcanzarlo, y ponen en sus tarjetas ingeniero, arquitecto, cirujano o investigador científico. Es un resto de lo que Valentín García Yebra ha llamado machismo femenino. Con el paso del tiempo y la costumbre de que las mujeres desempeñen estas profesiones, los femeninos se impondrán. Entretanto, la lengua permite ciertas holguras que poco a poco se irán normalizando.

En este aspecto resulta importante la labor de la comisión NOMBRA (siglas de no omitas mujeres, busca representaciones adecuadas), que ha conseguido revisar, para el Diccionario académico, un modo de definir que parte de una inevitable óptica masculina que se ha ido superponiendo desde finales del siglo XVIII. La voluntad de intentarlo se expresa en el prólogo a la última edición del Diccionario, que ya ha hecho un esfuerzo en este sentido.

Y, mientras la sociedad cambia, porque cambia la realidad, no estará de más que sigan pendientes de esos cambios todas las personas sensibilizadas por mejorar la lengua.